El procurador Eduardo Casal respaldó a los fiscales acusados por el régimen de Maduro

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, se reunió hoy junto a los fiscales federales acusados por el régimen de Nicolás Maduro por su actuación en la causa por el avión venezolano-iraní de la empresa Emtrasur retenido en Buenos Aires desde 2022 y enviado a Estados Unidos en febrero pasado.

Casal convocó a los fiscales federales José Aguero Iturbe, Diego Iglesias, Cecilia Incardona y Carlos Stornelli a un encuentro de apoyo en la sede de la Procuración General de la Nación del que también participará el secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel. Estuvieron todos presentes menos Carlos Stornelli que no podrá concurrir por motivos personales.

Todos ellos intervinieron en distintas etapas de la causa judicial, que se inició en la Justicia federal de Lomas de Zamora, cuando el avión llegó al país en 2022 y se lo retuvo para investigar si no tenía como objetivo tareas de inteligencia del terrorismo internacional.

Además, Aguero Iturbe y Stornelli solicitaron la captura internacional de Maduro y otros integrantes del gobierno de Venezuela por delitos de lesa humanidad cometidos allí y que la justicia de ese país no investiga. El planteo fue avalado por la Cámara Federal de Comodoro Py, que ordenó las detenciones.

En esa línea, la justicia de Venezuela ordenó la detención de una serie de funcionarios argentinos. Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, anunció que se han solicitado órdenes de aprehensión contra el diputado Gerardo Milman, los jueces Federico Villenas, Carlos Vallefin, Roberto Lemos Arias, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens. La lista de personas buscadas se extiende a los fiscales y al diputado Ricardo López Murphy, el Ministro de Seguridad de Buenos Aires Waldo Wolff, el legislador de la ciudad de Buenos Aires Yamil Santoro, la abogada María Eugenia Talerico, el abogado Leonardo Camicher, y a Franco Rinaldi, experto en aeronavegación comercial.

Según Saab, las acusaciones incluyen robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hechos punibles, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir. Semanas atrás el gobierno de Venezuela había ordenado la detención del presidente de la Nación, Javier Milei, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El caso por el cual el régimen de Maduro impulsa la captura de los funcionarios argentinos es el de un avión venezolano-iraní, cuyos tripulantes eran sospechosos de espionaje y que estuvo retenido en Buenos Aires desde 2022 hasta que fue enviado a Estados Unidos a comienzos de este año, tras la llegada de Milei a la Presidencia y por pedido de Washington.

El Boeing 747-300M Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenecía a Emtrasur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa, partió rumbo a Estados Unidos el 12 de febrero, pese a las objeciones y amenazas de Caracas, que se materializaron un mes después con la prohibición del espacio aéreo de su país a aeronaves procedentes o rumbo a Argentina.

Antes de la órdenes de hoy, la dictadura de Maduro ya había emitido una orden de aprehensión contra Milei, su hermana, Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y la ministra de seguridad, Patricia Bullrich.

En ese entonces, Argentina respondió expresando su repudio a las órdenes de captura y destacando que el caso de Emtrasur fue “resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional”.

“El Gobierno argentino recuerda al régimen venezolano que en la República Argentina impera la división de poderes y la independencia de los jueces, algo que lamentablemente no ocurre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro”, afirmó la Cancillería argentina en comunicado.

Comunicado de la Asociación de Magistrados

Por su parte, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó su preocupación por los pedidos de detención sobre los jueces y dijo que esa medida es para “horadar la labor de magistrados y magistradas del Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público de la Nación, que actúan por imperio legal en el marco de su competencia funcional”.

“La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresa su profunda preocupación con motivo de las decisiones adoptadas por el Ministerio Publico Fiscal del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, relacionadas con procesos judiciales que tramitan y/o tramitaron ante la justicia federal de nuestro país; y que sin duda se dirigen a horadar la labor de magistrados y magistradas del Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público de la Nación, que actúan por imperio legal en el marco de su competencia funcional”, sostuvo la entidad en su comunicado.