El Consejo de la Magistratura rechazó las denuncias por el caso Cuadernos y la visita de diputados a genocidas

El plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación rechazó hoy las denuncias por mal desempeño de sus funciones a los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal que interviene en el caso de los cuadernos de la corrupción y a la vicepresidenta del organismo, Agustina Díaz Cordero, su presunta vinculación con la visita de diputados nacionales de La Libertad Avanza a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad a la cárcel federal de Ezeiza.

Las denuncias fueron desestimadas por mayoría de votos. El bloque de representantes de Unión por la Patria lo hicieron en contra porque los casos no se investigaron y se rechazaron las medidas de prueba para determinar los hechos denunciados.

El primer caso fue contra los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Petrone, Diego Barroetevaña y Carlos Mahiques, quienes excluyeron al empresario Angelo Calcaterra de la causa. Lo hicieron al considerar que los pagos que reconoció que hizo no fueron coimas, sino aportes para la campaña presidencial de 2015 del Frente para la Victoria.

Diputados de la Coalición Cívica y la agrupación de abogados Será Justicia los denunciaron por su fallo. Explicaron entre otros argumentos que la resolución se dictó contrariando otros presentes y violando una serie de normas de procedimiento.

El dictamen de la mayoría postuló para rechazar la denuncia que se trata de caso de contenido de sentencia por el que el Consejo no puede intervenir sobre lo que deciden los jueces. Uno de esos magistrados -Barroetaveña- es integrante del Consejo, por lo que cuando se trató el expediente se retiró del recinto.

Por cerrar la denuncia votaron los jueces Díaz Cordero, Alejandra Provítola y Alberto Lugones; las abogadas Jimena De la torre, Fernanda Vázquez y Miguel Piedecasas; el representante del Poder Ejecutivo Sebastián Amerio; y los representantes de los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit. En contra lo hicieron Vanesa Siley, Mariano Recalde, Héctor Recalde, Inés Pilatti de Vergara y Rodolfo Tailhade. Horacio Rosatti, presidente del Consejo, se abstuvo de votar porque como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría intervenir en la causa penal.

La denuncia contra Díaz Cordero fue por la visita del 11 de julio pasado de diputados de LLA a la cárcel federal de Ezeiza para reunirse con genocidas como a Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Adolfo Donda Tigel, Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo) y Raúl Antonio Guglielminetti, entre otros. El caso se hizo público y generó polémica porque derivó en iniciativas que el bloque oficialista buscaba presentar para beneficiar con prisiones domiciliarias a los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

La visita fue organizada por el cura Javier Olivera Ravasi y la diputada de LLA Lourdes Arrieta quien dio a conocer en su cuenta de la red social X las conversaciones de whatsapp del grupo que se armó para hablar de esos temas. De allí surge que el diputado nacional de LLA Beltrán Benedit propuso “enviar gente a entrevistarse con la Dra. Agustina Díaz Cordero, integrante del Consejo de la Magistratura y jueza de familia de la CABA”.

En otro chat, el cura Ravasi habló de volver a contactarse con Díaz Cordero y dijo que “estuvo presente en la primera reunión la Dra. Agustina Díaz Cordero”. La referencia a la vicepresidenta del Consejo es en la elaboración de las iniciativas que el bloque de la LLA iba a presentar para beneficiar a los represores.

La vicepresidenta del Consejo dijo públicamente que no tiene “absolutamente nada que ver” con el caso. Luego presentó notas en la que sostuvo que no participó nunca de ese chat y que conoce a Olivera Ravasi como a otros curas e integrantes de distintas religiones.

En el plenario del Consejo de esta mañana se presentaron representantes de organismos humanos que hicieron la denuncia contra Díaz Cordero. Allí habló ante los consejeros el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Eduardo Tavani. “Pretendemos la investigación del caso. No se puede con tanta premura el cierre del expediente. Hay indicios y pruebas que pueden ser muy importante a producir", sostuvo.

El dictamen para archivar la denuncia señala que los hechos alegados no son motivo de mal desempeño según la reglamentación del Consejo. Y también que Díaz Cordero rechazó cualquier vinculo. Desde el bloque de Unión por la Patria señalaron que la jueza rechazó formar parte del grupo de whatsapp pero no hizo referencia a si mantuvo o no reuniones y eso es lo que hay que investigar con medidas de prueba, como por ejemplo la citación como testigo de Arrieta.

La votación se dio de la misma manera que en el caso de los cuadernos.