No estaba en discusión la explosión, no estaba en discusión el daño, no estaba en discusión el monto. Y sin embargo pasaron casi 29 años y el Estado argentino aún no pagó las indemnizaciones a los más de 10 mil afectados por la voladura de la fábrica Militar de Río Tercero, que el 3 de noviembre de 1995 provocó la muerte de siete personas, entre ellas una menor de 15 años. Ahora, la historia parece comenzar a cerrarse. El jueves pasado, la Cámara Federal de Córdoba anunció que se había llegado a un acuerdo entre el Estado y las víctimas para que se cumplan con los pagos establecidos por ley desde 2015. Pero —después de tantas postergaciones— muchos esperan ver para creerlo.
¿Por qué hasta ahora no se había podido hacer? “El Estado ha cambiado permanentemente las reglas. Fue corriendo el arco siempre. No existió la decisión de pagar en ninguno de los gobiernos que estuvieron hasta ahora. Todo este tiempo solo ha servido para planteos burocráticos”, dice a Infobae el abogado Mario Ponce, patrocinante de unos 8.000 damnificados. Y añadió: “Es positivo que se haya establecido ahora un procedimiento de pago, pero vamos a ver cómo se implementa”.
En medio de tantas postergaciones, es lógico que muchas víctimas sean escépticas y quieran ver que las promesas se concreten. Además, una de las grandes dudas que quedaron en una zona gris en el medio de estas negociaciones es qué pasará con aquellos damnificados que murieron en estos años. Los querellantes entienden que alcanza con el aval de sus herederos, pero temen que el Estado plantee obstáculos en ese camino.
Se trata de una larga historia que comenzó poco antes de las 9 de la mañana del 3 de noviembre de 1995: el suelo tembló, una nube negra apareció en el cielo de Río Tercero y en las casas de los vecinos empezaron a llover municiones. La fábrica Militar de Río Tercero había explotado. Ninguno de los 400 operarios estaba presente en el lugar. Murieron siete personas en las inmediaciones: Aldo Aguirre (25 años), Romina Torres (15), Leonardo Solleveld (32), Elena Rivas de Quiroga (52), Hoder Dalmasso (55), Laura Muñoz (27) y José Varela (51). Hubo más de 300 heridos y destrozos en toda la ciudad. Eran escenas sacadas de una película de guerra. El 24 de noviembre volvieron a registrarse explosiones.
“Descártelo totalmente, es un accidente… Se trata de un accidente y no un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra”, dijo en una conferencia de prensa ese 3 de noviembre desde Río Tercero el entonces presidente Carlos Menem.
Más tarde, la Justicia estableció que la voladura había sido intencional para intentar encubrir el faltante de la venta de armas a Croacia y Ecuador. Cuatro militares retirados fueron condenados en 2014 por estrago doloso seguido de muerte a penas entre 10 y 13 años de cárcel. El procesamiento de Carlos Menem quedó suspendido; recién se lo envió a juicio en noviembre del 2020, a pocos días del 25 aniversario del estallido. Menem murió el 14 de febrero del 2021.
Mientras tanto, los afectados buscaron ser indemnizados. Y llevaron adelante litigios contra el Estado nacional por daños morales y psicológicos y perjuicios. Sin respuestas, en 2007, un total de 10.119 personas que entablaron esos juicios firmaron un acuerdo con el gobierno nacional. Allí las víctimas se comprometían a suspender todos los juicios con el compromiso de que el Estado sancionara una ley reparatoria e indemnizatoria que diera por finalizado el pleito judicial.
Las víctimas cumplieron con su parte. El Congreso recién aprobó una ley en octubre de 2015. Pero la reglamentó en 2018. La ley disponía que tendrían derecho a recibir una indemnización las personas que a la fecha de entrada en vigencia de la ley se encontraren reclamando judicialmente los daños y perjuicios ocasionados por los acontecimientos acaecidos en la Fábrica Militar Río Tercero.
