Cristina Kirchner volverá este miércoles a los tribunales de Comodoro Py 2002. Las últimas veces que los visitó, previos a la pandemia, su convocatoria tuvo que ver con las investigaciones de corrupción que la comprometen. Esta vez, la razón es otra: declarará en el debate oral en el que se juzga a los tres acusados de haber intentado matarla en la noche del 1 de septiembre del 2022. Desde su rol de querellante, la ex presidenta insistirá en criticar la investigación y reclamará que se avance sobre quienes ella creen que estuvieron detrás de su atentado: Revolución Federal, la familia del ministro de Economía Luis Caputo y el diputado del PRO Gerardo Milman.
Un gran operativo de seguridad se desplegó en el edificio para este miércoles. La audiencia está fijada para las 9.30, como todos los miércoles desde que el Tribunal Oral Federal 6 inició el juicio. CFK será la única testigo. Varios de sus seguidores prometieron acompañarla en su testimonio y luego dirigirse hacia el Instituto Patria. En los tribunales se preveía una convocatoria a sala llena, pese a que la difusión de sus dichos estaba garantizada por la transmisión vía YouTube que se estaba haciendo a pedido de la propia querella.
Casi como una ironía: tal como adelantó Infobae, también estaba prevista para las 2 de la tarde la visita de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que fue convocada al edificio para una reunión por el conflicto con las cárceles federales.
El juicio está a cargo de los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari. En la sala de audiencias, Cristina Kirchner verá cara a cara a los acusados de haberla intentado matar. Fernando Sabag Montiel, el atacante; Brenda Uliarte, su ex novia, y Nicolás Carrizo, el jefe de ambos y señalado como un participante secundario. Según pudo saber este medio, los tres pidieron el traslado del Servicio Penitenciario Federal para estar presentes.
Se prevé una jornada cargada de tensión y expectativa, aunque en los pasillos de tribunales se descuenta lo que va a decir la ex vicepresidenta. Ella misma se encarga de hacer público a través de sus redes las criticas a la jueza María Eugenia Capuchetti y, en menor medida, al fiscal Carlos Rívolo. Y sostener que hubo lazos políticos detrás de este ataque, una hipótesis que se está investigando y no es eje de este debate.
“Mañana iré a declarar al juicio oral que se le sigue a los autores materiales del intento de asesinato a mi persona perpetrado el 1 de septiembre del 2022. ¿De los autores intelectuales y de los financiadores?... Bien, gracias… Duermen protegidos por Comodoro Py. De lo poco que se ha publicado sobre dicho proceso en los medios de comunicación hegemónicos (que claramente lo han invisibilizado), siempre dirigen sus crónicas a acusar a la custodia que tenía como vicepresidenta como responsable del hecho. No me extraña. La hipérbole argentina a full en toda cuestión sobre mi persona”, publicó en la tarde del martes en sus redes sociales.
Lo que llegó al debate oral tiene que ver con la materialidad del hecho: filmaciones y testimonios acreditan que en la noche del 1° de septiembre de 2022 Cristina Kirchner llegaba a su casa, en la esquina de Montevideo y Juncal en el barrio porteño de Recoleta, la esperaban un nutrido grupo de simpatizantes, como ocurría desde unos días antes cuando el fiscal Diego Luciani pidió su condena a 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación al Estado en la causa Vialidad. La rodeaba su custodia que no se dio cuenta de nada. Sabag Montiel estaba entre la multitud. Se acercó y le apuntó a CFK en la cara con una Bersa calibre.32, que gatilló al menos una vez. La bala no salió porque no estaba cargada en la recámara. Terminó atrapado por militantes. La acusación es por tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego.
“Cuando vine acá luego de salir del Senado la gente me estaba esperando a la salida de casa con cánticos, apoyo y libros para firmar. Cuando bajo, hago un trayecto y la gente se forma en un semicírculo sobre la calle Juncal. Yo comienzo a caminar, saludo a la gente y muchos de ellos traen libros para que se los firme. Cuando estaba dando la vuelta por la calle Juncal, veo que alguien revolea un libro. Es la primera vez que me pasa desde que presenté el libro”, declaró Cristina Kirchner al día siguiente, en el living de su casa, frente a la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, cuando aún ambos funcionarios no se habían convertido en el blanco de las críticas de la querella.
“Nunca me pasó que revoleen un libro. Cuando pasa eso, me agacho a agarrarlo. Cuando me levanto, veo que se arma un tumulto de personas que agarran a una persona. Ahí recordé que el día anterior un repartidor había agredido a una persona de mi custodia y pensé que era un caso similar. Luego, termino el circulo, firmo unos libros más y entro a mi domicilio. Cuando venía en el ascensor, mi secretario Diego Bermúdez estaba muy nervioso y me dijo que creía que había habido un arma porque había escuchado un clic. Cuando llegamos al domicilio, nos sentamos en el comedor diario, vimos las imágenes y constatamos lo que había ocurrido. Ahí me empiezo a enterar lo que había pasado (...) Reitero, solo me di cuenta del hecho cuando lo vi por televisión”, añadió.
Según se logró determinar en la causa apenas unos días después del ataque, el plan para matar a Cristina Kirchner había comenzado casi un año antes: el 22 de abril del 2022. “Para limpiar la Argentina hace falta que corra sangre”, escribió Brenda a una amiga. El 4 de julio, Brenda le reveló a Agustina Díaz, su amiga agendada como “Amor de mi vida”: “Voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina… me dan los ovarios para hacerlo … el tema es cómo porque la vieja tiene seguridad”.
