La extensa investigación por corrupción en torno a la designación de brokers de seguros en organismos públicos durante la gestión de Alberto Fernández encontró manejos irregulares en al menos 20 instituciones. El esquema, basado en el desvío de comisiones millonarias a través de cooperativas vinculadas con ex funcionarios y aliados del oficialismo, habría permitido compras de bienes de lujo como camionetas 4x4, entradas a eventos deportivos y propiedades inmobiliarias.
La maniobra principal consistía en la designación de brokers mediante contratos directos fuera del sistema oficial de gestión documental (GDE), lo que facilitó el desvío de fondos sin auditoría formal. Los brokers recibían comisiones por la intermediación de seguros, parte de las cuales se transferían a cooperativas como “7 de Mayo” e “Irigoin”, entidades que luego utilizaban los fondos en la compra de autos de alta gama, relojes costosos, departamentos y plateas VIP para partidos de River Plate.
Entre los principales señalados se encuentran Federico D’Angelo Campos y Héctor Martínez Sosa, ex directivos que habrían facilitado la red de intermediación junto a otros colaboradores. Según la investigación, los involucrados desviaron fondos desde instituciones claves y otorgaron contratos millonarios a brokers que actuaban en complicidad con cooperativas y fideicomisos inmobiliarios. La Justicia avanza en la recopilación de pruebas que sugieren la existencia de una estructura organizada de corrupción en organismos oficiales que operó de forma sistemática durante la gestión de Fernández.
Este escándalo involucra sumas millonarias y un mecanismo que aparentemente se replicó en diferentes dependencias del Estado, profundizando las investigaciones sobre posibles vínculos entre funcionarios y contratistas, y el destino final de los fondos desviados. Luego de ocho meses de investigación, el juez Julián Ercolini acusó a Fernández de controlar la maniobra para designar a los brokers de seguros, con la asistencia de un grupo de ex funcionarios de Nación Seguros que le respondían de manera directa: “Aprovechándose de su investidura, el nombrado habría retenido la potestad de adoptar la última decisión en caso de controversia entre los demás miembros del grupo (de Nación Seguros) y se habría ocupado del direccionamiento en los casos en que las gestiones previas resultaban infructuosas”.
La Justicia tiene elaborado el seguimiento de al menos 17 millones de dólares en comisiones pagadas entre el 2019 y el 2024. Las cooperativas “7 de Mayo” e “Irigoin” habrían usado parte del dinero para adquirir propiedades en la Ciudad de Buenos Aires y en la Costa Atlántica, pasajes a EE.UU., compra autos de alta gama, y plateas VIP en el estadio Más Monumental.
Los investigadores sospechan que Martínez Sosa le hacía regalos a la ex pareja del entonces presidente Fernández, Fabiola Yañez, tal como se desprende de los chats entre Cantero y su marido. También a Daniel Rodríguez, ex “intendente” de la residencia de Olivos: relojes, corbatas y pulseras costosas. Lo mismo hacía con el ex jefe de Gendarmería, Andrés Severino.
En la citación a indagatoria a los involucrados, de 46 páginas, Ercolini destacó la relación de amistad de “Hecky” Martínez Sosa y Fernández y los regalos que le hacía el empresario junto a su pareja mientras era presidente. En 2019, cuando todavía Fernández no era presidente, Cantero le compró a Rodríguez un Tag Heuer, de la serie Aston Martin, valuado en 1800 dólares. La foto fue borrada pero los peritos lograron recuperarla.
En el llamado a indagatoria del ex presidente, el juez analizó que parte de los fondos obtenidos “habrían sido inyectados en cooperativas y redundado en última instancia en beneficio de algunos de los intervinientes en la maniobra”.
Entre los citados a indagatoria aparece el empresario Alfredo Del Corro, uno de los “dueños” de la cooperativa 7 de mayo, que recibió decenas de transferencias sospechosas de algunos brokers investigados, tal como reveló Infobae a fines de septiembre. Esa cooperativa apareció en escena al comienzo del escándalo por casualidad: la Policía siguió un auto luego de un allanamiento en la empresa San Ignacio y terminó descubriendo dos camionetas 4x4 registradas a nombre de esa firma.
Al analizar las cuenta de la cooperativa en el Banco Patagonia, los investigadores descubrieron que entre abril y diciembre del año pasado, registró créditos por $1.064.796.322 y débitos por $ 1.031.896.220. Del total de créditos, $376.928.239 (un 35%) tuvieron su origen en ocho compañías aseguradoras.
Muchas veces, el dinero entraba a cambio de un supuesto servicio y la cooperativa emitía facturas por montos millonarios. Pero en Tribunales sospechan que podrían ser coimas. Parte de los fondos desviados a esa cooperativa se terminaron invirtiendo en propiedades, autos y pasajes aéreos. De hecho, se determinó la existencia de envíos millonarios de dinero desde 7 de mayo al Fideicomiso Inmobiliario Flumine, al Fideicomiso Villarroel 1232, al Fideicomiso Libertador 5958, al Fideicomiso Inmobiliario Naase, al Fideicomiso Inmobiliario 866, y al Fideicomiso Links Country de Mar.
Cuando explotó el escándalo, comenzaron los movimientos para intentar recuperar el dinero. El fallo describe que Mauro Tanos, ex gerente general de Nación Seguros, solicitó al Fideicomiso 866 “la devolución de los fondos a la cooperativa, contra la transferencia de los mismos importes desde su cuenta personal, y luego, el 01/08/2024, Tanos y su esposa procedieron a ceder su boleto a un tercero por un precio de USD 270.000″. No es todo. “Otros fondos externalizados de la cooperativa incluyen el pago de e-checks por $ 14.990.300 al Club Atlético River Plate (pago durante cinco años por cuatro plateas en el estadio y un estacionamiento)”, cuenta la resolución.