UBA vs. Gobierno: la SIGEN también recusó al juez, defendió sus auditorías y rechazó la cautelar

La puja entre el Gobierno y la Universidad de Buenos Aires sigue en la Justicia. Ahora, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) rechazó la medida cautelar que impulsó la casa de estudios para rechazar las auditorías en marcha por parte de esa cartera. “No se está afectando en nada la autonomía universitaria”, advirtió. Pero antes recusó sin causa al juez que tiene el expediente. Se trata de la misma jugada que impulsó la UBA cuando planteó la demanda. Ahora, el expediente recayó en manos del juez Santiago Carrillo.

A fines de octubre, la UBA decidió ir a la Justicia para rechazar la decisión del Gobierno de impulsar un control financiero a través de la SIGEN y no a través de la Auditoría General de la Nación, luego de un dictamen del Procurador del Tesoro. El propio vocero del Ejecutivo, Manuel Adorni, hizo pública la decisión del consejo superior, y el presidente Javier Milei redobló públicamente sus cuestionamientos por la supuesta falta de transparencia en las cuentas de la alta casa de estudios. Señaló que “se esconden detrás de esas carteras nobles de la sociedad para esconder sus curros” y aseguró: “Los chorros no van a tener paz en Argentina”.

En su demanda, el rector de la UBA Ricardo Jorge Gelpi, a través del abogado Sergio Pascale, reclamó que la Justicia impidiera el avance de la SIGEN por entender que ese organismo “tiene competencia exclusiva y excluyente para ejercer el control interno, solo en las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y en los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo”, pero las Universidades Nacionales no lo son ni dependen del Gobierno. “La autonomía y autarquía de las Universidades Nacionales implican la independencia absoluta del PEN y de toda injerencia y/o intervención del poder político de turno, mas no del Poder Legislativo y del estricto acatamiento a las leyes emanadas del Honorable Congreso de la Nación”, se afirmó.

La causa por sorteo recayó en manos del juzgado federal 4 del fuero en lo contencioso administrativo, a cargo de Rita Ailan. Pero la UBA decidió recusarla sin causa, una bala de plata prevista en el proceso que tienen las partes para usar una sola vez y en donde no hay que dar explicaciones de por qué. Se sorteó entonces un nuevo magistrado: el juez Diego Cormick escuchó la opinión favorable del fiscal sobre la competencia del fuero y solicitó al Poder Ejecutivo que elabore un informe en un plazo de cinco días antes de dictar una medida cautelar.

La respuesta de la SIGEN en este expediente llegó ahora. Pero, en paralelo, el organismo que dirige Miguel Bianco también impulsó una contradenuncia contra la UBA para que entregue la documentación requerida sobre los fondos transferidos por el Estado. La medida busca cumplir con la Ley de Educación Superior y la Ley de Administración Financiera, que requieren rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos. Ayer, el juez Enrique Lavié Pico, que tenía ese caso, remitió el expediente para acumularlo a la demanda que impulsó la UBA y discutirlo todo junto.

“Auditar no es intervenir, es verificar la gestión económico financiera de una entidad que tiene como fin agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, a la vez que permite rendir cuentas de los recursos públicos utilizados y dotar de transparencia a la gestión estatal”, afirmó el escrito de 47 páginas firmado por Miguel Blanco y Rodolfo Barra. Allí formalmente se reclamó rechazar la medida cautelar solicitada por la casa de estudios para frenar cualquier intento de auditoría por parte de la SIGEN. “Hacer lugar a la medida solicitada es lo que genera un riesgo cierto de sufrir perjuicios al interés público y al patrimonio estatal” porque la UBA “evitaría rendir cuentas de los fondos públicos que ha recibido”, se afirmó.

Según sostuvo el escrito al que accedió Infobae, el Gobierno dijo que la UBA “recibió fondos públicos del Tesoro Nacional y el accionar desplegado” desde el Ejecutivo “tiene como finalidad analizar el fin que se les dio y cómo fueron utilizados”. Afirmó que el control no puede salir “de una decisión bilateral entre el auditado y el auditor”. “Dada la relevancia que representa el gasto público para los ciudadanos y siendo uno de los pilares de la constitución financiera, resulta inadmisible que la universidad actora pretenda evadir el control del destino de los fondos públicos, más si se advierte que no ha rendido cuentas en forma debida”, sostuvo la presentación.

”Cómo corrobora la sociedad que el gasto en el que incurren es injustificado o arbitrario”, disparó. “No debe soslayarse que la legitimidad del gasto público se vincula a su vez con la adecuada prestación de servicio por parte del Estado y para ello es fundamental ejercer el control de los gastos”, afirmó.

Y resaltó: la actividad de “la SIGEN no es una intromisión del Poder Ejecutivo en las universidades nacionales”. En sus palabras, “la auditoría debe ser vista como el examen de la información por parte de una tercera persona distinta a la que la preparó, con la intención de establecer veracidad”. La falta de controles, dijo, “facilita la existencia de un ambiente propicio para la ocurrencia de maniobras que permiten desviar el dinero público a fines totalmente distintos a los originarios”.