La Corte llamó a una nueva audiencia por la coparticipación y se profundiza el conflicto entre Nación y CABA

La Corte Suprema de Justicia convocó para el miércoles de la semana próxima a una nueva audiencia entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con vistas a generar un acuerdo en el marco de la causa por el conflicto de coparticipación entre Ciudad y Nación que nació en el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, las aguas siguen divididas.

Según la documentación, a la que accedió Infobae, la administración porteña se queja de que la transferencia de fondos no es diaria y se está incumpliendo la orden dada por el máximo tribunal en diciembre del 2022. En cambio, el designado de Javier Milei subraya que ya se le entregó desde agosto unos 100 mil millones de pesos pese a “la ruinosa situación económica-financiera heredada”. También pidió que la Corte Suprema revoque el porcentaje que le ordenó pagar por “infundado y excesivo”.

Por instrucciones de los jueces de la Corte, el responsable de la secretaría de Juicios Originarios Alejandro Rodríguez citó “al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al señor Ministro de Economía de la Nación, a la audiencia que se fija para el día miércoles 18 de septiembre de 2024, a la hora 11″, dice la notificación. Se trata de una nueva audiencia en el marco de este conflicto, luego de un encuentro sin avances que tuvo lugar el 22 de agosto pasado.

Todo se enmarca en la demanda que inició el gobierno porteño -encabezado por Horacio Rodríguez Larreta- en septiembre del 2020, cuando el entonces jefe de Gobierno demandó al Estado Nacional de Alberto Fernández por tachar de inconstitucional el decreto 735/20 que redujo el porcentaje de fondos que le corresponden en la coparticipación de recursos públicos.

La Ciudad reclama que se restablezca en forma inmediata su derecho a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5% originado en el “Consenso Fiscal”, ratificado por la ley 27.429 y por el decreto 257/18 y se ordene la restitución de los ilegítimamente retraídos, con intereses. A su criterio, la Casa Rosada no podía “modificar unilateralmente” el monto de fondos coparticipables que le correspondía, dado que éste fue siempre establecido mediante el acuerdo de la CABA con el Estado Nacional. También se sostuvo que esos acuerdos deben ser ratificados por la vía legislativa.

La Corte Suprema no resolvió el fondo de la cuestión, pero a fines del 2022 los jueces hicieron lugar a una medida cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires y ordenó que el Estado Nacional le entregue el 2,95% de la masa de fondos definida en el artículo 2° de la ley 23.548. En medio de un juicio político contra los ministros del máximo tribunal, el Gobierno de Alberto Fernández nunca cumplió ese fallo y planteó al tribunal una “revocatoria” de su fallo.

La novedad, según se desprende de la causa, es que el gobierno de Javier Milei mantiene el pedido de esa revocatoria solicitada por la administración anterior. De acuerdo al escrito incorporado este martes a la causa, los abogados Alejandro Lannegrasse y Carlos Pistarini, en representación del Estado Nacional –Ministerio de Economía hicieron saber que mantenían el pedido de revocatoria, “en especial en lo que atañe al porcentaje dispuesto” por la Corte de 2,95%, que “esta parte considera infundado y excesivo en el marco de las pretensiones expuestas por ambas partes”.

Tal como lo planteó la administración de Alberto Fernández, el gobierno nacional sostuvo que ese porcentual “no encuentra sustento en razonamiento alguno; no existe informe documentado en las presentes actuaciones, ni pericia producida –en esta etapa preliminar- que justifique la concesión de tal coeficiente” y se señaló que al disponer esa medida se “ha incurrido en un exceso jurisdiccional”, afirma el documento al que accedió Infobae.

No obstante, el Estado Nacional afirmó que “a partir de agosto de 2024 el Estado Nacional comenzó a realizar transferencias presupuestarias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en concepto de pagos a los fines de completar el 1,55% adicional establecido por la Medida Cautelar” y destacó que esas transferencias “permiten completar la diferencia entre el 1,4% transferido diariamente de manera automática por el Banco de la Nación Argentina con arreglo al coeficiente de coparticipación de impuestos por la ley 23.548 y el 2,95% establecido en la medida cautelar”. Describió que “el procedimiento consiste en adelantar en cuotas partes semanales automáticas, todos los últimos días hábiles de cada semana”.

