Fue el “hacker de la UADE” y ahora está a punto de ir a juicio por sabotear y extorsionar a una prestadora de internet

Primero lo acusaron de ser el “hacker adolescente” que logró recaudar hasta 50 mil dólares mensuales que robaba en la web a empresas de juegos en línea y de pagos electrónicos, y desviaba el dinero a una cuenta en Rosario. Su nombre no trascendió porque era un adolescente que vivía con sus padres. Tres años después, volvió a ser acusado: esta vez de modificar sus notas en el sistema virtual de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Y ahora su nombre volvió a las fojas de una causa penal: acaba de quedar al borde de juicio oral por sabotear y extorsionar a una prestadora zonal de internet, según revelaron a Infobae fuentes judiciales.

Apenas se enfrentó a la Justicia, el joven aseguró que él era inocente. Reveló que sufrió un glaucoma y no podía usar computadoras al momento del ataque y acusó a sus denunciantes de ser los verdaderos responsables de la maniobra de la que se lo acusaba. Hubo un problema: la jueza afirmó que en las otras causas había usado la misma excusa y lo procesó. La Cámara Federal confirmó días atrás su procesamiento.

El protagonista de esta historia se llama Christian Ivan Cámara. En 2016 los medios lo denominaron “el hacker de la UADE”. Es porque fue acusado de modificar sus notas en el sistema virtual de la Universidad. Incluso hubo un megaoperativo en su casa a cargo de la fiscal especializada en Ciberdelitos de la Ciudad de Buenos Aires, Daniela Dupuy, que incluyó hasta un corte de energía en toda la manzana para evitar que pudiera borrar pruebas cuando llegaba la policía y hasta drones.

“No entré al sistema de la UADE y en la causa no hay una sola prueba que apunte hacia mí. Allanaron mi casa sin tener ni siquiera indicios. No soy un hacker”, dijo el joven en aquel momento ante la prensa. “Es ridículo pensar que mi hijo se haya cambiado sus notas”, aclaraba ante los medios su padre, dedicado a la informática.

Pero el caso avanzó: se investigó el delito de daño informático en concurso real con defraudación cometida mediante técnicas de manipulación informática. Y se determinó que el joven había conseguido las contraseñas de acceso al sistema informático de distintos empleados de la Universidad Argentina de la Empresa y, luego, modificó sus calificaciones en 17 materias de la licenciatura de Gestión de Tecnología de la Información.

Según el dictamen de la fiscal Dupuy, en la materia Estadística General, Cámara cambió la nota de un examen de febrero de 2015 en dos oportunidades: primero de 2 a 4, y luego de 2 a 5; después, eliminó su inscripción cuando advirtió que de todas formas en la UADE lograron cerrar las actas con el 2; en Análisis Matemático modificó su registro de ausente a 6; en Aplicaciones Interactivas, de 2 a 4; en Teleinformática y Redes II, de 2 a 5 y luego de 5 a 6, y en Sistema de Soporte de Decisiones, de ausente a 7. En la computadora secuestrada en su casa apareció un documento de texto con 76.429 entradas con los usuarios y contraseñas de todas las personas vinculadas con la UADE y luego un listado de códigos de programación para interactuar con las bases de datos de la universidad.

A la causa se sumó otra acusación: el rector de la UADE recibió en su mail un mensaje contra su vida, para que le otorgara al joven el diploma de licenciatura en ingeniería informática. “Cuchame la puta que te re mil pario, acaso no te alcanza con tener todo UADE caído??? La hago corta, o me das la licenciatura o te paso a buscar el martes por Juncal 2660 y te hago boleta guarda que puedo estar esperándote dentro del edificio en el 9º B SaluDDos” al cual adjuntó una foto de un arma de fuego”.

Era la segunda vez que enfrentaba un proceso penal. Es que Cámara ya había sido el foco de otra causa, aunque en aquel momento su nombre no había trascendido porque era menor de edad. “Un hacker adolescente montó un importante negocio ilegal basado en una variada gama de delitos informáticos con los que estafaba principalmente a empresas de juegos en línea y de pagos electrónicos”, decían los diarios. “Operativo Zombie” lo había bautizado la policía, cuando allanó su casa por orden de la jueza Wilma López y la fiscal Graciela Gils Carbó.

Las causas se terminaron unificando. El 29 de junio de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°13 declaró extinguida la acción penal y sobreseyó a Cámara. Es que en 2018, la defensa solicitó suspender el juicio a prueba por el término de tres años: ofreció $3.000 a pagar en seis cuotas consecutivas. A la querella le pareció poco. Finalmente se pactaron $18.000, en 36 cuotas de $500 cada una. Cuando se cumplió el pago y el plazo, el caso se dio por cerrado.

¿La tercera es la vencida?

En septiembre del 2020, Hernán Darío Dipardo, socio gerente de la firma “Linkear SRL”, se presentó ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal para denunciar lo que pasaba en su firma. Según explicó se dedicada a la provisión del servicio de internet a unos 4000 usuarios, entre ellos particulares, empresas, así como también a un cúmulo de clientes redistribuidores (otros ISPs), y a los servicios públicos de seguridad -como comisarías o cuarteles de bomberos-, salud -centros de atención inmediata-, educación y justicia. Todos del distrito de Moreno y General Rodríguez. Y aseguró que su empresa comenzó a recibir ataques de denegación de servicio distribuida (DDoS).

