Cuadernos: el tribunal avanza hacia el juicio oral, dispuso instrucción suplementaria y ordenó una pericia sobre los manuscritos de Centeno

Finalmente, el Tribunal Oral Federal 7, a cargo de la megacausa ‘Cuadernos’, definió por estas horas cuál será la prueba que se necesita llevar adelante para avanzar con el juicio oral en el que estarán sentados en el banquillo la ex presidenta Cristina Kirchner y sus ex funcionarios, los principales empresarios del país y el remisero Oscar Centeno. Precisamente, ordenó una pericia para saber, en 90 días, si Centeno fue el autor de los manuscritos, un reclamo de casi todas las defensas y que ya estaba en foco en otra causa. Se lo invitó al chofer a realizar un “cuerpo de escritura” para poder compararlos, según el escrito de casi un centenar de páginas al que tuvo acceso Infobae.

El TOF también rechazó “por impertinente” un pedido de la defensa de CFK para investigar las llamadas de teléfonos del fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, instructores del caso. Y habilitó incorporar los teléfonos del ex secretario y arrepentido José López, pieza clave en su condena a seis años de prisión en la causa por la obra pública, como había pedido la fiscal Fabiana León.

Así las cosas, los jueces del TOF 7 Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli, el único que no tiene su asiento en Comodoro Py 2002, resolvió avanzar con el pedido de las pruebas que solicitaron las partes para cuando el caso llegue a debate oral. Bonadio había elevado el caso a esa instancia a fines del 2019. De acuerdo a la causa, a fines del 2022 se conoció qué pedía cada imputado o acusador. Ahora, el TOF definió a qué decirle sí o no.

Oscar Centeno, el otro remisero de Roberto Barata, mano derecha de Julio De Vido, fue detenido un 31 de julio de 2018. Era el señalado de haber escrito ocho cuadernos de viajes en donde se visitaba a empresarios que tenían negocios con el Gobierno para que pagaran coimas. Centeno temió por esos cuadernos y los dejó al cuidado de un amigo, un ex policía llamado Jorge Bacigalupo quien, sin avisarle, se los hizo llegar al periodista de La Nación Diego Cabot. Con la detención de un grupo de ex funcionarios y empresario, irrumpió en la escena pública la llamada causa, que se fue engordando al compás de que los acusados fueran firmando acuerdos como “arrepentidos” para no caer presos o poder salir de prisión.

Los cuadernos relataban viajes, en distintos períodos, en donde Baratta se encontraba con empresarios que solían hacer negocios con el Gobierno y le entregaban dinero. “Hoy 6 de mayo de 2013 vuelvo a escribir después de la muerte de Néstor C. Kirchner que dejé de hacerlo. Pensé que después del fallecimiento no se haría más el ‘valijeo’. Pero sí disminuyó la frecuencia con la diferencia que se recolectaba el dinero para el ministro De Vido y el propio Baratta. No quise anotar más por temor que me descubran y quede sin trabajo. Pero decidí nuevamente (hacerlo) porque en una reunión que tuvo el ministro De Vido, Baratta y la Sra Presidenta Cristina F de Kirchner, en la cual los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales”, dice el cuaderno número 7.

La investigación por el capítulo Centeno es el eje de esta causa, aunque a esta investigación se le fueron sumando otras que ya existían y se anexaron a este mega expediente, y algunas que se abrieron a raíz de las declaraciones de los arrepentidos. Ahí se mezclan los casos de Gas Licuado o la causa por subsidios a trenes (en donde también CFK está procesada), junto a las sospechas por las coimas en los corredores viales o por la cartelización de la obra pública. La investigación por el lavado de dinero que llevó adelante el ex secretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz (y en el que más dinero se pudo recuperar) aún está en proceso y de hecho hay algunas ramificaciones pequeñas que quedaron en instrucción y faltan ser elevadas.

Solo en la causa 9.608/2018 (Centeno) hay 45 personas acusadas por delitos como “asociación ilícita”, “cohecho pasivo”, “cohecho activo”, “admisión de dádivas”, y “encubrimiento”. Los principales acusados en la causa son Cristina Kirchner, Julio de Vido, Roberto Baratta y José López, el financista Ernesto Clarens, y los empresarios Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner (ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción), Enrique Pescarmona y Néstor Otero (el concesionario de la terminal de micros de Retiro), entre otros.

Solo la fiscalía pidió 299 testigos y, entre la prueba, reclamó incorporar los teléfonos del ex secretario de Obras Públicas, José López, secuestrado en la causa del enriquecimiento ilícito en su contra. En cambio, la ex presidenta no pidió a ningún testigo, pero apuntó a otra prueba -para su defensa- clave: las comunicaciones del fallecido juez Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli mientras tramitaron esta investigación. En su escrito, insistió en cuestionar la validez de esta investigación y la autenticidad de los cuadernos

El punto de mayor interés es la pericia sobre los manuscritos. Sobre todo porque uno de los empresarios investigados, Armando Loson, impulsó una causa aparte en donde un peritaje detectó que se manipularon los anotadores y hubo enmiendas en parte de las páginas donde se lo mencionaba a él. A raíz de ello, el amigo de Centeno Bacigalupo fue procesado por encubrimiento agravado y falsificación de documento público por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, pero en julio pasado la Cámara Federal revocó esa decisión y ordenó llevar adelante un nuevo peritaje sobre esos escritos pero esta vez sobre los originales que aparecieron dos años después del inicio de la causa.

