Hace exactamente 16 años y un día, una denuncia penal ponía en la mira los negocios de Néstor Kirchner y la obra pública entregada a Lázaro Báez. En ese momento no figuraba Cristina Kirchner en la acusación, pero una ampliación incluyó el nombre de las dos veces presidenta. El expediente se había activado con nuevas pruebas cuando ella abandonó el poder. La sentencia en su contra le llegó siendo vicepresidenta. Un tribunal la condenó a seis años de prisión por defraudación al Estado, a través de las obras concedidas a Austral Construcciones en Santa Cruz desde 2003 hasta 2015.
Ahora, apenas ungida presidenta del Partido Justicialista y cuando el espectro político sospecha que será candidata el año próximo, la Cámara Federal de Casación confirmó esa condena, que CFK encuadra como “lawfare”. El delito por el que se la acusa implica, de quedar firme, la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Aunque CFK fue procesada en varias causas, esta es la única que llegó a juicio y se dictó una condena. Las causas Los Sauces-Hotesur y Memorándum con Irán habían sido elevadas a juicio, el tribunal que las tenía en sus manos suspendió esos debates y la sobreseyó y en septiembre pasado la Cámara de Casación ordenó hacer esos juicios. Hay ahora una discusión en la Corte Suprema sobre si esos juicios deben empezar ahora. La Corte también tiene que definir si revoca el sobreseimiento en la causa dólar futuro. La causa “Cuadernos” aún espera que se fije el debate oral.
El 12 de noviembre de 2008, Elisa Carrió presentó una denuncia en Comodoro Py. La denuncia llevaba la firma de Carrió y de otros miembros de la Coalición Cívica: Adrián Pérez, Héctor Flores, Elisa Carca, Patricia Bullrich, Fernanda Gil Lozano, Fernanda Reyes, Fernando Iglesias, Elsa Siria Quiroz, Susana García, Fernando Sánchez y Juan Carlos Morán. Carrió le apuntaba al corazón de los negocios de los Kirchner y uno de ellos era el de la obra pública vial que desde 2003 habían comenzado a recibir las empresas de Lázaro Báez. El empresario, amigo y socio de los Kirchner, había armado una compañía que se dedicó a hacer rutas en la provincia de Santa Cruz. Lo denunciaron como un caso de corrupción.
La causa tuvo sus vaivenes. Una parte fue enviada inicialmente a Santa Cruz, algo que después CFK remarcaría para defender que no podía ser investigada y que el caso había sido cerrado. Pero la respuesta que tuvo en las distintas instancias judiciales a ese planteo fue que ella no había sido imputada en el expediente provincial y por lo tanto no se podía hablar de un doble juzgamiento.
En abril de 2016, meses después del cambio de gobierno nacional, Javier Iguacel, que estaba al frente de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en los inicios del gobierno de Mauricio Macri, formuló una denuncia más amplia y con más datos sobre las rutas en Santa Cruz. La denuncia de Iguacel se basó en el informe de avance de “Gestión Integral de Obras Ejecutadas en el 23° Distrito Santa Cruz”, elaborado por la unidad de auditoría interna de la DNV. Según la presentación judicial de 2016 en ese informe se había determinado que entre 2003 y 2015 se habían concentrado las obras en esa provincia, delegado funciones de la DNV en la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) -comitente en cada una de las contrataciones- y concentrado obras en un único grupo de empresas: Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A. y “Sucesión Adelmo Biancalani”. Volvían a aparecer los nombres de algunas de las empresas denunciadas por Carrió en 2008. Pero esta vez con informes concretos sobre cada una de las 51 obras entregadas a Báez.
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques impulsaron la indagatoria de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y un grupo de ex funcionarios. Aludieron a un “plan sistemático” implementado para “favorecer a Lázaro Báez”. Y afirmaron que los involucrados intervinieron en una maniobra de corrupción por la cual, desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública, se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas del Grupo Báez, por más de 46 mil millones de pesos.
El 27 de diciembre de 2016, el juez Julián Ercolini procesó a Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, y ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos. El fallo fue confirmado en septiembre de 2017 por los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero. Casación rechazó los planteos de la defensa. El 2 de marzo de 2018, el caso fue elevado a juicio oral.
Después de idas y vueltas, en donde hasta la Corte Suprema pidió el expediente, el Tribunal Oral Federal 2 comenzó el juicio en mayo de 2019. Esa semana, CFK anunció que había decidido elegir a Alberto Fernández para que fuera presidente en una fórmula con ella que iría de vice.
En diciembre de 2019, a una semana de asumir, declaró en indagatoria. “Este tribunal seguramente tiene la condena escrita y lo va a hacer. No me interesa. A mí me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar”, les dijo la inminente vicepresidenta a los jueces en un tono encendido, como en sus discursos políticos. Mientras el público la aplaudía, Cristina Kirchner se levantó del estrado donde declaró, dando por cerrada su exposición, y volvió a su asiento sin que nadie la autorizara.
“No respondió si va a contestar preguntas”, le advirtió al tribunal el fiscal Diego Luciani –que tenía preparadas 150 preguntas–. El juez Rodrigo Giménez Uriburu justificó esa situación en el ruido de los aplausos y volvieron a consultarle. Fue así que, más envalentonada que antes, Cristina Kirchner volvió sobre sus pasos, tomó el micrófono y dijo: “¿Preguntas?, preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”.
El 22 de agosto del 2022, el fiscal Luciani pidió que la entonces vicepresidenta fuera condenada a 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusó de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública al finalizar sus alegatos en el juicio oral por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez.
