“Mi propio país está dejando a mis hijos sin padre”: el reclamo de una mujer que pide que dejen reingresar a su marido

“El propio Estado argentino, a través de sus organismos, ha puesto en riesgo la vida misma del padre de mis hijos argentinos sin reparo alguno… Mi propio país está dejando a mis hijos sin padre”. Con esta contundencia, y con otras frases de alto impacto, se presentó Cintia Enciso ante los tribunales de Lomas de Zamora para interponer un amparo y conseguir la “reunificación” de su familia. Esa acción fue dirigida contra la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Vicejafatura de Gabinete del Interior y Migraciones, encargado este último organismo de expulsar al marido de Enciso a su tierra de origen, Uruguay, por cometer un delito penado con más de cinco años de prisión. El expediente, aun sin resolución definitiva, tiene como partes incorporadas a dos menores de edad, uno de ellos diagnosticado con retraso mental.

Elbio Ceferino Bacigalupe, de 57 años, llegó desde la ciudad de Carmelo en 1992. Ya con su residencia permanente, se instaló en el partido de Almirante Brown y se dedicó a trabajar como fletero. En abril de 2015, el Tribunal en lo Criminal N°1 de Lomas de Zamora lo sentenció a cinco años y cuatro meses de cárcel por cometer un delito de homicidio simple en grado de tentativa. La pena la cumplió en la Unidad 37 del Servicio Penitenciario bonaerense, ubicada en la localidad de Barker.

A raíz de esa sentencia, la Dirección Nacional de Migraciones resolvió en febrero de 2017 cancelar la residencia de Bacigalupe, expulsarlo del territorio nacional y prohibirle su reingreso una vez que se cumpliera la totalidad de la pena. Para eso, se apoyó en el artículo 62 inciso b) de la ley migratoria N°25.871, que establece ese curso de acción para el caso en que un ciudadano extranjero “hubiese sido condenado judicialmente en la República por delito doloso que merezca pena privativa de libertad mayor de cinco años o registrase una conducta reiterante en la comisión de delitos”.

Esa medida, firmada por el entonces director nacional Horacio García, le fue informada a Bacigalupe el 3 de julio de 2017. En las actuaciones a las que tuvo acceso Infobae constan su firma y su huella en la notificación de la disposición. El hombre terminó de purgar su condena el 1 de marzo de 2019, y el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 porteño firmó, en diciembre de 2023, su “retención” y posterior “expulsión” del país.

Así las cosas, al recuperar su libertad el ciudadano uruguayo volvió a sus quehaceres habituales. Retomó su trabajo y se asentó con su familia en la localidad de Longchamps. De acuerdo al escrito que luego presentaría su esposa ante la justicia, Bacigalupe, sin saber nada acerca de la resolución que pesaba sobre él, se dirigió a la Dirección de Migraciones de Burzaco con el fin de renovar su DNI, que “ya se encontraba deteriorado por su uso”.

En ese momento, el lunes 7 de octubre pasado, “sin más trámite lo retienen y se lo llevan a la Alcaidía de Palermo”, relató su pareja en el escrito de amparo, donde agregó: “Lo retuvieron en su afán de hacer las cosas bien y así como si nada a los tres días, sin avisarnos, por la madrugada del jueves 10 de octubre se lo llevaron de Palermo al aeropuerto, lo subieron a un avión a primera hora y lo abandonaron a su suerte a media mañana en Montevideo”. Luego exclamó: “El propio Estado argentino a través de sus organismos, ha puesto en riesgo la vida misma del padre de mis hijos argentinos sin reparo alguno… Mi propio país está dejando a mis hijos sin padre”.

La demanda contra el Estado Nacional en general, y la Jefatura de Gabinete, Vicejefatura del Interior y Migraciones en particular, fue firmada el 18 de octubre por la abogada Johanna Martino, en nombre de Cintia Enciso, quien se presentó en representación de sus hijos M. y J. invocando la vulneración de derechos fundamentales “como el interés superior del niño, derecho a la familia, derecho a la identidad, derecho alimentario, derecho de las personas con discapacidad”.

En la acción judicial, la patrocinante reclamó que se ordene “la dispensa de expulsión y no retorno por arraigo y reunificación familiar”. También exigió “restituir de forma inmediata al señor Elbio Ceferino Bacigalupe al territorio nacional y a nuestros hijos menores de edad con centro de vida (...) en la localidad de Longchamps (...), a su exclusivo costo”.

Según expuso la esposa del ciudadano uruguayo, Bacigalupe “es el único sostén económico de su familia”, ya que él se dedica a realizar ”trabajos de fletero y junto a esos magros ingresos, también percibimos la pensión por discapacidad de J. y la asignación universal por hijo de M., que todos sabemos que no son suficientes, pero ayudan”.