Así, señaló, durante agosto 2024, la estimación inicial del 1,55% había arrojado un número del orden de $85.643.000.000. “En función de las estimaciones de recursos, todos los viernes de agosto se transfirió a la CABA $20.000 millones semanales, totalizando un monto mensual de $100.000 millones. El monto resultante del cálculo del 1,55% por recursos efectivamente transferidos por Coparticipación Federal, para todo el mes de agosto ascendió a $89.560.597.699,16. Esto representó un ingreso adicional y por adelantado para la CABA, por las transferencias automáticas enviadas por el Estado Nacional durante el citado mes de agosto de $10.439.402.300,84″.

La presentación afirmó que “en posteriores meses, seguirán haciéndose pagos semanales de $20.000 millones que será ajustado mensualmente en base a las diferencias que surjan entre el cálculo del 1,55% de la masa coparticipable y los pagos efectivamente realizados durante el último mes cerrado”.

“Hoy y sin perjuicio de la ruinosa situación económica-financiera heredada, el gobierno nacional implementa políticas económicas a efectos de poder cumplir con los compromisos y evitar una situación disruptiva siguiendo un camino de fortalecimiento de la recuperación y recomposición de las cuentas públicas. En virtud de ello y sin perjuicio de la revocatoria pendiente de resolución, esta parte entiende que corresponde modificar el punto II de la parte resolutiva de la sentencia cautelar dictada el 21-12-2022. La carga de deuda heredada es insostenible”, aseguró.

Y agregó: “Para tomar dimensión de la crítica situación financiera, el Estado Nacional no puede comprometer más recursos de los que corresponden por los servicios de seguridad transferidos a la CABA. Lo responsable es llegar a un acuerdo que sea sustentable. Cumplir la medida cautelar en la forma que fue dictada sería un verdadero ajuste para nuestro país que implicaría hoy, por ejemplo, reducir asignaciones, programas sociales y partidas asociadas a la Salud y Educación, Justicia y Seguridad; implicaría lisa y llanamente reducir el presupuesto anual como así también todo tipo de transferencias corrientes a Provincias y Universidades”.

Pero la gestión de Jorge Macri también hizo su planteo ante la Corte Suprema. Y advirtió que al día de hoy “se mantiene el incumplimiento del Estado Nacional a la medida cautelar” dispuesta por ese tribunal en diciembre del 2022. En su escrito, al que accedió Infobae, la Ciudad sostuvo que “las transferencias efectuadas han continuado siendo por un monto en peso equivalente al 1,40% de la masa de fondos definida en la artículo 2 de la ley 23548 y no el 2,95% dispuesto en la sentencia”. A ello le sumó que “el Estado Nacional ha efectuado durante el mes de agosto del 2024 cinco depósitos parciales” por un total 100.000 millones de pesos “en forma en inconsulta y sin consenso alguno”.

En su presentación, los abogados de la Procuración General de la Ciudad afirmaron que la suma nominal entregada desde el dictado de la cautelar asciende a $976.119.385316,96. “Es decir que aún con el pago discrecional efectuado el Estado Nacional la adeudaría al GCBA la su nominal de $876.199.385.316,96, ello sin perjuicio de reiterar que los pagos efectos serán imputados en nuestra calidad de acreedores a los intereses generados en la deuda existente desde el dictado de la medida cautelar”.

“No requiere demasiado esfuerzo advertir que el Estado Nacional continúa incumpliendo deliberadamente la medida cautelar ordenada en la causa”, afirmó. Y sostuvo que la administración central, desde que la Corte Suprema se pronunció, “hizo una interpretación sesgada” del fallo. Así, advirtió que no se puede “tolerar esta incumplimiento y el mecanismo arbitrario someter a CABA a la decisión unilateral de la Nación respecto de recursos que legítimamente le corresponden”.

La Ciudad afirmó así que “la actitud renuente del Estado Nacional provoca serios y graves perjuicios a la finanzas” de CABA, subrayó que de “acumular una deuda del orden de los 5 billones de pesos aproximadamente no es el único perjuicio” y señaló que “las transferencias discrecionales en lugar de automáticas de acuerdo con la ley generan varios perjuicios” que provocan “incertidumbre financiera”, “dependencia política”, “inequidad y falta de transparencia”, “impacto en servicios públicos” y “desigualdad regional”, además de afectar la capacidad de endeudamiento de la ciudad. Por eso reclamó que tenga por acreditado el incumplimiento y se intime al Banco Nacional a que dé “operatividad al punto 2 de la sentencia para que cumpla con las transferencias en el porcentaje, forma y tiempo” fijado.