Además del fallo por la obra pública, Cristina Kirchner espera otra definición judicial clave

La Cámara Federal de Casación Penal publicará el próximo 13 de noviembre el fallo en el caso de la obra pública en el que la ex presidenta Cristina Kirchner fue condenada en primer instancia a seis años de prisión y a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La definición será clave porque el tribunal debe resolver si confirma o no esa condena. Pero no es el único fallo que genera expectativa.

En el radar de las causas judiciales de Cristina Kirchner también aparece otra definición. Y es su situación en la investigación por la llamada “Ruta del dinero K”, que es el lavado de dinero en el que el empresario Lázaro Báez está condenado a 10 de prisión. Allí se debe definir el futuro de la ex presidenta. Puntulamente un pedido para anular el dictamen del fiscal federal Guillermo Marijuán que pidió el sobresemiento de la ex presidenta.

Pero la ONG “Bases Asociación Civil” se presentó y fue aceptada como querellante por la Cámara Federal. En ese rol planteó que el pedido de sobresemiento fuera declarado nulo. Si bien fue rechazado por el juez federal Sebastián Casanello, la Cámara ordenó que se analice. La entidad señaló que el dictamen de Marijuán la privaba de hacer su acusación y entendió que en el caso debía analizase más pureba.

Para pedir el sobreseimiento Marijuán sostuvo que no hay duda “de la estrecha y directa relación personal” de Cristina Kirchner y Báez pero tras 11 años de investigación no surgieron pruebas que vinculen a la ex presidenta en maniobras de lavado de dinero en el expediente.

El fiscal federal Marijuan dictaminó por rechazar el pedido de nulidad. “Aun cuando esto ya lo he analizado, vuelvo a sostener que esas pruebas demuestran la vinculación directa de Lázaro Báez, Néstor Kirchner y Cristina Elizabeth Fernández, pero toca ahora señalar y reiterar que debemos apreciar si con ello es suficiente para decretar su procesamiento o, más aún, para una eventual elevación a juicio, sin desconocer también la cantidad de años de trámite de este legajo”, sostuvo el fiscal.

Y agregó que en toda la prueba que se analizó no aparecen vínculos de la ex presidenta con el lavado de Báez. Y enumeró esas pruebas: la declaración como arrepentido de Leonardo Fariña -también condenado-, el testamento de Báez y las otras causas en las que Cristina Kichner está imputada como Los Sauces-Hotesur, la obra pública y los cuadernos de la corrupción.

“No debe perderse de vista, y lo recalco, a riesgo de ser redundante, que las causas Hotesur-Los Sauces, Vialidad y Cuadernos pueden tener como coautores a Lázaro Báez y a Cristina Elizabet Fernández, como a otras personas allegadas o no a este proceso, pero el delito de lavado de dinero es un delito independiente que pudo haber sido llevado a cabo por Lázaro Báez, por sí solo, ya sea con dinero de un tercero o con el propio que le correspondió en su ‘ganancia’ en otras operaciones en las que fue condenado, sin que ello permita avanzar con sus consortes de causa del o los delitos precedentes”, resaltó respecto de la situación de la ex mandataria.

En esa línea, el fiscal criticó el pedido de nulidad de la ONG. Marijuán señaló que no se sabe cuál “es el fundamento para aceptarlos como parte en este proceso, y de esta manera generar una insólita e inédita inseguridad jurídica para las partes” y la calificó de “novel” querella porque ingresó al expediente hace pocos meses cuando la causa lleva 11 años.

“Pareciera entonces que Bases Asociación Civil, que durante años no participó del proceso, no tuvo copias del expediente, ni se conoce de dónde se nutre de información, con un claro sesgo político viene a peticionar, a modo de oportunas apariciones, distintos planteos que solo pretende para un aprovechamiento político por la trascendencia pública del suceso. Es decir, entran por una ventana procesalmente inexistente, ponen en crisis una resolución dictada por V.S. (Nda: el juez de primera instancia)y, varios meses después y sin ninguna otra intervención eficaz para el avance de esta investigación, creen recordar que ahora puede haber una nulidad. Vuelvo a preguntarme, entonces, como parte de este proceso y representante de la vindicta pública, si no será que lo nulo y de nulidad absoluta es todo lo que se le permite hacer a este pseudo querellante”, criticó Marijuán.

También objetó a la Cámara Federal por pedir que se analice la nulidad. Marijuán explico que una nulidad “por su naturaleza jurídica y habiendo cuestiones de orden público que lo imponen, existe el deber de los jueces de decretarla de manera inmediata al advertirla y más allá de la cuestión que tengan para resolver”. Por lo que eso podrían haber hecho los jueces de la Cámara. Y recordó que cuando a fines de 2023 el tribunal revocó el sobreseimiento de Cristina Kirchner y le dictó la falta de mérito “se adentraron en un pormenorizado análisis de las afirmaciones realizadas y de las pruebas evaluadas por el suscripto, sin nulificar en todo o en parte la pieza procesal”.

Junto con Marijuán también opinaron las dos otras querellas de la causa. Por un lado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) apoyó la postura de rechazar la nulidad. Y la Unidad de Información Financiera (UIF) no opinó sobre el planteo y dijo que hay que buscar más información. Ahora debe resolver el juez Casanello.