Condenaron a 12 años de prisión al dueño de un taller de calzado por explotar a una joven y abusar de ella en Parque Avellaneda

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 porteño condenó a 12 años de prisión a un propietario de un taller de calzado por reducir a la servidumbre y abusar sexualmente de una joven durante un lapso de 11 años. La víctima había viajado engañada desde Bolivia para trabajar como empleada doméstica en la casa del imputado en Parque Avellaneda. Según se corroboró durante el juicio, la mujer, que llegó al país con 18 años, tuvo dos hijas como consecuencia de los abusos, y el hombre, de 50 años, las sustrajo y retuvo en dos ocasiones. En ese marco, los jueces ordenaron una reparación integral para la damnificada y el decomiso del inmueble donde ocurrieron los hechos.

El caso comenzó en 2006, cuando la joven viajó desde La Paz, Bolivia, tras haber firmado un contrato con la suegra del imputado, Richard Marcelo Aguilar Quino. Allí le ofrecieron ocuparse de la vivienda del hombre por un sueldo de 150 dólares. Sin embargo, una vez en el país, se enteró de que en ese domicilio del barrio porteño de Parque Avellaneda operaba un taller de confección de calzado, donde fue explotada laboralmente y sufrió abusos sexuales. A lo largo de los 11 años, trabajó jornadas de 17 horas diarias y nunca recibió el sueldo acordado. Además, tenía prohibido salir de la vivienda o comunicarse con su familia radicada en la capital boliviana.

En el marco del debate oral, donde intervinieron el fiscal general Abel Córdoba y la auxiliar María Laura Grigera, la víctima relató que se le impuso la tarea de cocinar para las entre 20 y 30 personas que se desempeñaban en el taller. Además de cocinar, debía limpiar y colaborar con las tareas del lugar, lo que implicaba comenzar su horario laboral a las 5 de la mañana y terminarlo pasadas las 10 de la noche. De acuerdo a sus dichos, nunca le brindaron vestimenta adecuada ni elementos de higiene, y no tenía las llaves del domicilio bajo el pretexto de que sería “peligroso” que saliera sola.

Según informó este jueves el Ministerio Público Fiscal, la víctima contó que luego de seis meses de su llegada comenzaron los acosos por parte de Aguilar Quino. Con el tiempo, se fueron profundizando hasta convertirse en abusos sexuales. Por esos episodios la joven quedó embarazada varias veces y dio a luz a dos hijas. A lo largo de esos años intentó escapar en distintas oportunidades, pero no lo logró debido a las amenazas, los engaños y la violencia ejercidos por el ahora condenado.

En 2015 la mujer logró escapar, pero dos años después, en abril de 2017, el propietario del taller logró localizarla y sustrajo y retuvo a sus dos hijas en el domicilio de Parque Avellaneda. En ese marco, la víctima presentó una denuncia ante las autoridades judiciales donde expuso que Aguilar Aquino había secuestrado a las menores, y, meses después, interpuso otra denuncia cuando el hombre se llevó a las niñas a Bolivia sin su consentimiento.

Tras estos incidentes, la damnificada acudió a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia en 2018 y relató los abusos y explotación que había sufrido desde su llegada a Argentina. Este testimonio fue clave para avanzar en la causa, que tramitó bajo la carátula de “abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante, agravado por haber resultado un grave daño a la salud de la víctima reiterado en al menos dos oportunidades”; “reducción a la servidumbre”; y “sustracción y retención de menores” en dos ocasiones.

En los alegatos de cierre, los representantes del Ministerio Público Fiscal calificaron los hechos como una manifestación de “diferentes expresiones de violencia por razón de género tanto contra la mujer como contra las niñas”. También resaltaron que esa violencia sufrida por la damnificada fue de carácter sexual, psicológica y económica, y que Aguilar Quino se aprovechó de su vulnerabilidad extrema, su condición de migrante y la falta de vínculos afectivos cercanos, además de utilizar a las dos menores nacidas de los abusos como un mecanismo de control sobre la mujer.

A su vez, los acusadores calificaron de “verosímil” a la declaración de la denunciante, llevada a cabo a través del método de Cámara Gessell con el fin de no revictimizarla. Además, expresaron: “El sometimiento típico de la reducción a la servidumbre adoptó diversas formas durante 11 años de consumación, durante los cuales las agresiones sexuales, psicológicas y físicas fueron constantes”.

Por otro lado, evaluaron que los ataques a la joven configuraron un “supuesto de anulación de la subjetividad” en perjuicio suyo. También dieron cuenta de un proceso de “deshumanización” de la víctima por medio del ejercicio de la violencia durante más de una década “prácticamente sin riesgo y con impunidad”.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4, integrado por los jueces Néstor Costabel, Luciano Gorini y María Gabriela López Iñiquez, halló culpable al imputado en calidad de autor responsable de los hechos analizados a lo largo del proceso. Además de los 12 años de prisión, los magistrados dispusieron el decomiso del inmueble donde funcionaba el taller de calzado y fijaron una indemnización reparatoria en favor de la denunciante. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 4 de octubre.