De acuerdo a la denuncia, durante un mes detectaron unos “280 ataques diarios, llevados a cabo mediante la saturación de los puertos con múltiples flujos de información- los cuales tenían por objeto sobrecargar los servidores de la empresa, de modo tal que no pudiera continuar respondiendo a las as solicitudes de servicio”. A la firma le mandaron un mail reclamando un pago con “cripmonedas” para frenar el sabotaje. Mientras tanto, los autores de los ataques enviaban correos electrónicos extorsivos a los clientes de la empresa en los que amenazaban con que los ataques serían más graves si no abandonaban la empresa y se cambiaban a otra: les daban directamente el nombre de la otra firma que prestaba servicio en la zona de Moreno y con la que habían tenido conflictos previos. Muchos clientes cambiaron de proveedor a raíz de esta advertencia.

La investigación logró determinar que desde una dirección IP (que identifica una red o dispositivo en Internet) se originaron la mayor parte de las conexiones vinculadas a los ataques. Estaba asignada a un proveedor d servicio de Internet ISP (Internet Service Provider) alojado en Florida, Estados Unidos. Según los reportes, estaba asignado a Christian Camara.

El fiscal Carlos Stornelli le pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti una serie de medidas de pruebas. Los agentes de la Sección Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad señalaron que “es posible establecer que la dirección IP de donde provinieron los ataques DDoS a las víctimas es propiedad de “host-engine” y señalaron que ese sitio “ha utilizado técnicas tendientes a ocultar la identidad de sus dueños, no obstante lo cual se ha logrado determinar que ese dominio está fuertemente vinculado a Christian Camara”.

En julio pasado, se ordenó el allanamiento en la casa del sospechoso y se secuestraron una gran cantidad de elementos electrónicos como teléfonos celulares, tablets, notebooks, discos SSD y pendrives. Detectaron allí un correo electrónico enviado desde la dirección de uno de los denunciantes de la causa al mail desde donde -se sostiene- los extorsionaba. “Los ISP que quieren que nos abandonen, nos aguantan porque crecieron a la par de Linkear, siempre fue colaborativo y se les ayudo a lograr lo que hasta ahora tienen y quizás por eso aguantan estos ataques que nos hacen”, decía el mensaje.

Lo cierto es que Stornelli entendió que existirían suficientes sospechas para entender que en los periodos comprendidos entre el 22 de julio y el 16 de septiembre de 2020 y entre el 02 de abril y el 20 de abril de 2022, Chistian Cámara habría causado interrupciones y afectaciones en el sistema informático de la firma Linkear SA, “mediante la introducción de programas informáticos maliciosos destinados a causar ataques de denegación de servicio, circunstancia que ocasionó no solo una afectación a la prestación del servicio de miles de clientes sino que también perjuicios económicos a la empresa mencionada”. La jueza lo llamó a indagatoria.

“Tengo síndrome de Stickler que me afecta sobre todo la visión, en el 2020 yo sufrí un glaucoma que me imposibilitó casi totalmente la visión, lo que me impedía el uso de la computadora”, afirmó para desmentir las acusaciones. “Realice un control médico con los médicos legistas oficiales a fin de constatar mi problema ocular, el que no me permite haber sido el causante de los ataques denunciados”.

También dijo que el ataque denunciado era una “simulación realizada” uno de los dueños de la empresa en competencia con otra firma. Y dijo que la policía “se confunde” al hacer el informe informático que termina involucrándolo. E identificó a otra persona de llevar adelante ataques similares como al que a él lo estaban acusando. “Yo creo que es él el que le está clavando un puñal” al dueño de la empresa”, aseguró.

Sin embargo, la jueza decidió procesarlo. Y rechazó los argumentos de la defensa. “Existen elementos suficientes para sostener que, entre las fechas señaladas, el imputado intimidó a distintos clientes de la empresa Linkear mediante correo electrónico para que se desvincularan comercialmente de la misma bajo la amenaza de que, en caso contrario, se agravarían los ataques. Asimismo, las pruebas reunidas permiten sostener que el nombrado extorsionó a la empresa damnificada, indicándoles que debían transferirle ‘Bitcoins’ a fin de frenar los mismos”, sostuvo el procesamiento al que accedió Infobae.

Capuchetti también afirmó que en las otras causas que enfrentó también había buscado acusar a sus denunciantes. “La versión de los hechos brindada por el imputado no encuentra asidero alguno en los elementos colectados en autos pues, al igual que en la causa Nº 28.645/13, nuevamente pretende atribuir al propio denunciante un accionar dirigido a perjudicarlo, basado en que frente al fracaso de la causa iniciada por el hackeo a los sistemas informáticos de la UADE, habría inventado una nueva denuncia por amenazas” dijo.

Y añadió: “en esa línea cabe recordar que el imputado le envió correos electrónicos a distintos clientes de la empresa denunciante que referían ‘si queres salvarte de los ataques, deberás salir del campo de batalla contratando a otro ISP’ y ‘ustedes eligen, si darle de baja a Linkear y contratar otro host, o si fundir con esos delincuentes”, entre otros’”. La defensa apeló ante la Cámara Federal, insistiendo en que él no era el autor de las maniobras, pero los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico repasaron las pruebas y ratificaron el procesamiento. El acusado quedó a las puertas del juicio oral.