La normativa estableció que los herederos de los fallecidos aquel día por la explosión iban a cobrar una indemnización que equivalía al sueldo más bajo de un empleado de la administración pública multiplicado por 100. Los heridos gravísimos o graves un porcentaje del 30 o 40 por ciento de esa suma, según el caso. Y luego se establecía un porcentaje menor para los casos de el daño moral y psíquico sufrido y el daño provocado en sus viviendas. El pago sería en bonos.
Pero era 2022 y el Gobierno de Alberto Fernández no activó los pagos y por eso los querellantes volvieron a tribunales para denunciar a los funcionarios por el incumplimiento del acuerdo. A raíz de esa presentación, el Estado fue condenado a pagar una multa diaria por no cumplir con su compromiso. El fallo fue apelado pero la Cámara Federal de Córdoba lo confirmó. Y se abrió otra causa penal para investigar quién fue el responsable. De hecho, Jorge Taiana enfrentó una indagatoria por esta causa meses atrás.
Lo cierto es que a iniciativas del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, ya candidato presidencial, el Ejecutivo publicó en noviembre del 2023 el Decreto de Necesidad y Urgencia 596/2023 que estableció una compensación económica de tipo monetaria de 1.000 módulos en caso de muerte, 700 módulos para lesiones gravísimas, 600 módulos para lesiones graves, 100 módulos por daño moral y 95 módulos por daño material. A valores de 2023, son 8.000.000 pesos para los casos de fallecimiento, $ 5.600.000 por lesiones gravísimas, $ 4.800.000 por lesiones graves, $ 800.000 por daño moral y $ 760.000 por daño material. Los querellantes protestaron porque se tomaba como referencia sueldos del 2022, pero promovía el pago en pesos para intentar agilitar el proceso.
Sin embargo el Gobierno cambió de manos y la gestión de Javier Milei firmó un decreto en donde permitía al Banco Central a emitir para hacer frente a compromisos financieros, entre ellos la ley que disponía el pago de indemnizaciones a las víctimas de Río Tercero. El 23 de septiembre pasado, el Ejecutivo publicó el decreto 845/2024 que dispone: “A los efectos de asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley N° 27.179 dispónese que la indemnización prevista en la citada norma se cancelará con Bonos de Consolidación”.
Desde marzo pasado, la sede de la Cámara Federal de Córdoba fue el escenario de una serie de audiencias entre los querellantes y los funcionarios del Estado para avanzar en este acuerdo. Una tuvo lugar en abril, la otra en julio y la última esta semana.El jueves pasado, en un comunicado, la Cámara Federal de Córdoba presidida por el juez Abel Sanchez Torre, informó: “En el marco de esa tercera audiencia se arribó a un acuerdo entre las partes presentes respecto a diversos aspectos que imposibilitaban la continuación de los procedimientos a los fines del cobro de las indemnizaciones, lo cual implicará en definitiva la finalización de las mencionadas causas judiciales y que las víctimas de las explosiones a casi 30 años de las mismas puedan recibir el resarcimiento correspondiente”.
Ahora, habrá que ver cómo se implementa. “Se supone que van a estar mandando formularios para que cada 100 casos se vayan firmando los consentimientos. Van a empezar por los mayores de 65 años, así que estimamos que para el próximo aniversario se estén pagando los primeros casos”, dijo a Infobae el abogado Ponce. Los encargados serán de recolectar esas firmas son los funcionarios de Defensa
y de ahí se los derivará al Ministerio de Economía. “Esperamos que todo sea rápido. Ya esperamos demasiado”.
Un dato que el querellante subrayó: “Durante el gobierno de Alberto Fernández, de los más de 10 mil casos existentes, solo se pagaron unos 50, según admitieron los funcionarios nacionales en el marco de las audiencia de conciliación. No sabemos por qué se eligieron esos y por qué todos los otros quedaron hasta ahora sin respuestas”, añadió el abogado.