Cristina Kirchner mira a la Corte Suprema por definiciones en la causa dólar futuro

Comenzó la cuenta regresiva para una decisión en la causa conocida como “dólar futuro”. La ex presidenta Cristina Kirchner espera definiciones de la Corte Suprema de Justicia en el marco de esa investigación. Según se deprende de los movimientos que tuvo el expediente, a los que accedió Infobae, el máximo tribunal estaría en condiciones de resolver a la brevedad.

Se trata de la causa que se inició en 2015 y la primera que obligó a la ex jefa de Estado a enfrentar una indagatoria, junto al hoy gobernador Axel Kicillof. Cuando el caso ya había sido enviado a juicio, Casación decidió sobreseerla hace tres años en base a una pericia contable que aseguró que no había existido un perjuicio para la administración pública.

Durante la tarde de este martes, los teléfonos comenzaron a sonar entre los protagonistas de la causa “Dólar futuro”. Incluso un medio periodístico publicó que el máximo tribunal había confirmado los sobreseimientos de la ex jefa de Estado y el resto de los involucrados en la causa, algo que no había sucedido. En rigor, la Corte Suprema no se había reunido este martes en acuerdo: las reuniones semanales -durante este diciembre- en el máximo tribunal están previstas para los jueves.

No obstante, el propio expediente da cuenta de una inminente definición en la Corte Suprema sobre la causa. Hoy mismo ya pasó por las oficinas del sector “Coherencia”, en Jurisprudencia, y por “Confrontaciones y Copias” y fue devuelvo a la secretaría número 3 (en lo penal), el último paso antes de una sentencia del máximo tribunal, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

En medio de las especulaciones, hasta que no se firme no hay certezas sobre cómo saldrá el fallo. Mientras las defensas buscan que se ratifiquen los sobreseimientos y la causa quede formalmente cerrada, la Procuración General de la Nación sostiene, sin pronunciarse sobre el fondo, que el caso debe debatirse en juicio oral.

Esta causa se abrió con una denuncia de un grupo de diputados del PRO y de la UCR cuando se estaba definiendo quién gobernaría en la Casa Rosada. Allí se sostuvo que entre agosto y noviembre de 2015, el Banco Central vendió contratos a “dólar futuro” a $10,6 y $10,8 por unidad al sector privado para liquidar entre febrero y junio-julio de 2016. Para esa época, el dólar “blue” se cotizaba a 16 pesos. Y el precio de mercado de esos contratos (en Nueva York y otras plazas) era de entre $14 y $15.

A criterio del juez Claudio Bonadio, el Banco Central llegó a tener por esta operatoria contratos abiertos en el ROFEX y el MAE a diciembre de 2015 casi 17 mil millones de dólares. En mayo de 2016, Bonadio procesó a Cristina Kirchner, Axel Kicillof –en su rol de ministro de Economía– y a los entonces responsables del Banco Central. En ese fallo aseguró que la autoridad monetaria reportó quebrantos para su patrimonio por más de 77 mil millones de pesos: la cifra exacta es $77.325.739.338,60. La Cámara Federal confirmó el fallo y la causa se elevó a juicio en mayo de 2017.

Fue a raíz del pedido de la defensa de -Miguel Pesce, a cargo de Andrea Casaux, hecho en 2017 y al que adhirieron otros imputados, el Tribunal Oral Federal 1 ordenó un estudio contable. Los analistas del Cuerpo de Peritos de la Corte Carlos Alberto Campodónico, Alejandro del Acebo y Stella Maris Castaño –junto a los peritos de parte– finalmente se reunieron, analizaron la documentación y contestaron, en 82 páginas, las 81 preguntas que confeccionó el tribunal. Allí se sostuvo que “las operaciones de liquidación de dólar futuro están informadas en los balances del BCRA al 31/12/2015 y 31/12/2016 y en dichos años los balances arrojaron ganancias por $147.116.885.000 en 2015 y $67.448.520.000″. La información, adelantada por Infobae, se conoció el 8 de agosto de 2019. Cristina Kirchner ya se encaminaba para ser vicepresidenta de un gobierno de Alberto Fernández.

Frente a eso, las defensas de los ex responsables del BCRA pidieron el sobreseimiento al Tribunal Oral Federal 1. Los jueces Jose Michilini y Ricardo Basilico rechazaron el pedido. Dijeron que el fiscal mantenía la acusación en base a otras pruebas y que no todos los acusados lo habían solicitado. El juez Adrián Grumberg votó por cerrar el caso y se apartó porque no iba a cambiar su postura. Los defensores fueron a Casación. Y Cristina Kirchner, sentada en su despacho del Senado, con una audiencia transmitida en directo, acusó a los jueces de ser responsables de una devaluación “(Y ustedes, el Poder Judicial, son responsables de lo que pasó”, dijo entonces Cristina Kirchner)

El 13 de abril del 2021, los jueces de Casación Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa entendieron que debía cerrarse la investigación luego de la pericia que hicieron los analistas de la Corte Suprema diciendo que no había existido perjuicio para el Estado , según lo demostraron los balances del 2015 y 2016 del Banco Central. Y también aseguraron que las cuestiones de política económica no son judiciables. Así sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli Long Biocca, Pedro Biscay, Sebastián Andrés Aguilera, Bárbara Domatto Conti, Mariano Beltrani, Juan Miguel Cuattromo, Miguel Ángel Pesce, Guillermo Mario Paván, David René Jacoby, Cristian Alexis Girard, Germán David Feldman, Alejandro Formento y Flavia Matilde Marrodán.

La fiscalía de Raúl Pleé apeló ante la Corte Suprema. En un escrito de unas 40 páginas a las que accedió Infobae, Pleé afirmó que la sentencia de Casación ha producido “un gravamen al Ministerio Público” porque el sobreseimiento “cierra definitivamente la posibilidad de cuestionar lo resuelto mediante una sentencia arbitraria y se frustra la pretensión acusatoria”. Y en noviembre del 2022, el procurador interino Eduardo Casal reclamó que el cierre se dejara sin efecto y que el caso fuera enviado a juicio oral.

“Las audiencias de debate constituyen -y tanto más en casos como el presente - el ámbito propicio para, con la mayor celeridad posible -y sin afectación de la garantía del plazo razonable, meramente enunciada por el a quo- escuchar e interrogar personalmente a los testigos y a los peritos, analizar exhaustivamente las diversas pruebas en conjunto, de manera armónica, e inquirir -con el provecho que se obtiene de la inmediación y el contradictorio- sobre las diferencias que pudieran existir entre el informe en cuestión y los elementos que hasta ese momento dieron sustento al impulso de las actuaciones hacia esa etapa del procedimiento. Coincido en que tal grado de conocimiento, en las particulares circunstancias del caso, no po día ser alcanzado en la instancia en que las defensas formularon sus planteos. Los defectos que presenta la valoración probatoria que hizo el a quo, a mi modo de ver, así lo evidencian”, afirmó el dictamen de Casal.

Desde entonces se espera una resolución de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, en el máximo tribunal.