El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py dará a conocer el miércoles próximo el veredicto contra el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y otras tres acusadas en el marco del juicio oral por el cual se lo responsabiliza por la presunta manipulación de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el último semestre del 2007.
La Fiscalía pidió que sea condenado a cuatro años de prisión y a 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La defensa reclamó su absolución. La decisión estaráen manos de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel.
Será a las 9.30 horas cuando los tres acusados del caso tengan la posibilidad de decir sus últimas palabras. Luego, los jueces fijarán la hora en la que darán a conocer el veredicto. Junto con Moreno están acusadas Beatriz Paglieri, ex directora de Índices de Precio de Consumo, y las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda.
La causa, que se inició casi 17 años atrás, fue por una denuncia de los entonces senadores radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz. La investigación inicial era por más períodos de la estadística pero fueron rechazados.
De acuerdo con ello, Moreno le habría ordenado a la funcionaria que le revelara los datos correspondientes a los comercios sobre los cuales se efectuaban los estudios de campo para establecer los índices inflacionarios, a fin de “visitar” esas firmas. Como Bevacqua se habría negado a ello -amparada en el secreto previsto en la Ley 17.622 de Estadística y Censo-, Moreno la habría reemplazado por Paglieri. El denunciante también advertía sobre una adulteración y/o manipulación del índice inflacionario publicado por el INDEC en enero de 2007.
Tras idas y vueltas, el juicio comenzó a inicios de abril. “Utilizamos la conversación de los precios. Eso fue lo que hicimos”, declaró Moreno ante el tribunal y dijo que, para su función, el INDEC no era relevante: “Mi trabajo lo excedía enormemente, había que preservar el valor del salario y allí solo hacía estadísticas”.
En esa línea, el ex funcionario relativizó la función del organismo. “Yo no precisaba el INDEC para mi trabajo, mi gestión no dependía de ese instituto. Mi trabajo lo excedía enormemente. Había que preservar el valor del salario y el INDEC solo hacía estadísticas”. Y agregó: “no me interesaba saber los datos estadísticos confidenciales porque yo tenias todos los precios del mercado”.
El ex funcionario, que fue interrogado por los fiscales Luciani y José Lenkiewicz, dijo que los datos de la inflación no son relevantes para saber cómo está la economía. “Yo tengo ferretería y vendo palas, clavos, no hace falta ver una estadística para saber como está la construcción”, dijo y repitió varias veces que es complejo el armado de los precios de un producto.
En el juicio los fiscales federales acusaron a Moreno de haber cometido los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica.
La Fiscalía también pidió cuatro años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Paglieri y dos años de prisión en suspenso y a cinco años de inhabilitación para Filia y Cámpora Avellaneda. “A martillazos bajaban los índices. La inflación no tenía que pasar el 10 por ciento y lo lograban mintiendo”, sostuvo Luciani en sus alegatos. Y agregó: “Moreno, a través de la introducción de Paglieri, había logrado llegar a toda la información confidencial que le estaba vedada”.
Los fiscales también pidieron que se abra una investigación contra la ex ministra de Economía de la Nación, Felisa Miceli. Sostuvieron que el INDEC dependía de su Ministerio y no de la Secretaría de Comercio de Moreno, por lo que entienden que se debe investigar si la ex funcionaria pudo haber también cometido algún delito.
Por su parte, las defensas de los acusados pidieron sus absoluciones al señalar que no se manipularon los índices.
Este es el cuarto juicio oral para Moreno. En octubre del 2017 fue condenado a dos años y seis meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado por haber utilizado fondos públicos para comprar merchandising con la leyenda “Clarín Miente”.
Y en julio del 2022 fue condenado a dos años de prisión en suspenso y a seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de amenazas coactivas por el caso de “¿Casco o guantes?” que ofreció en una asamblea de 2010 de la empresa Papel Prensa. Ninguna de esas condenas está firme, ya que fueron apeladas y, por lo tanto, no se ejecutaron.
En tanto, fue absuelto en diciembre del 2021 por haber perturbado una asamblea del Grupo Clarín en abril de 2013 de la que participó en representación del Estado junto con el hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
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