En el juicio oral, Sabag defendió su protagonismo exclusivo a la hora de querer matar a la entonces vicepresidenta, con su todavía novia como “espectadora”: “Yo la quería matar a Cristina Kirchner y Brenda Uliarte quería que muera”, le dijo a los jueces. Si bien en los chats decía que quería hacerlo, yo nunca le dije o le ordene a que lo haga. Nunca le di el arma para que lo haga. Ella quería ser más una espectadora del momento que una participe”, contestó. Y más adelante agregó: “Fue un acto en contra de mi voluntad porque en el momento que lo hago sentí que no lo quería hacer pero lo tenia que hacer”.
Brenda tuvo un insólito paso por el estrado al decidir declarar y luego se arrepentirse. Y en la última audiencia, que siguió desde la cárcel, tuvieron que llamarla a la conducta porque cantaba y se reía mientras los testigos declaraba. La defensa busca que la declaren inimputable. Para la fiscal Gabriela Baigun, es un claro hecho de simulación.
Nicolás Carrizo, el jefe de ambos, al momento de declarar, se puso a llorar y le pidió perdón a CFK diciendo que era inocente. “No lo quiero tomar como excusa, pero estábamos tomando un fernet, el alcohol era habitual. Estaba entonado y empecé a mandar mensajes. Les juro que nunca me lo tome con la seriedad que tenía que ser. Hace un año y nueve meses que me estoy castigando por esto. Lo que dije nunca fue cierto, fue en joda”, dijo.
A Carrizo lo comprometen los mensajes que se encontraron en su celular cuando él declaró como testigo. Allí había mensajes donde habla de la organización del atentado. Son del mismo 1 de septiembre y se los envió a Andrea Posadas, su hermanastra: “Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un pelotudo”; “estamos decididos a matarla a puta esa”; “Cristina tiene miedo. Salió mal, pero tiene miedo”; “mi amigo estuvo a un segundo de convertirse en héroe nacional, Andrea. Estuvo muy cerca. Falló el arma. No lo entiendo. Andaba bien”; “mirá, no sé si es una buena noticia, pero el arma con la que intentó ponerla no es la mía, yo le di un 22 corto... Recién hablé con la novia y la tiene ella, así que mañana la vamos a ocultar y vamos a ir a Crónica a hablar”. El arma que Carrizo dice que entregó nunca se encontró.
Se descuenta que CFK hará hincapié en reclamar que se investigue quién estuvo detrás de esas personas que estaban en el banquillo.
Por un lado, las actividades de Revolución Federal, que se investigan en otra causa penal hoy en manos del juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita, en donde la querella apunta a profundizar quiénes financiaban las actividades de la agrupacion violenta y allí apuntan a la familia Caputo.
Por otro lado, apuntan contra la figura de Gerardo Milman, el diputado del PRO porque un asesor del Frente de Todos, Jorge Abello, se presentó 23 días después en tribunales y aseguró haber oído al allegado de Patricia Bullrich decir, 48 horas antes del ataque, decir “cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa”. En la causa ninguna otra persona aseguró haber oído a Milman decir esa frase en el bar Casablanca. Ni la persona que acompañaba a Abello, ni el diputado del FDT Mario Leito que estaba en el bar ni las dos secretarias que estaban con Milman y cuyos teléfonos fueron el eje de disputa con la jueza Capuchetti. Entre idas y vueltas, el diputado del PRO entregó su teléfono para ser peritado, pero no la clave. Y se dispuso que también entregue otros teléfonos que usaba porque ese equipo no era el que estaba activo al momento de los hechos, pero eso debe ser aprobado en el Congreso. La querella mientras tanto insiste en avanzar con más medidas de prueba para saber si las secretarias borraron sus teléfonos en oficinas de Patricia Bullrich.
Los teléfonos han sido el foco del debate en esta investigación. Ayer, precisamente, se suspendió a pedido de la querella la pericia en donde iban a intentar recuperar el contenido del teléfono de Sabag Montiel, otro de los temas de discusión en el caso.
Se trata de un Samsung A50, que Sabag le había comprado por internet a una chica venezolana y que cada vez que se prendia le aparecía “una pantalla con letras rojas que decía ‘CMD WARNING’ y tenía que apretar ahí el botón de power y el teléfono andaba”. En la noche del atentado, el teléfono fue secuestrado y llevado al juzgado, donde un cabo de la Policía Federal intentó ver su contenido, pero el equipo estaba bloqueado con un patrón. Al día siguiente, el teléfono fue enviado a la sede de la PSA, en un sobre abierto según consignó esa fuerza en el acta. Informaron que no podían ingresar porque el celular ya estaba reseteado a modo fábrica.
Un peritaje en Gendarmería estableció que eso sucedió cuando el equipo ya estaba en poder de la PSA. De ese celular solo se pudo acceder a la mensajería de Telegram, tres cuentas de Google y de ahí se tuvo acceso a la nube que contenía gran cantidad de archivos multimedia que están siendo analizados. Es un total de 50 gigas de datos de la “nube”. De WhatsApp solo se pudieron recuperar los mensajes del día del intento de homicidio: es que el teléfono estaba apagado al momento de ser secuestrado y Sabag Montiel no tenía activada la copia de seguridad que permite “levantar” conversaciones más antiguas.