Cuadernos: los pagos del primo de Macri y otros empresarios serán juzgados como posibles sobornos

Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, deberá seguir explicando penalmente en la megacausa “Cuadernos” el dinero que le entregó al ex funcionario de Planificación Roberto Baratta y que quedó relatado en los anotadores de Oscar Centeno. Así lo decidió este viernes la Cámara Federal de Casación, en un fallo dividido, al anular su propio criterio tomado el 19 de junio pasado cuando se había decidido que las acusaciones contra el empresario de IECSA pasaran a ser analizadas en la justicia electoral al considerarlas aportes ilegales para la campaña del kirchnerismo, según revelaron a Infobae fuentes tribunalicias. Además, la Casación también rechazó el pedido de otros empresarios como Hugo Dragonetti, Jorge Balán y Armando Loson, que pretendían correr la misma suerte.

La decisión se tomó luego de la apelación que había sostenido la fiscalía, a cargo de Raúl Pleé junto a la fiscal de la causa Fabiana León; y los abogados de la Unidad de Información Financiera. Precisamente, el puntapié para poder revisar la cuestión fue que la UIF no había sido notificado de la decisión anterior. La defensa de Calcaterra reclamó el pase del caso al fuero electoral y sostuvo que, de todas maneras, el empresario estaría en el juicio oral, pero por el expediente de “la Camarita”.

En el fallo, al que accedió Infobae, los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña sostuvieron que, al ser oída, la querella introdujo “elementos novedosos no invocados oportunamente que remiten a cuestiones de hecho y prueba que hacen aparecer aquí la necesidad de que sean ventiladas en el debate”.

Todo se enmarca en la polémica generada en junio pasado cuando, inesperadamente, Ángelo Calcaterra se convirtió en el primer empresario arrepentido en la causa de los cuadernos en conseguir salir del futuro juicio oral por el pago de esas coimas por una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. La decisión alcanzó también a su principal colaborador, Javier Sánchez Caballero, que estuvo detenido en esta causa. Casación también instó al Tribunal Oral Federal 7 a acelerar el juicio oral en donde está acusada la ex presidenta Cristina Kirchner y hombres de su gobierno.

Los empresarios habían dicho en la causa penal, apenas estalló el escándalo, que la plata que le entregaron al ex colaborador de Julio De Vido, Roberto Baratta, era dinero que les pedían para la campaña, una exigencia que se les hacía para poder obtener los permisos y avanzar con obras públicas que tenían adjudicadas. En la justicia penal, los argumentos no tuvieron éxito para ser mandados a juicio. Pero tuvieron suerte en el fuero electoral con el fiscal Ramiro González y la jueza María Servini, quien reclamó que le enviaran el expediente. Casación decidió mandarlo al fuero electoral y otros tres empresarios querían seguir los pasos de Calcaterra.

Pero la decisión de Casación provocó un cimbronazo en ese momento. El Tribunal Oral Federal 7 disparó por elevación en duros términos contra su superior y el fiscal Pleé pidió anular la sentencia porque no se había notificado a la querella de la UIF. En el medio, la ex presidenta Cristina Kirchner también promovió recusaciones que fueron rechazadas. Así las cosas, se convocó los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques para escuchar los argumentos en contra de su fallo anterior.

Con el aval de la Fiscalía, lo que la UIF resaltó fueron las declaraciones como arrepentidos de Ernesto Clarens y las abundantes presentaciones en las que explicó el vínculo entre los pagos y beneficio que, según dijo, “permitirían descartar de plano, en esta instancia procesal, la viabilidad del planteo de incompetencia afincado en hipótesis de aportes irregulares de campaña esgrimida por la contraparte”. El escrito del abogado Mariano Ezeyza también destacó la confesión de Enrique Carlos Wagner. “De esta evidencia que nutre la investigación, se [advertiría] que la hipótesis de acusación en punto a que los pagos eran efectuados evidentemente para beneficiarse de las licitaciones de obra pública es más que razonable y consistente para que la plataforma fácticojurídica se ventile definitivamente en el debate”.

Petrone y Barroetaveña estuvieron de acuerdo. “Encontrándose elevadas a juicio estas actuaciones, aparece procedente la afirmación de los acusadores en cuanto a que el debate oral y público es el ámbito natural de discusión donde plantear las cuestiones de hecho y prueba antes mencionadas; pues allí encontrarán su adecuado marco de tratamiento durante su sustanciación, con las notas de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción que aquel posibilita. Es en razón de lo expuesto que las críticas de la defensa a la resolución materia de estudio -que fueron suficientemente expuestas y reiteradas en la audiencia ya referida- a nuestro modo de ver, y a la luz de lo señalado en los párrafos precedentes, no alcanzan para refutar las posturas ahora esgrimidas por los acusadores y a la luz de ello los vicios que invocan”, afirmaron.

En disidencia, el juez Carlos Mahiques hizo un repaso del trámite del caso e insistió en defender el pronunciamiento previo y rechazar la nulidad. Habló de “oportunismo procesal”.

Según subrayó, la fiscalía, que planteó el derecho de la UIF a ser consultada, no tuvo agravio. “La regla es que quien invoca la nulidad de un acto procesal determinado debe introducir y demostrar, de manera precisa y circunstanciada, cuál fue la garantía o el interés legítimo lesionado puesto en cabeza de esa parte, y el modo y oportunidad de su ocurrencia. Con ajuste a las indicadas balizas hermenéuticas, el esfuerzo retórico del representante del Ministerio Público Fiscal no alcanza para formar mi convicción en el sentido pretendido”, afirmó. “Paradojal es un planteo que, como el del impugnante, aboga en defensa de un interés ajeno -no del propio-, que no tiene otra particularidad que no sea la de llamar la atención sobre la ausencia de intervención de otra parte -la querella-, en el trámite de un recurso presentado por su contraparte -la defensa-, luego de que se dictara una resolución que le fue adversa a la segunda”, opinó.

También dijo que “la querella vino solo a expresar su disenso con cuestionamientos a la resolución de esta Cámara que en nada se vinculan con los supuestos argumentos de los que se habría visto impedida de introducir en la audiencia”. “No se advierte, entonces, cuál es la novedad del planteo ni menos aún el perjuicio concreto invocado. Porque las pruebas citadas y las actuaciones referidas formaron parte del análisis integral que orientó y generó el avance de ambas investigaciones conexas desde una etapa primigenia y durante el desarrollo de todo el proceso”, acotó.

Mahiques también fustigó a la Cámara Electoral, que concluyó que Calcaterra no hizo aportes de campaña para el kirchnerismo. “Resultan, por lo demás, cuanto menos controvertibles algunas afirmaciones expresadas por ese colegiado sobre una cuestión que, en el referido contexto incidental, aparecen exorbitando notoriamente su limitada competencia revisora, sin que tampoco quien aporta ese material logre establecer el vínculo entre el expediente de los jueces electorales y la incumbencia funcional de esta Cámara que, como dije, se circunscribe únicamente a la resolución de la nulidad requerida”, añadió.

En una serie de resoluciones paralelas, Casación también rechazó los planteos de otros empresarios que, en el mismo sentido, buscaban el pase al fuero electoral.