La justicia confirmó la suspensión de las sociedades anónimas deportivas en el fútbol

El juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, confirmó la suspensión de las leyes y decretos que les permiten a los clubes de fútbol convertirse en sociedades anónimas deportivas (SAD). Lo hizo al rechazar dos presentaciones del gobierno nacional de Javier Milei y así ratificó su fallo de principio de septiembre en el que dictó una medida cautelar que puso en pausa la habilitación de las SAD. Ahora intervendrá la Cámara Federal de San Martín.

En la justicia se dirime la pelea política entre el gobierno de Milei, que promueve que las SAD ingresen al fútbol, y la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio “Chiqui” Tapia, y que rechaza esa iniciativa y propone que los clubes sigan siendo sociedades civiles sin fines de lucro. La AFA fue quien inició la causa.

Tezanos Pinto rechazó la semana pasada dos presentaciones del gobierno, informaron a Infobae fuentes judiciales. Una para que revoque su fallo y la segunda para que la apelación sea con efectos suspensivos, eso es que mientras se revisa la causa las normas cuestionadas sigan en vigencia. El magistrado aceptó la apelación del Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, y de la Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza Rodolfo Barra, y elevó la causa a la Cámara Federal de San Martín para que revise la medida cautelar. El caso ya ingresó a ese tribunal.

El gobierno habilitó a las SAD en dos artículos del decreto de necesidad y urgencia 70 de desregulación de la economía que dictó en diciembre del año pasado, una de las primeras medidas del Poder Ejecutivo. Y en agosto pasado dictó el decreto en el que las reglamentó. Allí dispuso el plazo de un año para que los clubes que así lo aprueben a través de sus socios puedan convertirse en una nueva forma de sociedad que no sea la civil sin fines de lucro.

La AFA presentó un amparo contra esas normas y el juez trabó una medida cautelar para suspender sus efectos hasta que resuelva el fondo del planteo que es la inconstitucionalidad. “La entrada en vigencia de la normativa impugnada, altera negativamente el estado de situación de un colectivo de incidencia social como son las entidades deportivas -dedicadas al futbol en este caso-, pues impide desarrollar en libertad su vida asociativa, con la imposición de conductas a los asambleístas”, sostuvo el juez sobre los efectos de las SAD que además “modifica sustancialmente una ley emanada del Congreso Nacional en uso de sus facultades legislativas” que es la 20.655 del deporte.

El gobierno apeló el fallo con varios planteos. Recusó a Tezanos Pinto, sostuvo que su juzgado no es el que debe intervenir, apeló el fallo y pidió que esa apelación sea revocada y si no que sea concedida con efectos suspensivos. “Pone en riesgo la implementación de las políticas públicas trazadas por el Poder Ejecutivo Nacional en legítimo y legal ejercicio de la administración del país”, señalaron los abogados del estado nacional entre otros argumentos en los que planteó que el fútbol argentino no es ajeno a las crisis económica que vive el país y que la llegaba de capitales privados puede ayudar a mejorar sus finanzas.

El juez rechazó dos de esos planteos. Sobre la revocatoria del fallo el magistrado sostuvo que “la resolución atacada fue dictada conforme a los hechos y el derecho invocados en la resolución recurrida”, por lo que no hay nada que revisar de su parte. Y respecto de conceder la apelación con la suspensión de la resolución dijo que debe ser “con efecto devolutivo”. Eso es que la Cámara Federal de San Martín revisará el fallo pero con la suspensión de las normas.

Lo que resta resolver es el planteo de incompetencia que hizo el Poder Ejecutivo. Sostiene que no debe intervenir la justicia federal de Mercedes porque tanto la AFA como el gobierno nacional tienen su sede en la ciudad de Buenos Aires y por lo tanto debe ser un tribunal de esa jurisdicción la que resuelva el caso. Concretamente sostiene el gobierno que debe ser el fuero civil y comercial federal.