Atentado a CFK: la decisión de la ex vicepresidenta de “cuidar” a la custodia podría complicar la acusación

“La custodia hace normalmente lo que el custodiado le dice que haga. Sería insólito que la custodia hiciera algo en contra de lo que yo le dije”. Así lo dejó en claro Cristina Kirchner cuando declaró el miércoles pasado en el juicio oral en donde se juzga a los acusados de haber querido matarla: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, como coautores de homicidio agravado en grado de tentativa; y a Nicolás Carrizo, el llamado jefe de los copitos señalado como un partícipe secundario de ese plan.

Durante una hora y media, la ex vicepresidenta expuso sus críticas a la investigación judicial y reclamó que faltaba investigar a los autores intelectuales detrás de ese ataque. Apuntó hacia el fiscal Diego Luciani, que había pedido su condena en el juicio Vialidad (pese a que -según la fiscalía- el plan para matarla se inició en abril del 2022, antes de su alegato), señaló el clima de violencia generada y criticó que la pista sobre Gerardo Milman y el tramo de Revolución Federal no sean parte de este debate.

Cuando le preguntaron que vinculación le atribuía en el ataque del ministro de Economía, Luis Caputo, la testigo solo dijo “la que plantea mi querella”. En la instrucción, el fiscal Carlos Rívolo aclaró que no se encontraron pruebas que demuestren que el grupo tuvo una “financiación” para llevar adelante el intento de homicidio.

El foco en este juicio, no obstante, está en determinar en qué contexto se quiso asesinar a la vicepresidenta. “A solicitud de los secretarios de Cristina y de la mandataria no se nos permite realizar el diagrama de cobertura de 360 grados debido a que ella solicita el contacto con la militancia constantemente”, admitió uno de los policías de la custodia vicepresidencial cuando le tocó declarar como testigo y que deberá presentarse en el juicio.

Durante el juicio oral, la defensa de Uliarte, a cargo de Alejandro Cipolla, le preguntó a Cristina Kirchner sobre su custodia y quien daba las órdenes sobre su seguridad. Ella había admitido momentos antes que “había un chico, un nuevo que se ponía frente a la gente” cuando ella llegaba a saludarlos. “Cumplía con su función -admitió- y yo le dije ´correte´ porque no podía tocar a la gente que venía a verme”. Eso que dijo fue una de las cosas que cambió tras el ataque y la afectó.

Un detalle llamó la atención: el juez Ignacio Fornari -quien junto a sus colegas Sabrina Namer y Adrián Grümberg deberán dar un veredicto cuando llegue el momento- quiso saber si se le habían dado instrucciones a su custodia sobre las personas que hacían un cordón humano. “No, hay una práctica de la militancia desde siempre y que fueron los militantes los que impidieron lo que pasó... Cuando dejás el cargo publico, la organización está en la militancia”, respondió.

Precisamente, uno de los ejes claves será establecer si estaba en estado de indefensión. La fiscalía a cargo de Carlos Rívolo así lo entendió cuando hizo su acusación y elevó la causa: “Las condiciones que se generaron en ese momento y en ese lugar determinados fueron deliberadamente aprovechadas por Sabag Montiel, dado el estado de indefensión de la víctima quien se encontraba rodeada de sus seguidores, constituyeron el marco ideal para llevar cabo el designio criminal que se habían planteado los imputados, quienes lograron sacar provecho de ello y actuaron conscientes y amparados por tal situación”, sostuvo el fiscal.

Cuando acusó, Rívolo encuadró la calificación como un “homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa”. Sin embargo, la querella solo acusó por el agravante de la participación de dos o más personas, sin aludir a ese estado de indefensión. Es precisamente porque allí se pondría en jaque el rol de la custodia.

“¿Y si se cae al momento de las pruebas y los alegatos contra alguno de los tres acusados? En esa estrategia, entonces tampoco podría ponerse en juego la acusación de la participación de dos o más personas”, señalaba ante Infobae uno de los seguidores de la causa.

Es por eso que, desde esa óptica, se mira la insistencia en apuntar contra el agravante de violencia de género, que resaltó la propia Cristina Kirchner en su declaración y que la fiscal Gabriela Baigún dejó expresado públicamente, al inicio del debate, que iba a trabajar sobre esa hipótesis.

Esa mirada fue analiza en instrucción y descartada. En la primera parte de la investigación, Rívolo evaluó acusar a Sabag Montiel por “femicidio en grado de tentativa, mediando violencia de género en la modalidad de violencia política, agravado por haber sido cometido con alevosía y por el uso de arma de fuego”. Entendió inicialmente que “la intimidación social en un espacio público o el ataque físico hacia una mujer política, constituyen formas de manifestar violencia contra el género, cuando ellas ocupan cargos públicos o posiciones de liderazgo, como un modo de conseguir su sometimiento o su subordinación”.

Sin embargo, las pruebas recolectadas en la causa no permitieron sustentar esa hipótesis: no la atacaron por ser mujer pero sí hubo una extrema violencia política. “Ha primado en el accionar de los imputados, y de lo cual trata largamente esta elevación a juicio, una extrema violencia política que se ha manifestado en sus diálogos en relación a la víctima y otros referentes de la vida política argentina, y en los hechos, inequívocamente, hacia Cristina E. Fernández de Kirchner, y que no necesariamente ha sido ejercida por razón de género”, escribió Rívolo.

La fiscal Baigún, que lleva la acusación en el debate, ya alertó que no coincide y irá en busca de probar esa línea. La querella irá también por esa vía. “Cuando era presidenta, entre los dos períodos, sufrí violencia simbólica y no tan simbólica. Todos saben que no soy feminista, y nunca nadie dijo que me estaban agrediendo en mi condición de mujer”, afirmó CFK en el debate.