En París, el juez Mariano Borinsky se reunió con su par de la Corte de Casación Penal de Francia

Se trata de Christophe Soulard, titular del máximo tribunal francés en materia delictiva. Entre otros participantes, en la reunión también estuvo presente el embajador argentino Ian Sielecki

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Borinsky en París
El presidente de la Corte de Casación Penal de Francia, Christophe Soulard, el camarista Mariano Borinsky y el embajador argentino Ian Sielecki

El presidente de la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina, Mariano Borinsky, fue recibido este viernes en París por su par de la Corte de Casación Penal de Francia, Christophe Soulard, en la sede del tribunal francés. En la reunión, donde se abordaron distintas temáticas vinculadas al ámbito judicial, participaron el embajador argentino Ian Sielecki, el diplomático Alejo Monner Sans, la jueza Clemence Bourillon y Marie Lehmon, representante de las relaciones internacionales de la Casación del país europeo.

Durante el encuentro, el camarista Borinsky y su homólogo francés debatieron sobre la cooperación jurisdiccional entre ambos países, analizando temas de capacitación e intercambio de jurisprudencia para promover el perfeccionamiento de magistrados y empleados judiciales en Argentina y Francia. Entre las iniciativas, destacaron los programas de formación tanto presenciales como digitales, así como las pasantías de intercambio.

Se discutió también la incorporación de inteligencia artificial en el sistema judicial como herramienta para optimizar la gestión de datos y apoyar las tareas en ese ámbito. Bajo ese marco, intercambiaron ideas y compartieron experiencias vinculadas a la implementación de esta tecnología en el ámbito de los tribunales, con el fin de promover y posibilitar el uso de herramientas novedosas tendientes a facilitar las tareas de los operadores judiciales.

Borinsky en París
Durante la reunión, los jueces abordaron sobre distintas temáticas del ámbito judicial

El encuentro concluyó con una visita de la delegación argentina por las salas de audiencias y deliberación de la Corte de Casación francesa, para conocer su funcionamiento y fortalecer lazos entre ambas instituciones.

Christophe Soulard asumió la titularidad de la Corte de Casación Penal de Francia en julio de 2022. Es una figura destacada de la justicia de su país, con una carrera que incluye su rol como decano de la sala penal de ese organismo y director del Centro Europeo de la Magistratura en Luxemburgo. Antes de asumir su actual cargo, se desempeñó en múltiples puestos como la vicepresidencia del Tribunal de Gran Instancia de Metz, donde tuvo bajo su responsabilidad la coordinación de la primera sala civil de ese tribunal.

Por su parte, el juez Borinsky forma parte de la comitiva argentina que viajó a París para presenciar el anuncio del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) respecto de la situación regulatoria Argentina -y de otros Estados- en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo. De hecho, ayer dicho organismo comunicó que el país no cayó en la “lista gris” en ese ámbito, es decir, no resultó calificado de forma negativa. La evaluación, en tanto, consiste en el cumplimiento de unos 40 requisitos que cada Nación tiene que implementar con diferentes acciones y políticas.

Borinsky en París
La reunión finalizó con una visita de la comitiva argentina por la sede de la Casación francesa

En ese marco, el presidente del máximo tribunal penal del país ofreció ayer una entrevista a radio Mitre donde remarcó que el significativo aumento en las condenas y decomisos por delitos de lavado de dinero fue uno de los factores decisivos que permitieron a Argentina superar la instancia de prueba.

“Una de las calificaciones del GAFI es cómo se comporta el país en materia de lavado y decomiso. Evidentemente, Argentina tuvo una evolución desde el período anterior, que tenía 3 condenas, y pasó a 88 condenas judiciales en materia de decomiso. Esta evolución fue calificada muy favorablemente”, señaló Borinsky al evaluar la novedad emitida por el plenario de la organización intergubernamental, creada en 1989 por los Estados miembros del G-7 para promover controles en el sistema financiero internacional y asegurar su transparencia.

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