La Cámara Federal de Casación Penal, presidida por el camarista Mariano Borinsky, llevó adelante este lunes una visita institucional al ex centro clandestino de detención conocido como “Olimpo”, operativo durante la última dictadura militar. La actividad, con gran asistencia de funcionarios de diferentes entidades, fue organizada por la Comisión de Crímenes contra la Humanidad del máximo tribunal penal del país, coordinada por el juez Alejandro Slokar.
En efecto, la visita al predio, actualmente constituido como un espacio de memoria y reflexión, contó con la participación de jueces, fiscales y empleados judiciales. Por el lado de la judicatura, estuvieron presentes los magistrados Adriana Palliotti, Adrián Grünberg, Néstor Costabel, Daniel Rafecas, Daniel Morin y Ernesto Kreplak, mientras que Javier De Luca y Alejandro Alagia asistieron en representación del Ministerio Público Fiscal. También concurrieron otros representantes de distintos tribunales orales federales y juzgados federales.
Asimismo, participó de la jornada Erán Nagan, Embajador Adjunto de la Unión Europea.
Luego del recorrido por el centro clandestino, ubicado en el barrio de Floresta de la Ciudad de Buenos Aires, entre las calles Olivera, Ramón Falcón, Lacarra, Fernández y Rafaela, el presidente de la Casación Federal destacó el valor “histórico y judicial” del lugar, y subrayó a su vez el compromiso del poder judicial en el desarrollo de los juicios en los que se investigan delitos contra la humanidad.
En esa línea, el camarista trajo a colación las pautas que envió el máximo tribunal penal a los distintos tribunales orales en lo criminal federal del país respecto al cumplimiento de las reglas prácticas para garantizar la preservación de todo el material probatorio producido en dichos procesos de lesa humanidad. Esas directrices, surgidas de las Acordadas N°1/12 de Casación, se configuraron con el propósito de asegurar “la prestación de un mejor y más adecuado servicio de justicia”.
En efecto, las reglas prácticas, vigentes desde agosto de este año, se concretaron como consecuencia de un oficio dirigido al juez Borinsky y enviado por su colega Slokar, coordinador de la Comisión de Crímenes contra la Humanidad, donde consignaba una reunión que mantuvo con víctimas y representantes de organismos de Derechos Humanos, quienes le habían manifestado su inquietud respecto a la preservación de materiales y sitios vinculados con delitos imprescriptibles cometidos entre 1976 y 1983.
En uno de los párrafos de la Res. CFCP N°61/14, el juez Slokar manifestó: “Se impone resaltar que el resguardo de todo el material probatorio que pueda resultar de valor histórico y judicial en la persecución y sanción de graves violaciones a los derechos humanos y de los Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura, violaciones y exterminio, emana de la ineludible obligación internacional asumida por el Estado argentino de esclarecer la verdad de lo ocurrido e informar a las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto (...)”.
El Olimpo operó entre el 16 de agosto de 1978 y fines de enero de 1979 en el interior de un edificio construido a principios del siglo XX como terminal de tranvías. Años después de su edificación, el lugar se transformó en una estación de colectivos y, ya iniciado el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), resultó expropiado por las Fuerzas Armadas, que se lo transfirieron a la División de Automotores de la Policía Federal.
Desde entonces, se conformó un centro de reclusión ilegal compuesto por varias áreas específicas: galpones vacíos, utilizados como estacionamiento cerrado para el traslado y descenso de las personas secuestradas; un sector administrativo que incluía un comedor, una enfermería, una cocina, oficinas y una base de inteligencia; salas de tortura y aislamiento conocidas como “quirófanos” y tres celdas individuales; además de un sector general de celdas, al cual se accedía únicamente desde un pasillo administrativo o a través de una puerta interna del galpón, vigilada permanentemente por un guardia.
Según las corroboraciones judiciales a lo largo de los diferentes procesos penales por crímenes de lesa humanidad, El Olimpo formó parte de un circuito represivo conocido como “ABO” (Atlético-Banco-Olimpo), dependiente en parte por el Primer Cuerpo del Ejército, encabezado por el comandante Guillermo Suárez Mason.