Atentado a Cristina Kirchner: avanza la acusación por violencia de género y la querella apuntó contra Milei

Tras el escándalo de la semana pasada, que terminó con la fiscal Gabriela Baigún a los gritos y la acusada Brenda Uliarte agrediendo a un abogado defensor, el Tribunal Oral Federal 6 decidió enviar un claro mensaje de que se había llegado a un límite que no pueden dejar pasar: exhortó a la representante del Ministerio Público a “abstenerse de actitudes provocativas” bajo apercibimiento de sancionarla. La misma advertencia llegó para la imputada: si algún nuevo altercado se produce, la expulsarán de la sala y será denunciada. Su defensa pidió un examen psiquiátrico del Cuerpo Médico Forense, argumentando que queda claro que no entiende lo que pasa en el juicio.

Así comenzó la audiencia de esta mañana en un clima tenso. Tal como detalló Infobae la semana pasada, los jueces Sabrina Namer, Andrés Grünberg e Ignacio Fornari se habían reunido para tratar lo sucedido. La situación se había descontrolado y no iban a permitirlo. Eso fue lo que quisieron dejar en claro a las partes y los acusados, en el marco de otra definición clave: si aceptaban el pedido de la fiscalía para ampliar la acusación contra Fernando Sabag Montiel, Uliarte y Nicolás Carrizo por violencia de género en la modalidad de violencia política.

Por mayoría, el tribunal decidió avalar que se avance con esa imputación sin adelantar opinión. Ahora se abre un nuevo escenario: en la próxima audiencia se hará una nueva descripción del hecho y el tribunal podría llamar a cada uno de los acusados al estrado para informarlo. Alguno podría pedir declarar en indagatoria por esa nueva acusación, y luego las defensas formularían su planteo en base a su estrategia.

La defensa de CFK pidió la palabra antes de finalizar la audiencia para apuntar contra el presidente Javier Milei, responsabilizándolo del clima de violencia política contra la exjefa de Estado por sus declaraciones sobre “meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro”.

El Tribunal Oral Federal 6 intenta esclarecer el atentado contra Cristina Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022. Sabag Montiel y su exnovia Brenda Uliarte están acusados de haber intentado matarla, y Nicolás Carrizo, el llamado “jefe de los copitos”, de haber prestado una colaboración secundaria en el plan. Llegaron a juicio acusados por el delito de “homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa”. Para el fiscal Carlos Rívolo, no hubo violencia de género. La fiscal Baigún avisó el primer día que sí se inclinaba por esa hipótesis, y lo solicitó hace dos semanas.

Sobre esto, los jueces tuvieron posiciones divididas. Namer y Fornari dejaron correr la nueva acusación. Señalaron que la fiscalía hizo saber al inicio del debate, aún antes de las indagatorias, que optaría por la figura de violencia de género, que su colega de instrucción Carlos Rívolo había rechazado. Rechazaron que ello configure una “pérdida de objetividad”. También argumentaron que “no corresponde que el Tribunal determine en esta instancia, por riesgo de adelantar posición sobre el hecho, la prueba y su eventual encuadre típico” y solo habilitaron que se pueda avanzar con esa nueva hipótesis.

“Solicitamos a las partes acusadoras que para la próxima audiencia definan la descripción final del hecho que el Tribunal deberá hacer saber a los imputados a partir de la nueva circunstancia agravante por la cual se les ha admitido la ampliación de la acusación. Se otorga igual plazo a las defensas para que puedan evaluar su proceder”, dijeron los jueces.

Así las cosas, los tres acusados deberían ser ahora llamados nuevamente al estrado para ser informados del nuevo agravante y podrían declarar. Las partes también podrían evaluar sus nuevos pedidos, que podrían incluir la suspensión del debate a prueba. A las defensas les resultó llamativo que se le pidiera a la fiscal definir en la próxima audiencia la descripción final del hecho, ya que entienden que “es una exigencia previa para la formulación de cualquier ampliación de acusación” y por lo tanto “no es posible intentar algo semejante sin identificar con precisión el nuevo hecho”, indicaron las fuentes consultadas por Infobae.

En disidencia, el juez Grünberg votó por no hacer lugar al pedido fiscal. Consideró “sintomático” que Baigún “hubiera advertido, desde el mismo comienzo del debate, que procedería a sostener la mentada agravante y que intentaría demostrarla en el juicio”. Y aseguró que “más allá de este prematuro aviso dirigido a no generar sorpresa alguna a las defensas, lo cierto es que, según mi criterio, no se han verificado los supuestos exigidos por la norma señalada”.

Para el magistrado, “ni de la declaración del imputado Sabag Montiel, ni de otros elementos expuestos en el debate, hasta ahora, ha surgido la circunstancia agravante de calificación”. Dejó en claro, como lo dijeron las defensas, que Sabag no tuvo en sus manifestaciones “un sesgo o estereotipo de género”. Tampoco las declaraciones de los custodios, sobre las que se basó la fiscalía. Y destacó que el informe de género citado por el Ministerio Público es de abril del 2023, “mucho antes” del inicio del juicio, “por lo que mal podría afirmarse que sus consideraciones y conclusiones —también de contexto— hayan surgido del debate”.