“Quien suscribe es ama de casa dedicada a la tarea exclusiva de los cuidados de nuestros hijos y en especial de J., que por su discapacidad requiere de mi completa dedicación y tiempo, por lo que no puedo trabajar. Acredito sus patologías de trastornos del habla y del lenguaje, epilepsia, retraso mental, deterioro del comportamiento, ataxia, parálisis cerebral atáxica por trastornos relacionados con duración corta de gestación y bajo peso (nació cincomesino) con el -Certificado Único de Discapacidad- que acompaño y el certificado suscripto por la médica (...) donde consta su alto grado de vulnerabilidad social”, expresó la mujer.

A su vez añadió: “Vale destacar que como parte de la familia, también era integrante B.M. Enciso, hija mía de una pareja anterior. La mencionada falleció en julio de 2021 dejando la familia totalmente devastada, especialmente a sus hermanitos menores. Es dable destacar que junto a esa partida tan sentida y ahora la falta de su padre, J. se encuentra afectado a tal punto, que hasta ha tenido episodios de convulsiones que ponen en grave riesgo su vida. Y M. se ha cerrado a todo tipo de comunicación y expresión de sus emociones, ha adquirido una postura muy rebelde que complica aún más la poca estabilidad emocional de su hermanito y de quien suscribe”.

Y aseveró: “Debo resaltar la gravedad del daño que provoca sin duda alguna a mis hijos y a la unidad familiar, la expulsión abrupta de mi esposo, que lo ha dejado a él personalmente y nosotros, en un estado de vulneración e indefensión absoluta en todos nuestros derechos. Derechos que se continuarán vulnerando y violentando hasta que no lo restituyan al terreno nacional, a los brazos de sus hijos”.

Para la denunciante, Bacigalupe fue “abandonado a la buena de Dios” en el aeropuerto de la capital uruguaya en condiciones precarias, incomunicado y sin los recursos básicos para subsistir. Dijo que estuvieron más de 50 horas sin saber nada de él, por lo que su familia biológica “se vio obligada a radicar la denuncia por desaparición de persona”. Apuntó que, luego de dos días, su marido “llegó a pie hasta la casa de su madre en Carmelo (...). Mientras tanto acá en Argentina, mis hijos y la que suscribe, desesperados sin saber qué hacer y sin que nadie nos diera una respuesta. Lo abandonaron a él y a nosotros”.

La mujer también consideró que la cancelación de la residencia de su marido “aparentemente le fue notificada” mientras estaba en prisión. En ese orden, denunció que “nadie le explicó a mi esposo lo que estaba firmando... Mi esposo no entendió ni le fue explicado, por el personal que lo notificó ni por su abogado defensor, los alcances de lo que estaba informando ni lo que podía hacer si no estaba de acuerdo”.

Con todo, Cintia Valeria Enciso solicitó que se garantice la reunificación familiar de su esposo con sus hijos. Ese pedido se basó en el artículo 10 de la Ley 25.871, que establece que “el Estado garantizará el derecho de reunificación familiar de los inmigrantes con sus padres, cónyuges, hijos solteros menores o hijos mayores con capacidades diferentes”.

“Téngase especial consideración -aclaró en el escrito- que desde que mi esposo cumpliera su condena, jamás ha estado involucrado en otro delito o situación que ponga en duda su conducta intachable como ciudadano funcional y reinsertado de forma correcta y útil a nuestra sociedad. Se dedicó a reconstruir nuestras vidas trabajando de fletero, educando y criando a nuestros hijos”.

Y subrayó: “Sería un sin sentido que ante toda la situación que estamos viviendo con nuestros hijos, alguien venga a proponer como solución que nos radiquemos en Uruguay si es que mis hijos pretenden tener a su padre en su vida familiar y cotidiana. De recibir esto como respuesta, se verían aún más vulnerados los derechos de mis hijos, siendo que deberían de cambiar su centro de vida, colegio, médicos especialistas y tratantes, círculo de amigos y personas que frecuentan, desvinculación del resto de su familia en nuestro país con quienes tienen vínculos forjados desde su nacimiento”.

Tras el amparo con medida cautelar incluida, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°3 de Lomas de Zamora remitió las actuaciones por cuestiones de “conexidad” al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 porteño, que había dictado la expulsión de Bacigalupe a fines de 2023. Desde esa sede rechazaron la competencia para intervenir, por lo que se elevó el expediente a la Sala II de la Cámara Federal de La Plata.

Previo a la resolución de la alzada, y entre envíos y remisiones del expediente, la abogada Martino presentó un “Pronto Despacho” para acelerar el trámite y acceder a la medida cautelar solicitada “con urgencia”. En ese documento, esbozó que “J. (el menor discapacitado) continúa con convulsiones cada vez más violentas por la ausencia de su padre”.

En ese marco, los jueces de Cámara Jorge Di Lorenzo y César Álvarez dirimieron este jueves el conflicto de competencia en un fallo al que accedió este medio. Allí, el tribunal declaró que el juzgado porteño era el órgano competente para abocarse al análisis del amparo de Enciso, en línea con la postura del fiscal general de Cámara.