La Justicia le preguntó al Gobierno si los empleados de la Quinta de Olivos tienen convenios de confidencialidad

En el caso por violencia de género del ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, contra su ex pareja Fabiola Yáñez, el fiscal federal Ramiro González le envió un oficio a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para saber si los empleados de la Quinta de Olivos tienen acuerdos de confidencialidad. El requerimiento surge tras la controversia que se generó en el expediente por la declaración de la primera testigo de la defensa, una ama de llaves de Olivos, que reveló haber firmado dicho acuerdo.

“Requiérase a la Secretaría de la Presidencia de la Nación que informe si existe un convenio o cláusula de confidencialidad que deban firmar los empleados de la Quinta de Olivos cuando se los contrata o forman parte de la planta permanente”, indica la notificación enviada al gobierno nacional y a la que accedió Infobae.

El oficio fue enviado el miércoles tras un planteo de Mariana Gallego, abogada de Yáñez. Fue después de la declaración de Cintia Tonietti, la primera testigo de la defensa del ex mandatario. Tonietti afirmó que nunca vio violencia por parte del ex presidente ni el ojo derecho morado de Yáñez —como sí señalaron otros testigos— y que presenció “discusiones normales propias de una pareja”.

La testigo aseguró que como empleada de Olivos firmó un convenio de confidencialidad del que el ex presidente, a través de su abogada Silvina Carreira, la relevó. El fiscal le consultó si lo mismo había ocurrido con Yáñez, y ella respondió que no, porque desconocía de temas legales y consultó a la jefa de Personal de la Quinta de Olivos, Natalia Quintana, si podía declarar. Primero lo hizo ante un escribano y luego ante la Justicia.

Ante esto, la querella cuestionó el testimonio. Afirmó que la testigo violó el convenio de confidencialidad porque no le solicitó a Yáñez que la liberara para poder declarar. “Del mismo modo que Tonietti necesitó, según ella, la dispensa de Fernández, necesitaba la de Yáñez. Sin embargo, no la pidió. Y demás está decir que mi parte no la releva de esa confidencialidad”, planteó Gallego en la causa.

En esa línea, pidió que la declaración de Tonietti sea declarada nula y la denunció por violación de secreto y falso testimonio. También apuntó contra Lisandro Barga, el escribano ante quien declaró Tonietti y otras testigos propuestas por la defensa, porque “omitió consignar en la declaración la existencia de ese convenio y la supuesta dispensa de Fernández”.

Ante esto, el fiscal González abrió un legajo separado para investigar el planteo de la querella y suspendió tres declaraciones de testigos de la defensa que estaban previstas para el jueves pasado, porque estarían en la misma situación que Tonietti. El fiscal tomó esa decisión “pudiendo haberse violado el convenio de confidencialidad aducido y/o constituido algún delito en relación con los testigos propuestos por la defensa”.

Para avanzar sobre esto, la Fiscalía le envió el oficio a Karina Milei para saber si existen acuerdos de confidencialidad para los empleados de Olivos. Si el gobierno responde afirmativamente, el fiscal también pidió que “indique el marco legal regulatorio, alcances, período que comprende y quién puede relevar a los empleados de dicho deber de confidencialidad. Asimismo, si se cuenta con los mismos, que remita una copia certificada”.

Tras ese pedido, la defensa de Alberto Fernández hizo una presentación. Solicitó que directamente el presidente de la Nación, Javier Milei, y su hermana releven a las testigos de la confidencialidad, al entender que el Poder Ejecutivo es el único que puede hacerlo. Y le requirió al fiscal que eso se haga de “manera urgente”.

“Ante este panorama, y toda vez que las nuevas autoridades serían las competentes para levantar un ´supuesto´ convenio de confidencialidad, vengo a solicitar que se libre oficio de manera urgente al Presidente de la Nación, Dr. Javier Milei, y a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para que levanten la ´supuesta´ confidencialidad invocada por ustedes y remitan de manera urgente el documento legal que lo sustente”, planteó la abogada Carreira.

La defensa también señaló una diferencia: que la Fiscalía no puso el foco en la confidencialidad cuando declararon María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández, y Daniel Rodríguez, ex intendente de la Quinta de Olivos. “Quiero resaltar que en su proveído omitió incluir los testimonios de Cantero y Rodríguez, por lo que solicito que los nombrados sean incorporados al pedido del levantamiento”, sostuvo Carreira.

El escribano Barga declaró el jueves como testigo. Se presentó en los tribunales de Comodoro Py convocado por el fiscal González y dijo que no sabía nada sobre convenios de confidencialidad de las testigos. “Para la declaración, para mí no fue relevante. Yo únicamente transcribo lo que dicen. A mí no me manifestaron nada de tal convenio. Ni los testigos ni la requirente (Nda: la abogada Carreira). De todos modos, no me hacía a mi trabajo”, relató.

También sostuvo que “lo autenticado es la declaración, no el contenido. Yo no sé si el testigo miente o no. Yo veo que no hay una presión al testigo para que declare. Lo autenticado es el instrumento público que yo escuché”. “La falsedad ideológica de un instrumento público se da cuando el notario incide en la declaración del deponente, que en este caso no sucedió. Todos los testigos mencionaron que se presentaron porque les parecía una causa injusta, pero yo me mantuve al margen”, agregó.

El próximo paso relevante en la causa por violencia de género se dará el martes, cuando se abra en España el celular de Yáñez. Se hará en Madrid, donde reside la ex primera dama. Así lo dispuso el juez federal Julián Ercolini y se hará con la cooperación de la justicia de España. El objetivo es obtener del celular información relevante para la causa judicial.