Confirmaron las condenas para un grupo de secuestradores que operaban en la Ciudad de Buenos Aires

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a 14 y 15 años de prisión impuestas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 5 de San Martín a Joaquín Aquino, Marcelo Humberto González, Claudio Cisneros y Alberto Ramón por los delitos de secuestro extorsivo agravado, lesiones leves y robo agravado. “El Paisa” Aquino, en otra causa, fue acusado de ser parte de una banda de narcotraficantes sospechada de vender la cocaína envenenada que mató a 23 personas.

El fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, confirmó la decisión del TOF 5 que dio por probado que el 5 de noviembre de 2020, alrededor de las 16 horas, los imputados sustrajeron, retuvieron y ocultaron a la víctima con el objeto de obtener un rescate a cambio de su liberación. Se trató de un secuestro extorsivo agravado por haberse cometido por tres o más personas, por haber obtenido el pago de rescate y por haber mediado violencia e intimidación mediante el empleo de armas cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse; en concurso ideal con los delitos de lesiones leves y robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse.

En su voto, el juez doctor Gustavo M. Hornos –que contó con la adhesión de los jueces Carbajo y Borinsky– remarcó que “el tribunal realizó un exhaustivo y pormenorizado análisis de las pruebas incorporadas para establecer las diferentes responsabilidades de cada uno de los imputados”.

El suceso ocurrió el día 5 de noviembre de 2020, cuando la víctima fue privada de su libertad en su domicilio ubicado en el barrio de Villa Devoto de la ciudad de Buenos Aires. Desde allí fue obligado a subirse a un automotor marca Chevrolet, modelo Spin, para ser trasladado a un asentamiento denominado Villa Sarmiento, de la localidad de Billinghurst, partido de San Martín, donde lo mantuvieron retenido y oculto en tres construcciones distintas. También se acreditó que los imputados provocaron lesiones al damnificado durante su cautiverio, a través de golpes con los puños, armas de fuego, objetos punzantes y una picana eléctrica, que le causaron heridas en el párpado superior del ojo izquierdo, en su cabeza, en su hombro izquierdo y en sus miembros inferiores.

A su vez, fue amedrentado con violencia e intimidado mediante el uso de armas de fuego, y lo obligaron a exigirle a su hermano y a su abogado, diversas sumas de dinero para su liberación. Esta circunstancia derivó en el pago de un rescate de tres mil dólares estadounidenses, los cuales fueron enviados por su hermano mediante un Uber hasta el lugar del cautiverio. La víctima fue liberada el día 7 de noviembre de 2020 a las 13:30 horas aproximadamente, en cercanías de la intersección de las avenidas General Paz y Beiró.

Casación remarcó que la escala penal prevista para el concurso de delitos por los que resultaron condenados, es de diez a veinticinco años de prisión, con lo cual lucen proporcionadas y ajustadas a derecho las penas impuestas basándose no solo en el rol que ejercieron los imputados y las específicas características del hecho juzgado, sino también teniendo en cuenta sus circunstancias particulares, según se estableció. De esta manera, el máximo tribunal penal federal de la Nación dicta sentencia en una causa donde se juzgó un suceso de características muy violentas que lesionaron distintos bienes de la víctima.

En el caso de Joaquín “el Paisa” Aquino, los camaristas, por mayoría, también convalidaron el rechazo de un pedido de unificación de penas. Puntualmente, la defensa había solicitado que se unifique la pena impuesta en esta causa con la dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín nro. 1, con fecha 19 de mayo de 2020, de 4 años y 3 meses de prisión por resultar coautor del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización. En 2022, el Gobierno a través de la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, decidió expulsarlo.