Precisamente los originales están en poder del Tribunal Oral y allí se ordenó ahora el peritaje. Según la resolución a la que accedió Infobae se señaló: “Se dispone la realización de una pericia de su especialidad, a través de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses dependiente de la Dirección General de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Gendarmería Nacional Argentina, sobre los seis cuadernos reservados en el Tribunal detallados en el certificado de fs. 18615/18618 y los archivos con copias digitales de las carpetas tituladas “CUADERNO 2005″, “CUADERNO 2006″, “CUADERNO 2008″, “CUADERNO 2008 2009″, y “CUADERNO 2009″, “CUADERNO 2010″, “CUADERNO 2013″, “CUADERNO TEXTO” y “CUADERNO VERTICAL 2015″, que se encuentran en el pendrive “color plateado con bordes de color azul”, aportado por Diego Cabot el 10 de abril de 2018″.

Entre los puntos de pericia se fijó saber “si existe identidad o correspondencia entre ambos, es decir, si puede determinarse que las copias digitales fueron obtenidas de los primeros”; si la totalidad de los textos manuscritos que los conforman pertenecen a un mismo puño escritural; si pertenecen al puño y letra de Oscar Bernardo Centeno y/o de terceras personas, en su caso, deberán individualizarse los pasajes manuscritos; y si se han utilizado uno o varios implementos escritores y estilos de tinta, debiendo informar, en caso de ser posible, la calidad, cantidad y características de sus componentes”.

También ordenó saber si “se aprecian sobrescritos, testados, enmascaramiento con líquido corrector de color blanco, lavados o borrados abrasivos o químicos, o cualquier tipo de alteración y/o modificación en las escrituras, y en su caso, si es posible, reconstruir las anotaciones previas” y “si es posible establecer las fechas en las que las distintas grafías fueron estampadas (su antigüedad), si han sido efectuadas en un mismo o en distintos tiempos escriturales, así como si guardan correspondencia o no con las fechas consignadas, debiendo especificarse cada caso”. El TOF pidió identificar “evolución o involución, desde el punto de vista pericial caligráfico, conforme las fechas que se indican en los distintos pasajes”.

“Específicamente se invitará al imputado Oscar Bernardo Centeno a confeccionar un cuerpo de escritura, recordándosele los derechos que lo asisten y debiéndose convocar al efecto a los peritos que participarán del peritaje ordenado precedentemente. En esa dirección, requiérase a la defensa técnica del encausado que manifieste en forma expresa –dentro de los diez días de notificada-, si se opone a que se lleve a cabo dicha medida. En su defecto, deberán obtenerse elementos indubitables”, se añadio. Centeno vive hoy bajo el régimen de testigos e impugados protegidos y había pedido acelerar el juicio oral, tal como reveló Infobae hace unos meses. El TOF fijó 90 días para completar el peritaje.

Las otras medidas de prueba dispuestas por el tribunal tienen que ver pedir informes a la Jefatura de Gabinete de Ministros para reconstruir cómo eran las distintas estructuras del Estado involucradas en esta causa, las declaraciones juradas de los ex funcionarios o los balances de las empresas investigadas. También a pedir copias de distintas causas judiciales que van desde la causa contra Bacigalupo hasta las causas Los Sauces-Hotesur, pasando por la causa de Lázaro Báez, investigaciones contra Julio De Vido, el caso D’Alessi o la causa del espionaje durante el macrismo.

Sobre ese punto, el TOF hizo lugar al pedido de la fiscal y de CFK para sumar al expediente “copia digitales de los informes técnicos o periciales que se hayan realizado sobre el teléfono celular secuestrado al imputado López” en la causa del enriquecimiento ilícito así como “las copias digitales de los registros de comunicaciones –llamadas, mensajes, etc.- requeridos y obtenidos durante el trámite de la causa, vinculados al nombrado López”. De ahí surgieron los mensajes que el fiscal Luciani usó para acusar a Cristina Kirchner con el plan “limpiar todo”.

“De lo solicitado en el punto B “2″ - identificación de abonados telefónicos “…registrados a nombre del ex Juez Federal Claudio Bonadío y del Fiscal Federal interviniente en la etapa de instrucción, Dr. Carlos Stornelli…” y posterior “…registro de comunicaciones e impactos de celdas…” en “…el período comprendido entre el 1° de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019…”-, NO HA LUGAR por impertinente”, dijo el Tribunal Oral.