La última reunión de la comisión encargada de elaborar el anteproyecto de Reforma del Código Penal decidió incorporar el instituto de la reiterancia, el acoso sexual en el ámbito laboral, la defraudación de menores de edad con problemas de ludopatía, la ocupación previa sin debida autorización de inmueble ajeno y el hurto de celulares, entre otros temas, indicaron a Infobae fuentes judiciales.
En el encuentro, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky relató la visita que, junto a la jueza María Eugenia Capuchetti, realizaron al Papa Francisco. “El Santo Padre nos manifestó estar de acuerdo con la renovación y actualización del nuevo Código Penal”, les dijo a los presentes.
Según se indicó, en esta reunión se trataron distintos temas vinculados con el delito de extorsión, las defraudaciones, los delitos de robo, se incorporaron las figuras de los “motochorros” y el desapoderamiento de celulares. También se avanzó en la redacción de los delitos de usurpación y el delito de daños, entre otras figuras de la parte especial. “Incluso la violencia contra la mujer fue analizada como una excusa absolutoria en los casos de hurtos, daños, o defraudaciones en el nuevo Código Penal”, añadió Borinsky.
El Pleno decidió que entre las pautas para la determinación de la pena se incorpore el instituto de la reiterancia delictiva como una agravante especial, en los casos en los que una persona cometa dos hechos dolosos independientes, castigados con la misma especie de pena. Además de considerar la naturaleza y gravedad del hecho, la importancia de los deberes transgredidos, la magnitud del peligro y el daño producido a la víctima; la calidad de los motivos y la actitud de condenado frente al derecho.
Al respecto, Fernando Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, explicó que “esto es terminar con la puerta giratoria, hoy una persona puede ir presa una vez, veinte veces, y sin embargo los jueces le dan la libertad. Porque no está prevista la reiterancia, esto es que una vez que se produce un delito y se es sometido a proceso, la persona no se motiva con la intervención del Estado y vuelve a delinquir”.
La Comisión entiende que el castigo en un sistema de justicia penal que respeta las garantías constitucionales es una herramienta ineludible y eficaz en la sociedad contemporánea. Pero que también que pierde su eficacia y su sentido si no aporta una clara noción de qué es delito y que al delito corresponde una sanción. “En estos casos, el juez deberá evaluar que esta es una situación de lesión especial del bien jurídico, alguien que está reiterando dolosamente la comisión de delitos, no motivándose en la ley, roba una, otra, y otra, y otra vez”, enfatizó Soto.
Por otra parte, los expertos, sobre la base del estudio de la más moderna codificación europea y americana, incorporaron en el Título III: Delitos contra la Libertad y la Integridad Sexual, un nuevo tipo autónomo de acoso sexual en el ámbito laboral, con agravantes conjuntas o independientes en casos de situación de superioridad laboral, del agresor, y de especial vulnerabilidad de la víctima.
Mercedes Rodríguez Goyena fue miembro informante en el tratamiento de los delitos contra el patrimonio. Allí se terminaron de definir las agravantes, tanto para el hurto como para el robo, en casos de que fuere de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas semejantes destinadas a la prestación de servicios de interés general, causándoles un grave perjuicio; de celulares o tecnología que en el futuro la reemplace, por la enorme vulnerabilidad de los datos que allí se contienen y que las personas llevan constantemente consigo; de vehículos dejados en la vía pública, para proteger, por ejemplo, a trabajadores que hacen entregas a domicilio en motos o en bicicletas; y por los llamados “motochorros” o de aquellos que emplearen un vehículo motorizado con la finalidad de cometer un delito o de darse con él a la fuga, entre otras.
También se incluyó una agravante si con motivo u ocasión de un robo resultare una muerte. Se tipificaron los casos de robo en ocasión de ingreso o egreso de operaciones bancarias, financieras o en escribanías. Se perfeccionó la redacción del delito de robo cuando fuere cometido con un arma de fuego no apta para ser disparada, cuya aptitud para el disparo no haya sido acreditada o fuera de utilería. Además, en el caso de la extorsión, se decidió que si del hecho resultare la muerte de la persona ofendida, la pena será de quince a veinticinco años de prisión, y en el caso que se causare la muerte esta será perpetua.
Los juristas incorporaron el delito de ocupación, cuando esta ocurra sin autorización, en un inmueble ajeno de forma total o parcial; con agravantes si se ocupara más de un terreno, uno de más de 10.000 metros cuadrados, con uso de armas de fuego o explosivos; con documento privado falso o adulterado; con tres o más intervinientes; en terreno fiscal nacional, provincial, municipal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o con valor histórico, entre otras.
Finalmente, para prevenir el aprovechamiento de la ludopatía infantil, se introdujo en el nuevo ordenamiento la defraudación de una persona menor de edad o con capacidad reducida, declarada o no, por medios o sistemas electrónicos.
Al finalizar el encuentro, Julio Báez resaltó: “Realmente hemos avanzando muchísimo, intentamos cumplir con el encargo que nos dio el ministro Mariano Cúneo Libarona. Nos hemos puesto de acuerdo en temas sustanciales, en toda la cuestión de delitos contra el patrimonio, que no es sencilla. La tarea sigue, tenemos la esperanza, para septiembre, de concluir este mandato y, como siempre digo, dar una respuesta de política criminal adecuada a la sociedad”.
En consonancia, el juez Ricardo Basílico destacó: “Avanzamos sin pausa de acuerdo al cronograma previsto, trabajamos aceleradamente y llegaremos a la culminación del nuevo Código Penal a fin de septiembre para su elevación y esperamos su posterior aprobación”.
El cuerpo está integrado por destacadas figuras del ámbito jurídico, de distintos orígenes y experiencias que buscan unificar en un cuerpo único el Código, las leyes especiales y todas las conductas delictivas sancionadas en la legislación penal argentina.
En su ámbito, acompañan al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el presidente de la Comisión, Jorge Buompadre; el juez y presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Hernán Borinsky; la jueza María Eugenia Capuchetti; los jueces Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez; y los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena. La Comisión fue creada y ampliada por resoluciones 25/2024 del 28 de febrero de 2024 y 48/2024 del 13 de marzo de 2024, del Ministerio de Justicia de la Nación.