El fiscal federal Franco Picardi activó una investigación para analizar los distintos episodios de violencia que tuvieron lugar afuera del Congreso Nacional durante el tratamiento de la Ley Bases y que ponen en foco el accionar de las fuerzas de seguridad. En ese contexto, tras unificar una serie de denuncias en una causa bajo la órbita de la jueza María Servini, el fiscal ordenó una serie de diligencias con declaraciones testimoniales a manifestantes, diputados nacionales y pedidos de informes al Ministerio de Seguridad sobre el personal que cumplió funciones en el lugar, revelaron a Infobae fuentes judiciales.
El miércoles 12 de junio, mientras se analizaba en el Senado la Ley Bases, unas 33 personas fueron detenidas en los alrededores del Congreso en el marco de una serie de incidentes y enfrentamientos durante la protesta. Tras un duro dictamen del fiscal Carlos Stornelli al encuadrar los hechos, la jueza Servini ordenó liberar a la mitad de los detenidos y luego procesó con prisión preventiva a cinco de ellos por delitos que aludían a la intimidación pública, abuso a la autoridad e incendio con daño agravado. Para el resto se dictó la falta de mérito. La Cámara Federal confirmó dos preventivas.
Sin embargo, hubo denuncias sobre el accionar policial, que quedaron agrupadas en otra investigación paralela y que ahora se activó. Según el dictamen, al que accedió Infobae, desde la mañana de ese 12 de junio diversas personas, de manera individual y/o pertenecientes a organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, se acercaron a las inmediaciones del edificio para protestar contra la iniciativa.
“Frente a ese escenario, el Gobierno Nacional desplegó un amplio operativo en el que participaron diversas fuerzas de seguridad federales y también efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En punto a ello, las denuncias acumuladas a esta causa hacen referencia a que, durante aquella jornada, las fuerzas de seguridad actuantes hicieron un uso abusivo de la fuerza pública contra las personas que se habían movilizado para expresarse en contra de la ‘Ley Bases’. Situaciones tales, que también fueron objeto de cobertura periodística por la prensa gráfica y por los medios de comunicación audiovisual que transmitieron en vivo durante todo el día lo que estaba ocurriendo en los alrededores del Congreso de la Nación”, señala el escrito. Las denuncias hablaron de notas dirigidas a organismos internacionales de derechos humanos que reportaron un accionar “completamente desproporcionado y violento”.
El dictamen repasó distintos episodios denunciados, incluido el de un funcionario de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y también delegado gremial de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJEN). Espontáneamente, el testigo afirmó que pese a haber participado en muchas marchas nunca había visto algo como lo que ocurrió en la movilización de la “Ley Bases” y fue testigo del incendio del móvil de Cadena 3. “En el acto, yo les grité que el auto pertenecía a un trabajador y no me dieron pelota. El grupo de 6 personas vino con un objetivo claro a lo que actuaron rápidamente y se retiraron de forma dispersa”, declaró.
“Teniendo en cuenta los hechos del caso, la relevancia político-institucional que detentan y las obligaciones asumidas a nivel internacional por parte del Estado Argentino en la materia, dispondré las siguientes medidas de prueba por ser pertinentes y oportunas en esta instancia procesal”, dijo el fiscal. Entre las diligencias aparece llamar a declarar a un grupo de manifestantes y ex detenidos el día del debate en diputados -Nicolás Eduardo Peralta, Francisco Castelli, Gabriel Horacio Famulari, Juan Ignacio Spinetto, Natalia Valentina Litterini y Agustín Pedro Hartridge-.
También se dispuso tomar testimoniales a los diputados que bajaron del recinto para ver qué estaba pasando afuera del edificio y denunciaron haber sufrido diversos hechos de violencia. En la lista están los legisladores del Unión por la Patria Carlos Daniel Castagneto, Inés Carolina Yutrovic, Eduardo Félix Valdés, Juan Manuel Pedrini, Luis Eugenio Basterra, Lorena Iris Pokoik García, Andrea Graciela Freites, Gabriela Pedrali, Ernesto Nader Ali, Gustavo Ramiro Fernández Patri y Leopoldo Raúl Guido Moreau. Por su condición de funcionarios pueden optar por declarar por escrito.
Las citaciones incluyeron a Juan Manuel Irrazábal, presidente del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT); y Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, co-presidentes de la Comisión Provincial por la Memoria, y se le pidió a esa entidad que aporte los nombres de las personas que integraron el Grupo de Monitoreo que tomó contacto con Nicolás Eduardo Peralta el día de los hechos. Según ese informe, Peralta fue encontrado en la calle, en Santiago del Estero 150, “en posición fetal gravemente herido en parte de su ojo y en la zona de la cabeza, ensangrentado” quien habría sido golpeado por personal de la policía motorizada.
El dictamen solicitó además requerir informes al Ministerio de Seguridad de la Nación -con carácter urgente- la nómina de autoridades a cargo del operativo que dependían de esa cartera y también de las autoridades que estuvieron allí de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de la Ciudad, con su respectivo detalle de las funciones asignadas y el personal a cargo civil y uniformado. También se pidió el detalle de los vehículos asignados, el armamento y las armas menos letales provistas. Y los registros disponibles de canal radioeléctrico o frecuencia radial de comunicaciones de las fuerzas del día de los hechos.
Al Sistema de Atención Médica de Emergencias de la ciudad de Buenos Aires (SAME) también se pidieron detalles sobre los eventos reportados y derivaciones. Se solicitó además información al Hospital de Quemados y de Oftalmología Santa Lucía donde fueron atendidos los legisladores. También se busca acceder a los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la ciudad aquel día y a distintos medios de comunicación, señaló el dictamen. Parte de esa causa forma parte de la investigación contra los manifestantes que fueron acusados de incidentes durante la movilización.