Condenaron a un ex intendente de Río Negro a indemnizar con $131 millones a una víctima de tránsito

Se trata del dos veces jefe comunal de General Fernández Oro, Juan Reggioni, quien deberá compensar al damnificado por embestirlo con su camioneta y dejarlo con un alto grado de incapacidad permanente

El exintendente de Fernández Oro, Juan Reggioni (Gentileza: ADN Río Negro)

En la provincia de Río Negro, un juez del fuero civil condenó al exintendente de la Municipalidad de General Fernández Oro, Juan Reggioni, a indemnizar por daños y perjuicios con cerca de 131 millones de pesos a un motociclista que sufrió graves lesiones en un accidente vial ocurrido en octubre de 2019. El siniestro en cuestión, ocurrido al este del Alto Valle rionegrino, dejó a la víctima con una incapacidad permanente del 46.4%, según consignaron los informes médicos.

La sentencia, dictada por el titular de la Unidad Jurisdiccional Civil 1 -ex Juzgado Civil Comercial y Minería 1 de Cipolletti-, en manos del magistrado Diego Ariel De Vergilio, estipuló que una maniobra imprudente de Reggioni configuró la causa del choque en la intersección de la ruta provincial 65 y la calle Irigoyen. Allí se estableció que el demandado incumplió una norma de tránsito al no respetar la prioridad de paso y, con su camioneta Volskwagen Amarok, embistió con fuerza al conductor de una moto.

En tanto, la aseguradora Integrity Seguros Argentina S.A., citada en calidad de garante al proceso, deberá cubrir hasta seis millones de pesos conforme al límite de la póliza vigente en el momento del hecho. El resto de la suma deberá ser abonado directamente por el condenado.

Según publicó este viernes el diario Río Negro, el desembolso que deberá realizar el exfuncionario incluye compensaciones por daño físico, daño moral, gastos médicos y tratamiento psicológico para el damnificado, quien tras el impacto resultó afectado, según pericias especializadas, con una incapacidad permanente del 46.4%. Además, el magistrado fijó un cálculo de intereses desde la fecha del accidente hasta que se efectúe el pago integral.

En el ámbito penal, Reggioni, dos veces jefe de la comuna ubicada al oeste del Departamento General Roca, ya había llegado a un acuerdo con la víctima mediante el pago de 100.000 pesos. A través de ese trato, homologado posteriormente en los tribunales, el exmandatario logró el sobreseimiento respecto al delito de lesiones culposas, sin embargo, no quedó exento de responder bajo los parámetros de la responsabilidad civil.

El fallo condenatorio contra el exjefe comunal estuvo a cargo del juez civil Diego De Vergilio (Foto ilustrativa)

No es la primera vez que Juan Oscar Reggioni enfrenta problemas con la justicia. En 2019, un tribunal de la jurisdicción de Cipolletti lo encontró penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, junto a otros funcionarios municipales. Este expediente ventiló la escrituración irregular de un loteo social durante su gestión al frente de la intendencia.

Allí Reggioni recibió una sentencia de un año y seis meses de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ocupar y desempeñar cargos públicos. Si bien apeló el fallo en distintas oportunidades, resultó confirmado en todas las instancias de la provincia. Ante esa situación, su defensa presentó un recurso extraordinario para tratar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el caso, que fue rechazado en mayo de este año.

El exmandatario intentó volver a postularse en 2023 como candidato a jefe comunal de Fernández Oro, pero su candidatura fue rechazada por una resolución del Juzgado Electoral fundada en la ordenanza de “ficha limpia”, que impide a los ciudadanos con condenas penales acceder a cargos públicos. Esta decisión, también judicializada, quedó ratificada por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

Por otra parte, Reggioni se encuentra investigado en una causa conocida como “Techo Digno”, donde se analizan supuestas irregularidades en el manejo de fondos destinados a la construcción de una serie de viviendas sociales. Para la fiscalía de instrucción, en el marco de ese programa de ayuda estatal se produjeron desvíos de caudales a otros fines, además del incumplimiento de las correspondientes certificaciones de obra. Los abogados del ex jefe comunal, en tanto, pidieron su sobreseimiento por considerar que no hubo delito.