Procesaron a un juez federal por acoso laboral y amenazas: le tiró una piedra a sus empleados

El juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa Pablo Ramiro Díaz Lacava fue procesado por amenazas y lesiones simples y agravadas a los secretarios y empleados en un contexto de violencia, maltrato laboral y para el caso de las mujeres de violencia de género.

Gritos, hostigamientos, llantos, licencias, internaciones por estrés se repetían a lo largo de las 90 páginas de la resolución que dictó ayer el juez federal de primera instancia Juan José Baric.

“Todos los testimonios recogidos por el Ministerio Público Fiscal de los damnificados y testigos tienen un denominador común: maltrato, gritos, falta de respeto, hostigamiento instrucciones contradictorias que impartía respecto al modo de efectuar las tareas. Esto hablaba a las claras de alguien que disponía u ordenaba cosas de forma arbitraria, o que se manejaba hacia sus empleados y funcionarios de forma grosera, agresiva e impulsiva”, sostuvo Baric, juez federal de Santa Rosa, en su resolución a la que accedió Infobae.

Uno de los hechos del caso fue que Díaz Lacava arrojó desde la calle una piedra que entró por una de las ventanas del tribunal y pasó cerca de la cabeza de uno de los secretarios. “Fue una broma”, les dijo el juez.

La causa se inició en abril de 2023 por una denuncia que los secretarios del tribunal presentaron contra Díaz Lacava. Una de las primeras medidas que se tomó en la causa fue la prohibición de acercamiento de 50 metros del juez con los empleados. Eso incluida que el magistrado no podía ingresar al tribunal. Además, fue denunciado en el Consejo de la Magistratura de la Nación por mal desempeño de sus funciones, donde tiene un expediente disciplinario abierto.

Según se determinó en la investigación judicial, las víctimas fueron seis personas: cuatro mujeres y dos hombres. Todos dieron cuenta en sus testimonios de los maltratos constantes, los gritos, las agresiones verbales y las órdenes contradictorias que les daba.

“Resulta a todas luces claro que Diaz Lacava, abusando de su superioridad jerárquica, mantuvo un trato vejatorio y humillante contra los damnificados, ello materializado en palabras, actitudes y hechos que culminaron con daños en la salud de varios de ellos cuyas secuelas persisten hoy día”, sostuvo Baric en su resolución en la que agregó que los efectos en las víctimas fueron licencias psiquiátricas e internaciones por estrés.

El acusado fue indagado a pedido del fiscal federal de Bahía Blanca Horacio Azzolin. En su indagatoria, Díaz Lacava negó los hechos, criticó la investigación -llegó a recusar al juez- y sostuvo que todo se trata de una confabulación de los empleados del tribunal para perjudicarlo.

“Fui una víctima clara de un depredador, no tengo duda de eso. No me quiero demostrar a mí misma si estoy ya suficientemente curada como para enfrentar este tipo de situaciones. Sí, te digo, que podría escribir un libro de todo lo que pasé”, declaró una de las víctimas.

Poco antes de que Díaz Lacava fuese denunciado trataron de intervenir los otros dos jueces del tribunal oral, Marcos Aguerrido y José Mario Tripputi. Ambos se reunieron con Díaz Lacava para tratar de revertir la situación que vivían los empleados. “Creíamos haber llegado al menos al sentimiento para que pueda cambiar. Al día siguiente volvió a mostrar su patrón de conducta, que es volver a reiterar las exigencias. Él habla no de pedidos a sus compañeros de trabajo, sino de ´yo exijo´”, declaró Aguerrido.

En el procesamiento se relata un hecho que ocurrió una mañana. Tres secretarios estaban reunidos en un despacho que daba a la calle cuando por la ventana ingresó una piedra que pasó cerca de la cabeza de uno de ellos. “Alertados por la situación primero pensaron que había sido un joven y posteriormente ingresó el Dr. Díaz Lacava riéndose como que les había hecho una broma y refiriendo que había sido él quien arrojó la piedra”, relató el juez Baric.

El hecho fue acreditado pero no se tuvo en cuenta para su procesamiento. Fue porque la piedra no provocó lesiones en ninguna de las personas ni se determinó que haya roto o dañado algún bien del tribunal. “Lo realizado por Díaz Lacava en este extremo no podría calificarse como delito, pero sí revela de forma prístina su forma de conducirse, arrojando una piedra por una ventana sin importarle las consecuencias que ello podría traer”, sostuvo el juez de primera instancia en el que señaló que en la indagatoria Díaz Lacava se arrepintió de lo que hizo.

“En el caso bajo examen es menester señalar y tener muy presente que las actividades que Díaz Lacava desplegaba principalmente contra las mujeres víctimas, no solo eran desarrolladas en el ámbito del Tribunal, lugar donde tenía amplias facultades para hacer y deshacer a su antojo, gritando, dando órdenes contradictorias, maltratando a los empleados. Estos hechos repercutieron en la vida cotidiana de varios de los empleados. El imputado iba más allá y las situaciones de maltrato se prolongaban fuera de los horarios laborales, generando trastornos en el normal desenvolvimiento de la vida familiar de quienes lo padecían”, sostuvo en otro tramo de su resolución.

El juez Baric descartó que las actitudes de Díaz Lacava hayan sido de una persona exigente en el trabajo: “Surge claro de la declaración de los empleados que estuvieron bajo su comando que Díaz Lacava no es un juez exigente. La exigencia laboral es otra cosa, ya que ellos saben bien qué es eso, como así también la búsqueda de excelencia laboral. Algunos de los empleados que fueron víctimas de su forma de conducción venían de otros ámbitos laborales y podían comparar los climas que reinaban en otros sitios. La forma de conducirse del imputado traspasaba largamente esos límites de ´exigencia´ para convertirse en un déspota o como lo definiera una de las damnificadas, en un depredador”.

Así Díaz Lacava fue procesado por los delitos de amenazas simples, amenazas agravadas, lesiones leves, lesiones graves en un contexto de violencia, maltrato laboral y para el caso de las mujeres en un contexto de violencia de género, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia judicial y retardo malicioso de justicia.

El fallo fue informado al Consejo de la Magistratura y Díaz Lacava puede apelarlo para que sea revisado por la Cámara Federal de Bahía Blanca.