La Fiscalía apelará ante la Corte Suprema para que Cristina Kirchner sea condenada por asociación ilícita

El fiscal general Mario Villar apelará la decisión que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión: buscará que sea condenada por asociación ilícita y que se revoquen las absoluciones, según anticiparon a Infobae fuentes judiciales. La exvicepresidenta también reclamará su absolución. La decisión quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Según pudo saber Infobae, el Ministerio Público ya tiene decidido presentar el recurso extraordinario ante Casación para pedir agravar la condena de la exvicepresidenta. Tienen 20 días hábiles para hacerlo. Allí reclamarán que se le imponga la condena de 12 años de prisión por asociación ilícita y cuestionarán las absoluciones de funcionarios como el ex ministro de Planificación Julio De Vido o el ex subsecretario de Obra Pública Abel Fatala. Si Casación decidiera rechazar el extraordinaria, irán en queja directa a la Corte.

Es el mismo camino que harán las defensas para reclamar sus absoluciones. El abogado Carlos Beraldi, defensor de CFK, se encontraba este mismo miércoles analizando las más de 1500 páginas firmadas por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña para cuestionar sus conclusiones. Se reeditará así la discusión que ya se dio ante el Tribunal Oral Federal 2 y en la Cámara Federal de Casación Penal.

El 6 de diciembre del 2022, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado en la causa Vialidad y fue absuelta por mayoría por el delito de asociación ilícita. Se trata de la primera vicepresidenta en ser condenada por corrupción mientras ejercía su cargo. Aunque la sentencia implica la inhabilitación para ejercer cargos públicos y una pena de prisión, el fallo no está firme.

La sentencia fue dictada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, desde el Tribunal Oral Federal 2. Los tres estuvieron de acuerdo en condenarla por administración fraudulenta. En cambio, por dos votos a uno quedó absuelta por asociación ilícita. Solo Basso votó por condenarla por ese delito. Los otros jueces dijeron que no hubo la pluralidad de delitos que reclama esa figura penal. Hoy esa mirada se reeditó en Casación: los jueces Borinsky y Barroetaveña rechazó considerar que actuó una banda porque se trató de un delito continuado, con varios hechos. Hornos, en cambio, confirmó que se trató de una asociación ilícita. Al igual que había hecho el TOF, Casación instó al decomiso de 84 mil millones de pesos: puntualmente, $84.835.227.378,04 por el perjuicio ocasionado.

El juicio oral y la Casación establecieron que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner el empresario Lázaro Báez recibió de manera irregular obras públicas viales para la provincia de Santa Cruz. Una prueba clave fue la que el fiscal Luciani llamó en el juicio oral el plan “limpiar todo”. Se trató de los mensajes de WhatsApp que se encontraron en el celular de López cuando fue detenido en junio de 2016 en el convento de General Rodríguez con bolsos con nueve millones de dólares. Esos mensajes dan cuenta de reuniones de López con Cristina Kirchner, con Báez, comunicaciones con Julio Mendoza -presidente de Austral Construcciones- y de encuentros del empresario con la entonces presidenta en noviembre de 2015, a pocos días de que Mauricio Macri asumiera la presidencia de la Nación. Allí se hace referencia a que Báez tenía que cobrar todo lo que sé le adeudaba antes que Cristina Kirchner deje el gobierno para después cerrar las empresas.

“La comprobación de un interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado materialmente en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas fue dirimente”, dijeron los magistrados del tribunal en su condena.

La fiscalía sostiene -y así lo dirá en el recurso que presente para llegar a la Corte Suprema- que “Fernández fue la jefa de la organización imputada” y que “al constituirse la asociación ilícita resulta claro que tenía planes de múltiples delitos, todos lo que fueran necesarios para tergiversar el sistema de asignación legítimo de la obra pública, pudiéndose hacer de esos fondos, en todas las ocasiones que pudieran hacerlo, mientras permanecieran en el poder”.

Por su parte, el abogado Alberto Beraldi habló de “la absoluta inocencia de Cristina Fernández de Kirchner” y calificó de “inadmisible e improcedente” la apelación del Ministerio Público. “No basta con efectuar expresiones grandilocuentes y hacer alusión a la presunta gravedad de los hechos, la supuesta necesidad de imponer un castigo ejemplar, la declamada lucha contra la corrupción o cualquier otra frase efectista carente de sustento jurídico, propia de ámbitos ajenos al derecho”, había dicho en instancias previas la defensa.