“La pérdida de selvas y bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, no solo para la alimentación sino también para la curación de enfermedades y para múltiples servicios”. Con la cita de esta frase del Papa Francisco, y en el marco de una causa abierta por posibles daños al ambiente, el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó una medida cautelar para detener los desmontes en la provincia del Chaco e imputó a siete actuales y antiguos funcionarios y legisladores provinciales por una serie de delitos como abuso de autoridad, tráfico de influencias, malversación de caudales, entre otros.
Con el fin de detener la presunta tala indiscriminada de árboles en territorio chaqueño y averiguar si hubo maniobras ocultas y asociadas para facilitarla, el fiscal del caso se presentó ante la jueza Zunilda Niremperger, titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, y planteó una orden cautelar para obligar al cese de actividades en la zona y asegurar la preservación del ecosistema regional.
Además, apuntó contra el actual ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Hernán Javier Halavacs; el empresario forestal y exdirector de Bosques, Miguel Ángel López; el ex subsecretario de Desarrollo Forestal y actual asesor legal del mismo ministerio, Luciano Olivares; el empresario forestal y diputado provincial Atlanto Honcheruk; el diputado provincial Juan José Bergia; el intendente de El Espinillo, Zenón Cuellar; y el ex subsecretario de Recursos Naturales y exministro de Planificación y Ambiente, Hernán Miguel Brunswig.
En su presentación, el encargado de la acusación aclaró que la pesquisa podría extenderse a otras personas si se logra determinar que hubo mayores participaciones en los diferentes delitos bajo el rol de coautores, cómplices o encubridores. Los cargos que utilizó para encuadrar la causa incluyen abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos y asociación ilícita, según publicó este jueves el Ministerio Público Fiscal.
Para la fiscalía, los hechos denunciados se enmarcan en la violación de la Ley Nacional de Bosques N° 26.331 y otras normativas de protección ambiental. También mencionó una serie de compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional en relación con el cuidado del medio ambiente. La denuncia, en rigor, fue realizada el 3 de julio por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, que describió un entramado de corrupción facilitador de la tala indiscriminada de bosques en la provincia chaqueña, con “daños irreversibles” en el territorio.
De acuerdo al planteo de la entidad denunciante, la tala ilegal se produjo como consecuencia de distintas irregularidades administrativas a la hora de recategorizar el suelo, tal como lo fija la ley provincial 4005-R de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Esas maniobras, expresó la denuncia, habilitó los desmontes en grandes zonas de la provincia, “con peligro y daños irreversibles para el medio ambiente y generaciones futuras”.
Bajo ese contexto, el fiscal federal requirió abrir una investigación para analizar el posible desvío de fondos nacionales y de las Naciones Unidas destinados específicamente a la protección de bosques y comunidades de pueblos originarios. A su vez, solicitó una medida cautelar para lograr el “inmediato cese de desmontes” en Chaco en virtud del “análisis de los hechos a investigar y el daño irreversible” que podría efectuar la continuación de las operaciones en el lugar.
“El art. 41° de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, tienen como objetivo la prevención de todo daño ambiental, así como impedir su prolongación y agravamiento, por lo que se hace indispensable el dictado de una medida cautelar que persiga el cese de las consecuencias dañosas con relevancia jurídico penal, esto es toda actividad que altere negativamente el bosque nativo y ponga en riesgo el ecosistema”, expresó el fiscal Sabadini en su escrito.
Y agregó: “Señora Jueza, usted tiene en sus manos aportar su grano de arena en la salvación de este planeta y así demostrar su compromiso, no solo con la ley, sino con la humanidad toda”.
Al finalizar su planteo, el representante del Ministerio Público citó un fragmento de la encíclica del Papa Francisco, “Laudato sí”, donde se lee: “Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta (...). Los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de formas inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial y productiva. La pérdida de selvas y bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, no sólo para la alimentación sino también para la curación de enfermedades y para múltiples servicios”.