Causa Polo Obrero: qué dijeron los arrepentidos en el expediente por el que terminó procesado Eduardo Belliboni

“Me dijeron: decidimos que los que debían cápita de mucho tiempo y no movilizan que se les diera de baja (...) me pasaron un listado y yo tenía que comunicarme con las personas y decirles tenés que movilizar porque si no, te van a dar de baja y era la tarea de que en conjunto los delegados en ese momento se juntaron pero yo no estuve pues estuve trabajando”. El que habla es uno de los delegados del Polo Obrero que decidió convertirse en imputado-colaborador en la causa en la que esta semana terminaron procesados varios dirigentes del partido, encabezados por Eduardo Belliboni.

No fue el único. El imputado-colaborador numero 2 fue más preciso a la hora de explicar cómo se aplicaba en el interior del comedor el sistema de “altas por baja”. “Sí, muchos muchos muchos compañeros que hicieron alta por baja los mismos nombres que aparecen ahí en los mensajes ellos estaban en nexo y lo bajaron a potencial”. ¿Por qué se los daba de baja? “Una asistencia (...) no participación”.

El arrepentido número 3 se explayó: “Cuando pedían las bajas o algo era como muy feo para mí porque principalmente más que todo por decir que el Polo dice que no obliga a nadie pero (...) acuérdate que si no movilizaste vas a perder tu plan”. Si no iban a las movilizaciones, los beneficiarios eran degradados de categoría. Las palabras del imputado colaborador vinieron a ratificar lo que los investigadores ya habían encontrado en los chats del grupo “Unidad y Lucha” del comedor Rivadavia I.

Se trata de personas que están sospechadas de haber sido parte de las maniobras de aprietes que se investigan, pero que decidieron hablar con la fiscalía para llegar a un acuerdo en donde apuntaban hacia arriba y se les promete una condena menor cuando llegue el momento de un juicio.

Dos de ellos confirmaron además que las tareas apuntaban a actividades partidarias. “Más que todo a nosotros [haciendo referencia a los delegados] nos hacían hacer las pegatinas, los carteles políticos, ir a repartir volantes, ir a sacar mesas políticas para hablar que es lo que tenían que hacer los candidatos (...) del Partido Obrero”, dijo uno de ellos. Es más: dijo que debió participar como “fiscal de mesa” durante las elecciones. “Teníamos que fiscalizar sí o sí por el partido, estar todo el día, esperar el conteo de votos”, afirmó el arrepentido numero 2. El numero 3 añadió: “Para las PASO y para las elecciones generales tuvimos que ir a fiscalizar (...) Tenían que ir a repartir boletas, pegatinas, después también (...) sacábamos mesitas con cuadernos de empadronamiento (...) había algún panfleto de Vanina o de Solano”.

Para la fiscalía, todo esto es demostrativo “de forma palmaria” del accionar coactivo de la organización, al exigirles a los destinatarios del Potenciar Trabajo la presencia y asistencia a las marchas y la participación en distintas actividades partidiarios. E insistió en que esas presiones nacían desde la propia estructura piramidal.

El dato no es menor para el Ministerio Público: el juez Sebastián Casanello procesó a Belliboni y a gran parte de los imputados por administración fraudulenta, pero sólo a dos mujeres por las amenazas y la coacción a los beneficiarios. “Los chats grupales aportados por los denunciantes, el contenido de la extracción de los celulares de los imputados y la documentación secuestrada revelaron que las prácticas que los encargados de los comedores les exigieron a los beneficiaron del plan no tenían que ver con el objetivo de la política pública”, dijo el juez.

Para el fiscal Pollicita, todo formó parte del mismo sistema y por lo tanto todos deben responder por esa figura penal. Tomó como ejemplo los dichos del imputado colaborador n° 1 diciendo “Chiquito Belliboni siempre mandó por Whatsapp en el grupo de Polo CABA (...) audios de un minuto, dos minutos, a veces más también diciendo que nosotros teníamos que convocar a la gente con fuerza a la movilización, siempre con fuerza y a esa gente nosotros teníamos que avisarles personalmente que tenían movilización o enviar por los grupos, no se, ellos nos mandaban el instructivo también, mandaban unas fotos diciendo la dirección exacta donde iba a ser la movilización (...) poner la información esa digamos que ellos nos dan (...) media hora antes, con fuerza todo (...) y lo mismo de Jeremías”. Jeremías es Jeremías Cantero, número dos en la estructura y también procesado en esta causa.

