La Justicia procesó y dejó presos a los acusados de amenazar a Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro

La jueza federal María Servini procesó este miércoles con prisión preventiva a los tres acusados de haber sido protagonistas del video en donde se amenazaba a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y al gobernador de Santa Fe Máximo Pullaro. Según el fallo al que accedió Infabae, los detenidos quedaron formalmente acusados de intimidaciones y amenazas agravadas porque tuvieron como fin “aterrorizar a la población”.

Servini afirmó que “teniendo en consideración la forma en que fueron realizadas las manifestaciones, las cuales si bien hacen referencia a Bullrich, Pullaro y a otras autoridades, con expresiones calumniantes o injuriantes, y aún con reclamos sobre la realización de trabajo de escuela para los chicos, sobre que dejen de hacer política con los presos o que dejen de embarrar la cancha, lo que en definitiva circunscribe los hechos en el ilícito penal antes analizado resulta ser lo expuesto sobre el final, esto es, que están instalados en Buenos Aires y que van a empezar a dejar muertos por toda la capital de Buenos Aires y Santa Fe, y que van por todo y que esto nunca va a terminar, lo cual lleva a que exista una generalidad indeterminada de personas a intimidar”.

El 1 de diciembre, se difundió un video en redes sociales en donde aparecían cuatro personas con armas cortas y largas y una voz masculina decía: “ESTE VIDEO VA PARA VOSPULLARO Y BULLRICH PRIMERO QUE NADA COMENTARLE A LA GENTE QUE ARREGLO HICISTE PARA QUE SE CALME ROSARIO Y DARLE MAS, MAS PODER A TU BANDA. HICISTE MATAR A GENTE INOCENTE, ARMARON TODO PARA TAPAR A TU BANDA GOBERNADOR MAFIOSO DE SANTA FE HAGA ALGO PARA LOS CHICOS, QUE NO SE HAGA EL DELICUENTE, HAGAN TRABAJO DE ESCUELA, DEJEN DE HACER POLÍTICA CON LOS PRESOS. A VOS SEÑORA BULLRICH VIEJA ‘MAFIOSA DEJA DE EMBARRAR LA CANCHA Y DE ECHAR LEÑA AL FUEGO, PORQUE ESTAMOS INSTALADOS ACÁ EN BUENOS AIRES, VAMOS A EMPEZAR A DEJAR MUERTOS ACA, USTEDES LOS FISCALES DE ROSARIO SON LA VERDADERA MAFIA, TODO COMPRADO ESTÁN, VAMOS A EMPEZAR A DEJAR MUERTOS POR TODA LA CAPITAL DE BUENOS AIRES Y SANTA FE, VAMOS POR TODO, ESTO NUNCA VA A TERMINAR”.

De inmediato, el propio Gobierno salió a difundirlo para rechazar las amenazas “narcoterroristas”. Rápidamente, los investigadores de la División Unidad Antiterrorista de la PFA comenzaron a analizar las voces y vestimenta de los cuatro hombres para dar con ellos, mientras el Gobierno de la Nación ofrecía una recompensa de $10.000.000 para quien brindara información sobre los autores del hecho. Pero en mientras tanto, la Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Dra. María Cecilia Vranicich, se comunicó con el fiscal Carlos Stornelli: una persona podía dar información de interés para identificar a los autores.

Se llevaron adelante las primeras diligencias y se ordenaron las primeras medidas. De inmediato hubo allanamientos y detenciones. Incluso en la casa en donde habría sido filmado el video. Los acusados son Matías Leonel Romero, de 26 años, de profesión albañil; Diego Lucas Quiroz, de 27 años empleado; y su hermano David Agustín Quiroz, de 39 años, maquinista municipal, todos de la zona de Puerto General San Martín, en Santa Fe. Hay un cuarto sospechoso que se está buscando.

Se secuestraron dos artefactos explosivos tipo munición de mortero; un revolver calibre 22 largo marca Doberman serie número 01528X con nueve municiones en el tambor del mismo calibre; un revolver calibre 32 marca Colt con numeración 7002; una caja negra conteniendo en su interior veintiún municiones calibre 22, nueve municiones calibre 32, y una munición de FAL calibre 7,62, un cargador de FAL con tres municiones 7,62 adosados a éste; un mameluco de color blanco; otro mameluco de color blanco. También celulares, dispositivos y memorias.

Según el fallo, al que accedió Infobae, la jueza les imputó haber participado en la producción de una videograbación en la que se profirieran amenazas e intimidaciones públicas con la finalidad de aterrorizar a la población y/u obligar a autoridades públicas nacionales y provinciales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo en las siguientes calificaciones legales: intimidación Pública (artículo 211 del Código Penal), Amenazas (artículos 149 bis y ter del Código Penal), pudiendo también resultar aplicable el artículo 41 quinquies del Código Penal; más allá de toda otra que luego pudiere incluirse.

En las indagatorias, los tres detenidos negaron su vinculación con el hecho. “Pido mi libertad porque te juro que yo no soy, soy inocente”, dijo uno de ellos. “No tengo nada que ver en la causa que se me imputa, soy inocente. Quiero mi libertad”, añadió otro.

“Llegado el momento de expedirme sobre el caso traído a estudio, entiendo que se cuentan con elementos de convicción suficientes para acreditar prima facie la materialidad del suceso que nos ocupa, y la responsabilidad criminal de los imputados, con el alcance que para esta etapa del proceso establece el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación. En efecto, se ha podido establecer, por un lado, inicialmente, por medio de las actuaciones complementarias con declaraciones que dieron sustento a las órdenes de allanamiento, que los imputados habrían participado de la producción del video, y por otro, que, en el marco de los allanamientos, se secuestraron diversos elementos de interés, entre estos, dos mamelucos blancos, armas, entre las cuales se hallaron cargadores de FAL (ver sobre el punto el informe 548/24 de la División Balística de la PFA), y otros elementos, todos los cuales, serán peritados. Y además, se detuvo a los tres imputados en el mismo domicilio”, afirmó la resolución de la jueza Servini.

El fallo sostuvo que, a la espera de las pericias de voz, se han corroborado los dichos del testigo clave y las pruebas que se encontraron los incriminan. “Las pruebas recolectadas durante la instrucción hasta este momento permiten establecer, con el grado de probabilidad que en esta etapa procesal se requiere, la participación de David Rubén Agustín Quiroz, Diego Lucas Quiroz y Matías Leonel Romero en los hechos estudiados”, se afirmó.

El encuadre penal se basó en el primer párrafo del artículo 211 del Código Penal, el cual establece: “Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos...”, agravado por lo normado en el artículo 41 quinquies del Código Penal, el cual indica: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código, en leyes especiales o en las leyes que incorporen al derecho interno tipos penales previstos en convenciones internacionales vigentes ratificadas en la República Argentina, hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”.

Con el procesamiento y la prisión preventiva, la jueza ordenó además un embargo de diez millones de pesos a cada uno de los implicados.