Comienza a regir desde hoy el sistema acusatorio en Mendoza

Por disposición del Ministerio de Justicia, desde las cero horas de este lunes entró en vigencia el nuevo sistema acusatorio en la jurisdicción de Mendoza, donde los fiscales tendrán a su cargo el impulso de la causa en un proceso con plazos más breves y regido por la oralidad. Se trata del Código Procesal Penal Federal (CPPF), recientemente aplicado en Rosario e implementado desde 2019 en las provincias de Salta y Jujuy.

La resolución 165/2024 firmada por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona estableció en mayo pasado que este 5 de agosto entraría “en plena vigencia” el modelo procesal conocido como “adversarial-contradictorio”, a través del cual el Ministerio Público Fiscal y la defensa defienden sus posturas en una instancia oral -sin expediente de papel- y el magistrado controla y decide en función de la prueba labrada bajo el principio de inmediación. La medida apuntar a acelerar los tiempos de los trámites judiciales y otorgarle a la acusación mayores herramientas legales para la persecución de los delitos federales.

A fin de asegurar las condiciones mínimas para asegurar la operatividad del sistema acusatorio en la jurisdicción mendocina, la Cámara Federal de Casación Penal emitió en junio una serie de acordadas para integrar el Colegio de Jueces, tal como lo había hecho en el distrito federal de Rosario antes de que empezara a regir el nuevo CPPF. En rigor, los Colegios son agrupaciones de jueces que se articulan por los principios de flexibilidad y rotación de sus integrantes, lo que brinda una especial eficiencia y celeridad al sistema. Es una forma de trabajo diferente que no deja espacios vacíos o vacantes y permite a cualquier magistrado designado intervenir en las audiencias que se presenten.

En ese marco, por medio de la Acordada 4/24, Casación conformó tres Colegios: uno de Revisión constituido por los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, otro de Juicio formado por los titulares de los Tribunales Federales de Juicio de Mendoza, de San Juan y de San Luis, y un tercero de Jueces de Garantías compuesto por todos los magistrados de los Juzgados Federales con competencia penal y con asiento en las ciudades de Mendoza, San Rafael, San Juan, San Luis y Villa Mercedes.

A su vez, la Acordada 5/24 decidió reformar el Colegio de Garantías con magistrados del Colegio de Juicio en virtud de las vacantes existentes en la jurisdicción y el escaso número de jueces en la primera etapa del proceso penal (5), en contraposición con los de competencia en el juicio oral (11).

El CPPF, aprobado por la ley 27.063 en 2014 e implementado conforme a la ley 27.150 de 2015, tuvo su primera aplicación en Salta y Jujuy en 2019. Además, desde el 6 de mayo, funcionarios del gobierno nacional, de la Corte Suprema de Justicia, de la Casación, la Defensoría y la Procuración encabezaron la puesta en marcha de ese modelo acusatorio en Rosario, con el propósito de propiciar procedimientos judiciales rápidos y eficaces para enfrentar la violencia narcocriminal, los secuestros y la corrupción política, entre otros delitos graves del ámbito federal.

El nuevo modelo procesal le otorga a la responsabilidad a los fiscales para investigar e impulsar la causa. También le otorga mayores facultares para llevar a cabo acuerdos de conciliación y de reparación integral con la finalidad de evitar juicios y sobrecargar, así, la justicia penal con causas de menor complejidad. También les otorga la posibilidad de propiciar el decomiso de los bienes que hayan sido utilizados para cometer un determinado delito.

En esa línea, las principales claves del nuevo modelo procesal son las siguientes: oralidad -desaparece el expediente de papel y el juez resuelve en audiencia-; contradicción -método por el cual las partes exponen sus hipótesis del caso ante el magistrado imparcial-; concentración -apunta a la mayor actividad procesal posible en audiencias multipropósito-; inmediación -las pruebas se generan en presencia de los jueces-; publicidad -las audiencias son abiertas al público, salvo excepción legal-; simplicidad y celeridad -plazos breves en un proceso ágil y dinámico-; desformalización -erradicación de ritos excesivos-.

La implementación del Código Procesal Penal Federal en la Justicia Federal y Nacional Penal depende del cronograma progresivo del Ministerio de Justicia, que prevé extenderlo a todo el país.