![El camión secuestrado por la Policía de Chubut](https://www.infobae.com/new-resizer/yuqbEwaTpLKY0FCEqhFp8s7ssaI=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/F4AV63GIRNB4BI7X7H632ZQCIE.jpg 420w)
La Policía de Puerto Madryn, en Chubut, secuestró un camión Ford cargo que pertenece al empresario Lázaro Báez y que tenía pedido de secuestro en la causa “Los Sauces-Hotesur”, en la que junto con Báez está elevada a juicio oral y público la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner y otra treintena de imputados.
Se trata de un camión Ford Cargo 1722 dominio FXS-463, con acoplado, que formó parte de los bienes embargados por el juez federal Julián Ercolini en la causa judicial. Sin embargo, en el momento en que se buscó incautarlo, el vehículo no fue hallado. Por eso la Justicia emitió una orden de secuestro, según lo que informaron a Infobae fuentes judiciales.
Ayer a las 20 horas, oficiales de la comisaría cuarta de Puerto Madryn estaban realizando un control de vehículos cuando detuvieron al camión y constataron por el sistema que la orden de secuestro estaba vigente. Así se dio aviso al juzgado federal de Ercolini que remitió la consulta al Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py, donde hoy está radicada la causa judicial. Y desde el tribunal oral dieron la orden de secuestrar el camión.
En la causa “Los Sauces-Hotesur” se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita de parte de esas sociedades, propiedad de la familia Kirchner, en el alquiler de sus hoteles y propiedades a los empresarios. La imputación es que los alquileres se hicieron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
El expediente fue elevado a juicio oral y público y el TOF 5 en noviembre de 2021 sobreseyó a la treintena de acusados que tiene el caso, entre ellos Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Pero luego la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión y ordenó que se avance hacia el juicio oral. Solo quedó firme el sobreseimiento de Florencia Kirchner. Las defensas apelaron el fallo de Casación para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fiscal del juicio, Diego Velasco, pidió reanudar la causa judicial para que se completen las medidas de prueba pendientes y se haga el juicio oral. Pero el TOF 5 hace dos semanas dictó un fallo en el cuál dispuso mantener suspendida la causa judicial hasta tanto resuelva la Corte Suprema ya que será ese el pronunciamiento definitivo de la causa.
![Lázaro Báez](https://www.infobae.com/new-resizer/FAdK1eAl4yYKCksZCAUrAb7-aLs=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQG6EJBYSNEUDIVXA2RC22X5JM.jpg 420w)
Los jueces Adriana Palliotti, José Michilini y Nicolás Toselli señalaron que el Código Procesal Penal de la Nación “establece claramente que los recursos pendientes en las Cámaras o en la propia Corte no impiden que las causas penales sean elevadas a juicio oral y público, pero que dichos recursos sí obstan a la fijación de la audiencia de debate”. Así señalaron que avanzar con las medidas de prueba de la Fiscalía “en miras a dar inicio a la eventual audiencia de debate oral y público que se lleve a cabo en el marco de los presentes actuados, colisiona con la postura antes referida” y agregaron que el fallo de Casación para que se avance con el juicio no está firme.
“Los Sauces-Hotesur” es una de las causas que la ex presidenta tiene elevadas a juicio oral. También los expedientes dólar futuro y la firma del memorándum con Irán. En el primero fue sobreseída por Casación y en el segundo Casación revocó su desvinculación y ordenó que se avance con el proceso. Ambos también están apelados en el Corte. En tanto, tramita en el Tribunal Oral Federal 7 la causa de los cuadernos de la corrupción y la condena por la obra pública en Santa Cruz está en revisión.
La ex presidenta cuenta con una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el caso de las obras públicas que para Santa Cruz recibió Lázaro Báez.