Condenan a siete integrantes de una red narco que intentó traficar 165 kilos de cocaína a Europa

En el marco de una causa que incluyó agentes encubiertos, escuchas telefónicas, entregas vigiladas y hasta la fuga de un imputado bosnio, el Tribunal Oral Federal de San Martín N°4 condenó con penas de hasta 10 años y medio de presión a una banda narco dedicada al comercio internacional de estupefacientes. Sus integrantes fueron descubiertos mientras intentaban exportar 165 kilos de cocaína ocultos dentro de un container cargado en un buque con destino a la ciudad de Ambares, en Bélgica.

Siete condenados y un prófugo: ese es el saldo de una investigación iniciada el 1 de junio de 2021 a raíz de una denuncia de un informante presentada a la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía del Paraná de la Policía Federal. Esta alertaba sobre la existencia de una organización dedicada al contrabando de sustancias ilegales a escala mundial, que se valía de los puertos bonaerenses de Zárate y Campana para sus maniobras.

Allí se iniciaron distintas tareas de inteligencia que llevaron a las autoridades a implementar la figura de agentes encubiertos para que actuaran como funcionarios aduaneros “infieles” y pudieran entablar contacto con los miembros de la banda para convencerlos de operar con ellos a cambio de un pago. AE21/21, alias “Charly”, y AE23/21, alias “Luis”, fueron los designados. A lo largo de meses, mantuvieron reuniones y diálogos con los principales integrantes de la organización, que planeaba llevar adelante un envío ilícito desde la Terminal TZ de Zárate a través del buque “Grande Francia”, una embarcación de la naviera Grimaldi de 214 metros de eslora y de bandera italiana.

El líder del plan resultó ser un narcotraficante nacido en Bosnia de nombre Bozidar Ratkovic (56), alias “Bozo”, vinculado al Cártel de los Balcanes, una suerte de conglomerado narco con raíces en Europa del Este y con presencia en Sudamerica. Bozo estuvo preso en un penal del Servicio Penitenciario Federal durante cuatro años luego de ser extraditado desde Brasil, donde había sido detenido en 2012 por actos de contrabando. Para esta operación en Zárate, en la que volvería a quedar detenido, hizo traer la carga de cocaína de máxima pureza desde Bolivia.

Entre encuentros en el shopping del Tortugas Mall y una serie de llamados con lenguaje en código, la banda se convenció de exportar con la colaboración de los supuestos funcionarios de Aduana. Así, acordaron ingresar con su aval al puerto el 30 de marzo de 2022 para cargar cinco bolsos que contenían 149 bultos con 165,610 kilos de clorhidrato de cocaína. Dicha mercadería se almacenó en un contenedor de cereales para que pasara desapercibida. Para marcarla, utilizaron fotos del gánster norteamericano Al Capone.

Como contraprestación de los “servicios brindados”, cuatro días después la organización le pagó a uno de los agentes encubiertos con 150 mil dólares en quince fajos de diez mil dólares cada uno.

El despliegue operativo del personal infiltrado iba a continuar un tiempo más. La intención era no entorpecer la posibilidad de seguir recabando más información en la pesquisa, que incluso contaba con documentación de la agencia norteamericana DEA. Sin embargo, de pronto se volvió evidente que el líder bosnio, tras la partida del barco hacia Europa, estaba planeando su fuga a Bolivia con su chófer y custodio personal, al igual que el resto de las personas investigadas. De ese modo, el juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, ordenó diez allanamientos que derivaron en la detención de todos los imputados el 6 de abril de 2022.

El viaje del “Grande Francia” fue monitoreado por medio de una vigilancia controlada entre las justicias argentina y española, en tanto el primer puerto donde recalaría el buque iba a ser el de la isla de Tenerife. La droga quedó incautada ni bien llegó a tierra.

Así las cosas, el juez de Cámara Esteban Rodríguez Eggers, integrante unipersonal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de San Martín, estuvo a cargo de evaluar el acuerdo de juicio abreviado al que llegaron las partes del proceso. Su homologación, a la que accedió Infobae, fue emitida esta semana en una resolución de 126 páginas. Allí se consignó la situación procesal del narco bosnio, declarado en rebeldía y con una orden vigente de captura.

Y es que “Bozo” estuvo detenido desde abril de 2022 hasta el 23 de agosto del año pasado en el penal de Ezeiza. Ese día recibió el beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica tras sufrir un ACV que lo dejó imposibilitado de alimentarse por su cuenta. Quedó a cargo de su novia Estefanía González. Cuatro meses después, la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia del Ministerio de Justicia informó que el imputado se había ido del domicilio y había dejado una nota donde explicaba que huía “porque estaba cansado de permanecer encerrado”.

Con todo, el magistrado impuso penas de distintos montos por el delito de “contrabando agravado por tratarse de estupefacientes inequívocamente destinados a su comercialización y por haber intervenido en el hecho tres personas, en grado de tentativa”. Dragan Rangelov (47) -oriundo de Bulgaria-, César Maidana (59), Hernán Radinja (51) y Carlos Burgos (47) fueron considerados “coautores” del ilícito, en tanto que Mónica Gutiérrez Valencia (45) -proveniente de Colombia-, resultó condenada como “partícipe necesaria”. Gustavo Zotelo Cabrera (37), de Paraguay, operó como “partícipe secundario” en toda la maniobra, y Carlos Landini (60), por otra parte, fue declarado culpable por confabulación.

En ese contexto, Rangelov, Maidana, Burgos, Radinja y Gutiérrez Valencia obtuvieron seis años de cárcel. Estos últimos tres, además, fueron hallados culpables de tenencia de estupefacientes con fines de venta en el marco de los allanamientos, lo que derivó en una pena única de diez años y seis meses de prisión para Burgos debido a la unificación con una condena de 2018 por transporte de droga.

Landini obtuvo tres años y seis meses de cárcel, mientras que Zotelo Cabrera recibió una pena de tres años en suspenso por su participación como chófer del narco bosnio, con la obligación de cumplir reglas de conducta supervisadas por el Patronato de Liberados.