Condenaron a dos ex funcionarios de PAMI y Anses en Salta por pedir plata para La Cámpora

La Cámara Federal de Casación Penal decidió condenar a dos exfuncionarios -uno de PAMI y otro de la Anses- en Salta por haber exigido a empleados el 20% de sus sueldos para la agrupación kirchnerista La Cámpora. Inicialmente, el tribunal oral los había declarado inocentes junto a otros implicados. Para esos jueces, el dinero requerido era a título de contribución, lo que no se evaluó como ilegal. Pero el Ministerio Público apeló las absoluciones y consiguió que se los encontrara responsables. Ahora, el tribunal deberá fijar la pena, que es de máximo cuatro años de prisión.

Los condenados son la exdirectora de PAMI local, Verónica Molina; y el exdirector de la Anses Salta, Marcos Vera. El delito por el que se condenó a ambos es concusión, una figura contra la administración pública que se concreta cuando un funcionario público, abusando de su cargo, solicita, exige o hace pagar indebidamente, por sí o por persona interpuesta, una contribución, un derecho o una dádiva. A ella se le sumó el delito de peculado, que castiga con hasta seis años de cárcel al funcionario que toma para sí caudales o efectos que está custodiando por su cargo; o utiliza trabajos o servicios que paga una administración pública.

No se modificó la absolución para los otros involucrados: los empleados Diego Albornoz y Gustavo Gerónimo; y de Fernando Ruarte, exconcejal por el partido La Victoria, investigados por repartir electrodomésticos del PAMI para hacer campaña electoral, según el fallo al que accedió Infobae.

La investigación se impulsó de oficio a partir una denuncia de una persona que pidió preservar su identidad y presentó capturas de pantalla y audios de WhatsApp en los que Vera y Molina solicitaban el cobro de un porcentaje de alrededor del 20 por ciento del sueldo de algunos trabajadores que habían ingresado, bajo su gestión y por su intermedio, a trabajar en las distintas dependencias del PAMI. De acuerdo con la denuncia, Vera era secretario general de La Cámpora y secretario de la comisión de acción política del Partido Justicialista.

El fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzo, agregó a la causa publicaciones periodísticas y declaraciones de personal del PAMI en un juicio anterior, cuando ex funcionarios terminaron condenados por cobrar el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) durante la pandemia. En aquel momento, se llevó al banquillo a Viviana Fernández, Emilia Juárez y Javier Eduardo Navarreta, que eran gerentes del PAMI en las sucursales de Orán, El Carril y Embarcación, respectivamente, y que debieron renunciar a sus cargos tras conocerse que habían cobrado ese beneficio. En su descargo, Juárez apuntó a dos funcionarios de pedirles depositar el dinero en los bolsines que utiliza el PAMI para enviar documentos vía Correo Argentino y de esa manera evitar los controles de Gendarmería.

Hubo una segunda imputación en el debate oral: se investigó la entrega de más de mil electrodomésticos que la Aduana de Orán había donado al organismo para que se entreguen a los jubilados y que, según la fiscalía, fueron utilizados en plena campaña. De hecho así lo contó públicamente el candidato a concejal Fernando Ruarte, que no era empleado del PAMI y era uno de los que repartía los productos.

El caso llegó a juicio en febrero pasado. Vera y Molina fueron apuntados como los principales responsables de esta maniobra y receptores de los pagos. Son además referentes de peso de la organización política La Cámpora en la provincia. En su hipótesis de acusación, el fiscal afirmó que la “exigencia” de pago estaba relacionada directamente con la designación de los cargos y la estabilidad laboral, que corría riesgo en caso de incumplimiento. Pero en julio el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta absolvió a todos, con la firma de los jueces Mariana Catalano, Domingo Batule y Abelardo Basbus, tal como detalló entonces Infobae.