A los chats que formaron parte de la causa y las exposiciones de los arrepentidos, los acusadores valoraron otras declaraciones testimoniales, bajo juramento de decir de verdad: “Tuve que ir un año a movilizaciones para que me den el plan Potenciar. En las marchas nos tomaban listas y depende de cuántas veces faltaba la gente le hacían llamados de atención”, señaló. “Yo los consideraba mis jefes a Jeremías Cantero y a Eduardo Belliboni, porque supuestamente eran los que se encargaban de que a nosotros nos entreguen el plan y todo. En el grupo de WhatsApp llamado ‘Pavimento Alegre’ que el administrador era Jeremías Cantero había mucho disturbio por el tema de la entrega de la comida, porque había gente que no recibía como corresponde la comida (...) así como también aportó fotografías de los diversos cuadernos de asistencia”, dijo una mujer que asistía al comedor “Pavimento Alegre” en la Villa Zavaleta de esta ciudad.

Los detalles de este entramado quedaron expuesto no solo en el procesamiento dictado por Casanello sino también en la apelación de la fiscalía para que se amplíen los procesamientos de Belliboni y el resto, y para que se llame a indagatoria al lider del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, que fue funcionario del área de Economía Social durante el gobierno de Alberto Fernández.

“Los funcionarios de la Secretaría de Economía Social no solo desembolsaron subsidios millonarios —al menos $361.087.500— en favor del Polo Obrero, sin ningún respaldo informativo ni documental respecto del destino del dinero público y pese a las observaciones de las áreas jurídicas basadas en la normativa, es decir sin saber en qué se invertirían y aplicarían los fondos públicos, apartándose deliberadamente y en forma notable de los deberes que tenían en razó El derecho de defensa en juicio también se vio vulnerado durante las audiencias de declaraciones indagatorias.n de las competencias asignadas por ley; sino que además omitieron deliberadamente controlar y supervisar la efectiva realización de las actividades y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Unidad de Gestión del Polo Obrero, garantizando además la prolongación irregular de los plazos de ejecución de los convenio”, dijo la acusación.

El juez, sin embargo, entendió que no hay elementos suficientes para una indagatoria. Y ordenó llevar adelante una serie de medidas previas: dispuso una serie de declaraciones y reclamó que el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello envíe el registro de visitas de todos los ex funcionarios investigadores y el back up de sus correos electrónicos.

Para los acusados, sin embargo, todo debe ser declarado nulo. En un extenso escrito en donde se insiste en el “rol central e irremplazable” que cumplieron los comedores populares “ante la inexistencia de políticas que contribuyan a desarmar la pobreza”, las apelaciones de Belliboni y el resto de los acusados apuntan a cuestionar toda la investigación y denunciaron que “los testimonios de los colaboradores imputados y su incorporación sorpresiva en el procesamiento” fue “ocultado a la defensa y a los imputados hasta esta instancia”.

“Para armar un nexo probatorio sin testigos que tienen de por sí un interés en el resultado de las actuaciones sea por su carácter de denunciantes y/o colaboradores imputados, se ha recurrido a tres testigos que la fiscalía o el tribunal logró arrastrar para declarar”, se sostuvo. Incluso afirmaron que “las citas ‘que tenía que ir a marchar’, ya que si no lo hacia ‘podía perder el plan’ está extraída de un contexto donde relata una charla de concientización política sobre la necesidad de marchar para mantener el plan y la comida, ante la amenaza clara de los gobiernos de turno de quitarlos”.

“No se pueden cuestionar sus declaraciones que podrían estar viciadas de intenciones particulares o resentimientos. De hecho, algunos miembros han sido expulsados por el método asambleario descripto anteriormente, producto de manejos punteriles, desviación de recursos detectados por las bases o inconductas con respecto a otras compañeras y compañeros”, sostiene la apelación de los abogados Liliana Alejandra Alaniz, Eduardo Penello y Claudia Ferrero.

Ahora, la decisión de revisar el procesamiento, los pedidos de la fiscalía y de las defensas quedará en manos de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens que ya tuvieron intervenciones previas en la causa: avalaron los allanamientos que hicieron que esta investigación se hiciera pública.