El juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido de recusación contra el fiscal Guillermo Marijuan, que hizo una ONG convertida en querellante en la causa conocida como “Ruta del dinero K” desde que se formuló el pedido de sobreseimiento para la ex vicepresidenta Cristina Kirchner. Precisamente, se pedía su apartamiento porque el representante del Ministerio Público por aquella posición y una supuesta pérdida de objetividad. Pero en su fallo, al que accedió Infobae, el magistrado aseguró que es un dictamen válido y que queda claro que “el Ministerio Público Fiscal, en tanto titular de la acción pública, ha dejado de ser acusador”. Ahora, resaltó Casanello, la acusación sobre Cristina Kirchner en este expediente queda en manos de la nueva querella, la ONG Bases.
“La presente se ha convertido en una causa impulsada exclusivamente por una querella autónoma. Si bien esto no sería una rareza, sí es absolutamente inédito que ocurra en las condiciones actuales del expediente”, señaló el juez. En el expediente principal ya fue condenado el empresario Lázaro Báez y otros involucrados, mientras que en la instrucción la única imputada es la ex presidenta. En este expediente nunca fue procesada.
En su resolución, Casanello no solo respaldó la legalidad de su dictamen, sino que insistió e fue ese fiscal el que investigó la causa a lo largo de una década y pidió oportunamente el llamado a indagatoria de la ex jefa de Estado “El Dr. Marijuán ha sido el fiscal del caso por más de diez años. Como tal tuvo un rol protagónico en los hallazgos y en el avance de las distintas imputaciones que derivaron finalmente en severas condenas e importantes decomisos. Fue él quien requirió múltiples elevaciones a juicio que incluyeron una treintena de personas imputadas por el delito de lavado de activos, cometidos en el marco de una organización criminal. Fue él quien incorporó como imputada a Cristina Fernández, quien solicitó se la escuchara en indagatoria y luego consintió la declaración de falta de mérito. Todo ello ocurrió antes de que la ONG Bases manifestara su interés en el expediente”, resaltó el juez Casanello.
En tribunales señalaban a Infobae como una paradoja el escenario de la causa: si prosperara el planteo de la querella para anular el dictamen del 2023 también caería la disposición que ordenó incluir a la ONG Bases como querellante.
El caso, conocido como la “Ruta del dinero K”, comenzó en abril de 2013, y gran parte de esa investigación ya se debatió en juicio. Allí, Lázaro Báez fue condenado junto a otros 17 imputados, entre ellos sus hijos, por haber llevado adelante maniobras millonarias de lavado de dinero, que rondaron los 55 millones de dólares. En el juicio oral se sostuvo que ese dinero provenía de la facturación ilegal y de la obra pública. En Casación confirmaron las condenas, aunque bajaron las penas. Y solo uno de los votos ratificó que el dinero venía de la obra pública.
En instrucción, sin embargo, siguió tramitando la acusación contra Cristina Kirchner, señalada por su vinculación en esas presuntas maniobras de lavado. Fue la única causa en la que fue llamada a declarar y no fue procesada. “No tuve que ver con estas maniobras, ni directa ni indirectamente”, dijo CFK cuando fue llamada a indagatoria. “Jamás me apoderé de dinero ilícito alguno”, agregó. El juez Sebastián Casanello dictó su falta de mérito, confirmada en marzo de 2019 por la Cámara Federal, que -no obstante- ordenó una serie de medidas a profundizar.
En 2022, su defensa pidió su sobreseimiento, pero retiró el planteo ante lo que avizoraba iba a ser una respuesta negativa de la Cámara Federal. Para la defensa, “este proceso fue utilizado por los opositores políticos de Cristina Fernández de Kirchner para denostar su figura”.
El 24 de mayo del 2023, Marijuan sostuvo: “No tengo duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Elisabet Fernández y Lázaro Antonio Báez”. Habló de “entrañable cercanía, vínculo y amistad” con el matrimonio presidencial. Y para demostrarlo habló de las pruebas que hay en otras causas en donde ambos están imputados. Sin embargo, afirmó que así y todo eso no alcanzaba para poder avanzar en la investigación contra la vicepresidenta. A su criterio, el fallo de Casación había cercenado su hipótesis. Y por eso pidió el sobreseimiento de la ex jefa de Estado.
