El Consejo de la Magistratura manifestó su preocupación por la captura dictada en Venezuela para jueces y fiscales

El Consejo de la Magistratura manifestó “su profunda preocupación” por la orden de captura dictada en Venezuela contra un grupo de jueces y fiscales por su intervención en dos causas que molestaron al gobierno de Nicolás Maduro. El planteo había sido impulsado por el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Sebastián Amerio, había impulsado este pronunciamiento, que fue votado ahora en el plenario, sin el aval del kirchnerismo.

“El Consejo de la Magistratura manifiesta profunda preocupación con la decisión adoptada por el Ministerio Público del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de emitir pedidos de captura internacional de diversos magistrados, fiscales y funcionarios argentinos por su sola intervención en el marco de sus competencias materiales y funcionales. Este Cuerpo ratifica la defensa de la independencia judicial y la eficaz prestación del servicio de justicia, sin condicionamientos externos, tal como lo prescribe nuestra Constitución Nacional en su artículo 116″, sostuvo la declaración.

La moción fue votada por el presidente de la Corte y del Consejo, Horacio Rosatti; los jueces Agustina Díaz Cordero, Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola y Alberto Lugones, los abogados Miguel Piedecasas y Jimena de la Torre, el senador radical Eduardo Vischi, el diputado del PRO Álvaro González y el viceministro Amerio.

Hace unas semanas, el régimen venezolano dictó la captura contra funcionarios argentinos, entre los que incluyó la pretensión de detener al presidente Javier Milei, la secretaria general de la presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei, y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La lista de personas buscadas se extiende también al diputado Ricardo López Murphy, el Ministro de Seguridad de Buenos Aires Waldo Wolff, el legislador de la ciudad de Buenos Aires Yamil Santoro, la abogada María Eugenia Talerico, el abogado Leonardo Camicher y Franco Rinaldi, experto en aeronavegación comercial.

En tanto, los integrantes de la Justicia argentina acusados por el fiscal general venezolano Tarek William Saab son los jueces Federico Villena, Carlos Vallefin, Roberto Lemos Arias, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens. También los fiscales Carlos Stornelli, José Agüero Iturbe, Cecilia Incardona y Diego Iglesias.

Uno de los casos por el cual el régimen de Maduro impulsa la captura de los funcionarios argentinos es el de un avión venezolano-iraní, cuyos tripulantes eran sospechosos de espionaje y que estuvo retenido en Buenos Aires desde 2022 hasta que fue enviado a Estados Unidos a comienzos de este año, tras la llegada de Milei a la Presidencia y por pedido de Washington. El Boeing 747-300M Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenecía a Emtrasur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa, partió rumbo a Estados Unidos el 12 de febrero, pese a las objeciones y amenazas de Caracas, que se materializaron un mes después con la prohibición del espacio aéreo de su país a aeronaves procedentes o rumbo a Argentina. Termino incautado y entregado a los Estados Unidos. En esa causa intervinieron Villena e Incardona como instructores y luego los camaristas Vallefin y Lemos Arias y el fiscal Iglesias.

El otro caso apunta a la investigación por crímenes de lesa humanidad que se tramita en Comodoro Py 2002. El 23 de septiembre, la Cámara Federal porteña ordenó la indagatoria y la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y de su mano derecha, Diosdado Cabello, acusados de ser responsables de un “plan sistemático” gestado desde lo más alto del poder para llevar adelante torturas, secuestros y ejecuciones en su país. La decisión fue tomada luego de haber escuchado a un grupo de víctimas refugiadas en Argentina, que relataron en detalle tormentos y torturas.

“Observamos que los testimonios traslucen con elocuencia las vivencias padecidas por los damnificados -las cuales parecen exhibir un patrón común en las acciones estatales-, y se ven reflejadas en los distintos informes de las organizaciones internacionales que exponen, específicamente, las características controvertidas del Estado de Derecho venezolano, la persecución -secuestros, torturas, asesinatos- a la población civil y el desinterés por adecuarse a las reglas democráticas”, afirmó el tribunal. “Estas connotaciones muestran que, a esta altura del proceso, la colección probatoria resulta suficiente para que el juez de primera instancia disponga, sin más dilaciones, la convocatoria de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello a prestar declaración indagatoria”, sostuvieron los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens. Esa causa había sido impulsada por Stornelli y respaldada por Agüero Iturbe.

Tras ese pedido de captura a Maduro, los acusadores venezolanos decidieron promover las capturas contra políticos, funcionarios, jueces y fiscales argentinos.

En su nota ante el Consejo, Amerio había impulsaron un pronunciamiento para el caso de los funcionarios judiciales. “Los pedidos de detención emitidos en su contra, basados en meras disconformidades, no hacen más que vulnerar los principios fundamentales del Estado de derecho y la independencia del Poder Judicial, pilares esenciales de nuestra democracia”, dijo. Al mismo tiempo, destacó que la forma en que el Gobierno de Venezuela manipula sus instituciones a su antojo “representa un desprecio manifiesto por los principios básicos de la democracia, el estado de derecho y la libertad”. “El uso arbitrario de herramientas judiciales para perseguir opositores y funcionarios extranjeros demuestra a las claras la carencia institucional y democrática en la que se encuentra inmiscuido el estado venezolano, priorizando intereses políticos por sobre los valores de justicia y los estándares internacionales de legalidad”, subrayó.