“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde -dijo-. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”. Y añadió: “Nuestro único objetivo fue buscar la verdad. Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”.
Fue la culminación de una seguidilla de audiencias en donde, junto al fiscal Sergio Mola, fue repasando las pruebas y ventiló lo que llamó el plan “limpiar todo”: aseguró que hubo una reunión entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez antes del cambio de gobierno para coordinar el pago pendiente de obras.
Y lo hizo usando una prueba que aprovechó de otra causa: los mensajes de whatsapp del ex secretario de Obras Públicas, José López, cuando fue condenado por enriquecimiento ilícito luego de haber revoleado bolsos con 9 millones de dólares en un convento. “José atendeme un minuto. Gracias. Es para coordinar con lo que me dijo la señora. Gracias!”, decía un mensaje que Báez le envió al propio López en el que hablaría de un encuentro que mantuvo con la entonces Presidenta a fines de 2015.
Las defensas rechazaron todas las acusaciones. El defensor de CFK, Carlos Beraldi, había recusado a los fiscales Luciani y Mola y a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini. A Gimenez Uriburu lo acusó de haber jugado al futbol en los torneos de la quinta Los Abrojos que pertenece a Mauricio Macri. A Gorini, de haber ido al Ministerio de Seguridad a cargo entonces de Patricia Bullrich. Las recusaciones fueron rechazadas.
Y la propia Cristina Kirchner habló ante los jueces el 24 de septiembre del 2022 desde su despacho del Senado. “Si no era abogada hubiese estado en un estado de indefensión frente al alegato del fiscal”, afirmó. Beraldi reclamó: “No es corrupción o justicia. Hay un solo camino, justicia. Las acusaciones fueron desmanteladas, destruidas. No hay otro camino”.
Habían pasado 23 días de su intento de asesinato por parte de la llamada banda de los “copitos”. Al declarar en ese juicio, la ex vicepresidenta habló de un clima de crispación en su contra en donde incluyó a Luciani. La hipótesis de ese debate, no obstante, sostiene que el plan para matarla comenzó en abril del 2022. Durante esos meses, los jueces Giménez Uriburu, Andrés Basso, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos denunciaron que les hackearon sus teléfonos, algo que está siendo investigado en una causa que sigue abierta y en donde estuvo detenido el espía inorgánico Ariel Zanchetta y se imputó a un ex funcionario de La Cámpora. En otro expediente conexo también se investiga por qué se sacaron líneas a nombre de los jueces de la Corte Suprema. Todo eso no se supo en aquel momento.
El 29 de noviembre, Cristina Kirchner habló por última vez en el juicio por la obra pública: “Este tribunal es un pelotón de fusilamiento”, afirmó. Horas antes del veredicto, previsto para el 6 de diciembre, se filtraron una serie de chats de un viaje de jueces y empresarios a Lago Escondido. Y el propio presidente Alberto Fernández, 24 horas antes de la sentencia, llamó a una cadena nacional para denunciar a los funcionarios que aparecían en ese chat.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, aparecieron en la sala de audiencias en la tarde del 6 de diciembre bajo un intenso calor y con un reducido número de militantes en la puerta de los tribunales, encabezados por Luis D’Elia. Allí leyeron el veredicto: los tres estuvieron de acuerdo en condenarla por administración fraudulenta. En cambio por dos votos a uno quedó absuelta por asociación ilícita.
“La comprobación de un interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado materialmente en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas fue dirimente”, dijeron los magistrados del tribunal en su condena. Hablaban de los negocios de Los Sauces y Hotesur, investigados en expediente aparte.
También fueron condenados a seis años el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti. Cinco ex funcionarios de Santa Cruz recibieron penas de entre seis y tres años de prisión. Fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner- y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.
De inmediato, Cristina habló desde su oficina en el Senado. Durante una hora volvió a refutar las pruebas pero ventiló los chats de Lago Escondido. Y reveló que renunciaba a ser candidata para las futuras elecciones. “Yo nunca voy a ser una mascota del poder”, aseguró. Habló de una proscripción, aunque legalmente no estaba impedida de postularse.
Durante 2023, el kirchnerismo impulsó un juicio político contra los miembros de la Corte Suprema. El tablero político se sacudió con la llegada de Javier Milei a la presidencia.
En noviembre del 2023 Casación fijó un cronograma de audiencias de cara a la revisión del caso. Y en febrero rechazó un pedido de CFK para suspender las audiencias. La ex vicepresidenta había recusado al fiscal Mario Villar, que había pedido agravar su pena a 12 años; y al juez Barroetaveña por haber ordenado reabrir la causa Hotesur-Los Sauces. Ambos planteos fueron denegados.
Las defensas fueron desfilando para pedir sus absoluciones. CFK pidió llamar a declarar al hoy Procurador del Tesoro Rodolfo Barra que, antes de convertirse en funcionario de este gobierno, había hecho un análisis a su favor en torno a su vinculación con las obras concedidas a Lázaro Báez. Más tarde llegó una recusación contra el juez Gustavo Hornos también resultó rechazada. Para esa altura, en tribunales ya se dejaba trascender que Hornos se inclinaba a hacer lugar al pedido de la fiscalía.
Los rumores iban y venían en los pasillos de Comodoro Py sobre una confirmación de la condena por dos votos a uno. En ese contexto, Casación resolvió convocar a una audiencia para anunciar oficialmente su decisión. Todos dan por descontado que se ratificará la condena a seis años de cárcel. Los implicados pueden apelar a la Corte Suprema de Justicia. Hasta que la última instancia no se pronuncie, el fallo no quedará firme para ser cumplido.