Ante el pedido de sobreseimiento, la asociación civil Bases Republicanas buscó ser parte de la causa. Valeria Viola, presidenta de la entidad, indicó que Lázaro Báez y su grupo actuaron como testaferros por cuenta y orden de Néstor y Cristina Kirchner. En aquel momento, el juez Casanello rechazó a la entidad como querellante en una causa que tiene “más de diez años de iniciado el trámite, en un momento donde el proceso ha quedado sin acusador y con un objetivo puntual: solicitar la nulidad del último dictamen fiscal”. Pero la Cámara Federal -en una votación dos a uno- hizo lugar a que fuera querellante. Luego revocó el sobreseimiento de Cristina Kirchner y ordenó seguir investigándola y semanas atrás instó al fiscal a volver a pronunciarse sobre la situación procesal de CFK.
En ese contexto es que Marijuan volvió a decir que la ex presidenta debía ser sobreseída. “No debe perderse de vista, y lo recalco, a riesgo de ser redundante, que las causas Hotesur-Los Sauces, Vialidad y Cuadernos pueden tener como coautores a Lázaro Báez y a Cristina Elizabet Fernández, como a otras personas allegadas o no a este proceso, pero el delito de lavado de dinero es un delito independiente que pudo haber sido llevado a cabo por Lázaro Báez, por sí solo, ya sea con dinero de un tercero o con el propio que le correspondió en su ‘ganancia’ en otras operaciones en las que fue condenado, sin que ello permita avanzar con sus consortes de causa del o los delitos precedentes”, insistió.
Fue entonces que la ONG “Bases Asociación Civil” pidió este martes el apartamiento del fiscal federal por entender que perdió objetividad en el proceso. “Cuestionó de manera agresiva, más propia de la defensa que de la fiscalía, el rol de la querella demostrando una pérdida de objetividad, animosidad, impropia de su función”, planteó la asoen su recusación a la que accedió Infobae.
Pero Casanello rápidamente rechazó el planteo. “Debo concluir una vez más que ningún vicio invalidante observo en el dictamen fiscal de fecha 24 de mayo de 2023″, aseveró e incluso subrayó que ni siquiera la Cámara Federal había evaluado esa posibilidad.
“Es dable interpretar que ese examen fue compartido por la Cámara de Apelaciones, en la medida en que su revisión supone siempre un primer control de validez. Como ocurre con la vigencia de la acción, se trata de una cuestión de orden público que debe ser abordada de oficio por una razón sistémica y de seguridad jurídica. No es una facultad, sino un deber de la magistratura declarar la nulidad de aquellos actos procesales que contengan vicios absolutos, como el invocado por la querella. Ese examen puede no volcarse explícitamente, pero, por una razón de coherencia sistémica, se entiende que es la antesala del ingreso a los agravios. Un pronunciamiento que no lo tuviera en cuenta contendría en sí mismo un vicio invalidante”, aseguró.
Y añadió: “En la sorpresa manifestada por el fiscal de grado se revela esa paradoja: si se llegara a la conclusión de que su dictamen contiene una causa de nulidad absoluta, el vicio invalidante también estaría presente en la omisión de la Cámara de Apelaciones de declararla a su debido tiempo. A mi modo de ver, este galimatías se explica a partir de comprender que no estamos frente a cuestiones de validez sino frente a diferencias sobre el mérito de la prueba, lo que remite a un ámbito de discusión absolutamente distinto. Sincerar esta cuestión, claro está, supone admitir que el Ministerio Público Fiscal, en tanto titular de la acción pública, ha dejado de ser acusador. Es decir, la presente se ha convertido en una causa impulsada exclusivamente por una querella autónoma”.
Habrá que esperar, pero se descuenta que la querella insistirá en cuestionar la decisión ante la Cámara Federal. De ser así, la decisión volverá a estar bajo la lupa de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, que votaron la reapertura de la causa a través de la ONG Bases; junto al juez Eduardo Farah, que viene pronunciándose por el sobreseimiento de la ex presidenta.