El fiscal Toranzo apeló, en un recurso sostenido por el fiscal de Casación Mario Villar. Según se afirmó, la resolución del tribunal oral era contradictoria. Aseguró que esa exigencia fue “debidamente acreditada en la investigación” con audios y mensajes de texto enviados por los acusados. “Las peticiones y los cobros de los aportes se efectuaron durante y por las herramientas oficiales del PAMI, los que conformaba un escenario donde el personal se encontraba totalmente vulnerable y obligado a retornar parte de su sueldo a modo de compensación y para continuación del beneficio obtenido”, se añadió.

En el juicio quedó claro que los cargos “eran entregados por el gobierno a la Cámpora y no al PAMI, lo que explica que Marcos Vera, como referente de la organización tenga la facultad de pedir un descargo a una empleada ajena al organismo al que pertenecía”. Viviana Fernández explicó: “Los cargos son de confianza, que vienen de Nación y no podría haber accedido sin ser militante o tener relación con la militancia.” También declararon otros funcionarios y explicaron que todos ingresaron a trabajar tanto en PAMI como en Anses “por acuerdos políticos en especial con la Cámpora, sin evaluar la idoneidad o capacidad de los postulantes”. Así, el pedido de retornos era sencillo: los designados se sentían obligados a entregar parte de su sueldo a modo de ‘agradecimiento’ y continuidad del cargo obtenido.

La fiscalía rechazó el concepto “voluntario” de esos pagos. “La cantidad estaba determinada, no pudiendo entregar el monto que pudiera o quisiera cada uno”, subrayó. “Si bien al declarar Juárez y Fernández negaron la exigencia dineraria, el carácter obligatorio de ese aporte no sólo surge porque se trataba de un monto preestablecido y fijo consistente en el 20% del sueldo, sino también dada la insistencia en la entrega del dinero, ya que ante la demora Marcos Vera constantemente exigía el cumplimiento”. Un audio confirma esa hipótesis: Vera le dice a Fernández ‘ya todos lo hicieron por eso te digo, y avisa antes porque el tema de los bolsines los revisa antes’.”

Lo primero que advirtió el juez Petrone, acompañado por sus colegas, es que el Tribunal Oral de Salta no había dictado una sentencia con “mayoría absoluta de fundamental”. Cada juez había llegado a la conclusión de absolución por distintos argumentos. Luego profundizó sobre las pruebas oídas en el debate oral y ratificó que a las empleadas Viviana Beatriz Fernández y Emilia Fabiana Juárez se les pidió el 20 por ciento del sueldo que percibían entre febrero y junio del 2020. Los encargados de hacerlo fueron Fabio Marcos Jesús Vera Ramírez y Angélica Verónica Molina. Les dijeron que el dinero era para “La Cámpora”.

Según relata el fallo, “este pedido fue inicialmente formulado por Marcos Vera durante una reunión llevada a cabo en la sede del PAMI en Salta, de la cual participó su directora Molina, a los concurrentes y, posteriormente, mantenido por el período de tiempo aquí tenido en consideración, siendo que, a su vez, el monto cedido fue recibido por los nombrados, dependiendo la ocasión, quienes las instruían acerca de cómo realizar los aportes”. Quedó clara, en el fallo, la condición de ambos de funcionarios públicos.

“La configuración del delito de concusión no reclama que la exigencia de la dádiva surja en forma clara, sino que basta la inducción del funcionario a la entrega indebida de la misma, lo cual en este caso ha sido sobradamente acreditado a través de la prueba producida durante el debate, la cual permite corroborar esta hipótesis acusatoria tal como fue formulada por el fiscal de juicio y reafirmada por el fiscal general ante esta instancia”, señaló el juez. Y señaló que “quedó corroborado que el aporte reclamado a las víctimas, en algunos casos, se realizaba a través del bolsín, sistema de correo interno del PAMI –administrado por el Correo Argentino-”.

En el segundo de los hechos -la entrega de los electrodomésticos- la absolución quedó confirmada. Según Casación, “los electrodomésticos remitidos por la Aduana al PAMI fueron dispuestos conforme al destino previamente establecido” y no podía vulnerarse el beneficio de la duda que jugaba en favor de los imputados. La Cámara Federal de Casación devolvió el expediente al Tribunal Oral de Salta, que debe fijar el monto de la condena.