Una diputada denunció a un juez federal de Rosario por favorecer judicialmente al capo narco Esteban Alvarado

La diputada de la provincia de Santa Fe Lionella Cattalini denunció este jueves al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque por presuntas maniobras judiciales para favorecer al capo narco Esteban Lindor Alvarado en el marco de unas actuaciones que tenía a su cargo. La denuncia también incluyó al mismo narcotraficante y a su contador público Gabriel Mizzau, quien habría facilitado el lavado de dinero de Alvarado y mantenía una relación de amistad y profesional con el juez.

La diputada Cattalini, reelegida en su banca en diciembre pasado, solicitó ante el Ministerio Público Fiscal abrir una investigación penal preparatoria contra los tres denunciados en virtud de determinados “hechos que son de público y notorio conocimiento”, tomados de una noticia periodística del portal Aire Digital. En ese contexto, la denunciante relató que Bailaque se desempeña como magistrado federal en Rosario y que fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por haber denegado tres pedidos de intervenciones telefónicas que detuvieron la investigación contra Alvarado, uno de los líderes narco más influyentes de esa ciudad, quien luego sería condenado a prisión por asociación ilícita y por instigar un homicidio, además de ser vinculado al contrabando de grandes cargas de marihuana.

Alvarado fue detenido el 2 de febrero de 2019 en un camping en Embalse Río Tercero, Córdoba, tras evadir a la justicia durante varios años. Durante su captura, intentó deshacerse de su teléfono celular, que contenía información relacionada con su estructura criminal y sus actividades en curso. Según la denuncia, la negativa del juez Bailaque a autorizar una serie de intervenciones telefónicas -pedidas por el Ministerio Público- obstaculizó la pesquisa y facilitó que Alvarado continuara operando su red criminal.

En ese entonces, los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery requirieron que las actuaciones del caso fueran remitidas al Consejo de la Magistratura para evaluar el accionar del juez, argumentando que la inacción de Bailaque entre 2013 y 2015 permitió que Alvarado fortaleciera su posición delictiva. Esa solicitud se materializó en abril pasado. La denuncia, además, resaltó que durante esos años, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) presentó toda clase de informes detallados que identificaban a Alvarado como la “cabeza de una organización criminal”, sin embargo, Bailaque “terminó accediendo a lo solicitado” recién 11 meses después del primer planteo.

Por otro lado, el escrito inicial hizo hincapié en la relación de Alvarado con Gabriel Mizzau, contador público nacional de confianza del temido capo narco, quien para la diputada desempeñó un rol central en el manejo financiero de las empresas utilizadas para lavar dinero proveniente de las actividades ilícitas. En esa línea, consideró que las firmas “Logística Santino SRL” y “Sagrado Corazón de María SRL”, cuyos balances de 2016 y 2017 fueron firmados por Mizzau, sirvieron como vehículos para blanquear las ganancias de Alvarado, actualmente preso en el penal de Ezeiza. La denuncia subraya a su vez que estas sociedades estaban vinculadas directamente al narcotraficante y que incluso Mizzau gestionó la habilitación municipal de una de ellas.

“Por otra parte, el comportamiento de Gabriel Mizzau respecto a su actividad profesional hace presumir un intento por evadir eventuales investigaciones judiciales, cuando el marco de la causa judicial que se lo investiga trascendió que se realizaron allanamientos en sus oficinas, y ninguno de los domicilios que había declarado el contador ante la AFIP o el Consejo de Ciencias Económicas eran los que en realidad utilizaba. No eran ni el domicilio de su estudio ni los de su casa, configurando esto no solo una falta grave, sino, a su vez, un claro indicio de eludir a la justicia”, redactó la diputada.

La denuncia aportó fotos y puso de relieve el vínculo cercano entre el juez Bailaque y Mizzau, compañeros de secundaria en el colegio Dante Alighieri de Rosario y quienes “sostienen una amistad desde hace varios años” con frecuentes viajes a Yacanto, Córdoba. “Al mismo tiempo que Gabriel Mizzau llevaba la contabilidad de las empresas ligadas a Esteban Alvarado, trabajaba también como contador personal del juez federal N°4 Marcelo Bailaque”, explicó Cattalini.

Luego, añadió: “En el mismo sentido, y para reafirmar esta relación estrecha entre el juez investigado y el contador, podemos señalar el hecho de que Sebastián Mizzau, el hijo del contador, entró a trabajar en 2017 al juzgado federal a cargo de Bailaque, donde se desempeñó hasta abril de 2024, cuando fue ascendido al Tribunal Oral Federal N°3, según se dejó trascender”.

Poco después, en un pasaje del documento abocado a tratar la “Vinculación y determinación de participación”, la diputada de Santa Fe afirmó: “Es indiscutible el rol de Esteban Alvarado en la conformación de una empresa criminal al servicio de la venta ilegal de estupefacientes y el consecuente lavado de activos, tal como se puso en evidencia tanto en la justicia provincial como en la justicia federal dentro de las causas donde se lo investigan”.

A su vez, dijo: “El contador público Gabriel Mizzau jugaría un rol técnico profesional indispensable dentro de la empresa criminal, donde su experticia le habría permitido a Alvarado no solo la asistencia en la conformación y habilitación de varias empresas que se encontraban en manos de sus testaferros, sino también en la conformación de los estados contables y balances de las mismas, todo ello podría haber propiciado el lavado de dinero proveniente del narcotráfico”.

“Por su parte, el juez federal Bailaque podría haber realizado un aporte fundamental a la empresa criminal liderada por Alvarado. Su actuar habría facilitado el desempeño de dicha empresa al garantizar la inacción de la justicia en el impulso de las causas a su cargo, o explícitamente habría negado medidas investigativas solicitadas por la fiscalía o la PSA, todo ello con el mismo fin. Se desempeñó en la justicia federal dentro de las causas que investigaban a Alvarado, las cuales estaban radicadas en su juzgado a cargo, pareciera ser conducente con un actuar cuya intención era garantizar que la empresa criminal pudiera llevar adelante su cometido”, concluyó.

Bajo esos términos, la denunciante pidió al Ministerio Público Fiscal que se investiguen los vínculos entre los denunciados y propuso analizar los antecedentes y comportamientos del juez federal. También sugirió realizar allanamientos en los domicilios y oficinas de Mizzau para recabar pruebas que puedan esclarecer su rol en la red tejida por Alvarado, condenado a prisión perpetua en el fuero provincial y sentenciado en 2022 a 15 años de cárcel por gestionar el envío de un camión con más de 400 kilos de marihuana, incautado en Río Negro.