Pero más allá del debate jurídico, el Tribunal manifestó en pleno su enojo por lo sucedido en la audiencia pasada. Fue cuando las defensas respondieron y rechazaron el pedido de ampliación acusatorio. La fiscal reclamó la palabra diciendo que se sentía ofendida. El tribunal no hizo lugar y levantó la audiencia, pero Baigún quedó quejándose a los gritos y fuera de las cámaras increpó a los defensores. En ese momento, Brenda Uliarte decidió abalanzarse sobre el abogado Gastón Marano, defensor de Carrizo, diciéndole “viejo de m… no me vas a hacer condenar a perpetua”. En rigor, Marano había dicho que, con el encuadre fijado por la fiscalía, se estaría dando el inédito escenario de condenar a perpetua a una mujer por violencia de género, casi colaborando con su defensa.

“Este Tribunal recuerda a la Dra. Gabriela Baigún que la presidencia de este Tribunal tiene a su cargo la dirección y moderación del debate oral y público, ejerciendo el poder de policía y disciplinario de la audiencia, por lo que se la exhorta a abstenerse de actitudes provocativas o contrarias al orden y decoro debidos, como así también al respeto que merecen las restantes partes y el Tribunal, bajo apercibimiento de proceder, en caso de nuevos comportamientos improcedentes y en salvaguarda de la función judicial, al régimen sancionatorio”, se aseguró.

Y se añadió: “No podemos dejar de señalar que, según nuestro entendimiento, las alegaciones y críticas de las defensas en relación a lo sostenido por la fiscalía, de ningún modo han significado una falta de respeto o agravio personal hacia la Dra. Gabriela Baigún; circunstancia que no hubiese sido permitida por este Tribunal”.

En tanto, el TOF sostuvo: “Respecto de la imputada Brenda Elizabeth Uliarte, quien luego del cierre de la audiencia insultó al Dr. Gastón Marano e intentó abalanzarse sobre él; este Tribunal advierte a la encausada que no admitirá nuevos disturbios o perturbaciones al orden como los que generó el pasado 16 de octubre, bajo apercibimiento de ser expulsada de la sala de debate” y accionar “en caso de que su comportamiento llegare a configurar un ilícito de acción pública”. Marano le dijo al tribunal que sí lo había golpeado, pero que no iba a iniciar acciones legales.

El TOF instó al Servicio Penitenciario Federal a “reforzar su atención y control en la audiencia para evitar situaciones como las ocurridas con la interna Uliarte que pudieron poner en riesgo la seguridad de los intervinientes en el debate”, pero les pidió a las defensas que “respeten la ubicación en la sala recomendada por el personal de dicho establecimiento penitenciario”. Ahora, todos los acusados están más alejados entre ellos y sus defensas.

Fue el momento en que el abogado Alejandro Cipolla, defensor de Brenda, tomó la palabra y pidió una pericia psiquiátrica realizada por el Cuerpo Médico Forense para su asistida. Dijo que quedaba claro que la joven no entendía que Marano era un defensor, qué había solicitado y que no comprendía qué pasaba en el debate. Insistió en que el estudio no lo realice el Servicio Penitenciario, sino profesionales especializados. El tribunal lo resolverá más adelante.

En ese contexto, comenzó el desfile de testigos. El primer grupo no aportó nada relevante sobre el atentado. Se destacó un amigo de la adolescencia de Sabag, Pablo Mario Gorgarelli, que había estado en televisión días después del ataque y aseguró en un programa: “Lástima que (Sabag) no ensayó”.

Cuando la fiscal le preguntó por sus ideas políticas (y sus tatuajes) y por qué había dicho eso, el testigo afirmó que sus palabras habían sido “un gran error” y pidió disculpas. “Fue una frase de impulso, tenía dos cervezas encima”, se justificó. Ante el tribunal, el testigo aseguró que lo que realmente pensó cuando se enteró del atentado fue: “qué idiota, cómo se mandó al muere”. Y confirmó que su ex amigo era “una persona influenciable”.

Sobre el final, la querella en voz del abogado José Manuel Ubeira pidió dejar constancia ante el tribunal de lo sucedido días atrás luego de la frase del presidente Javier Milei, diciendo que “Me gustaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro” y la ex vicepresidenta le contestó: “¿Así que ahora también me querés matar?”. Más tarde, Milei dijo que había sido una metáfora y la discusión entre ambos —vía redes sociales— tornó al debate sobre el rumbo económico.

“Como todos sabemos, nuestra mandante sigue siendo hoy una persona políticamente relevante y sobre la que tenemos el deber de exponer cualquier cuestión que afecte su seguridad personal”, dijo Ubeira ante los jueces del TOF. Recordó que cuando CFK declaró en el juicio habló de un clima de “violencia política” en su contra antes del ataque, en donde incluyó al fiscal Diego Luciani, quien pidió su condena en la causa Vialidad.

“Esa violencia no ha cesado, sino que se ha generado una situación aún más grave por la persona que ha emitido esa acción, que es el presidente de la República”, dijo el abogado de CFK. “Para emparejar las cosas, se sostuvo que era una metáfora”. Pero subrayó que el presidente es el encargado de la seguridad de todos los habitantes de la Nación y de él depende el Ministerio de Seguridad y la custodia de la exjefa de Estado.

Según la querella, “una afirmación de este tipo excede cualquier ámbito de metáfora. Lo único que podemos hacer saber es que en este juicio lo que se ventila fundamentalmente es un hecho de violencia que se desencadenó como consecuencia de una serie de acciones políticas que se desarrollaron en el ámbito público y ahora quien las encabeza es el presidente de la República. Por lo tanto, lo que quiere hacer saber, no para que los señores jueces decidan nada, es que la vida de mi cliente y la de las personas que son sus allegados y los militantes también están sujetos a esta violencia que se genera por la primera magistratura de este país”.