Pidieron citar a indagatoria a Emilio Pérsico por encabezar una matriz de corrupción con los subsidios

El fiscal Gerardo Pollicita pidió que Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita que fue responsable de la Secretaría de Economía Social durante el Gobierno de Alberto Fernández, sea citado a declaración indagatoria. Lo acusa de haber encabezado una “matriz de corrupción” que permitió que el Polo Obrero “extorsionara a beneficiarios de planes sociales” y usara el dinero que recibía para financiar sus actividades partidarias. En el mismo dictamen presentado ante el juez Sebastián Casanello, el fiscal reclamó la declaración como acusados de más ex funcionarios nacionales y que el magistrado vuelva a convocar a indagatoria a Eduardo Belliboni, entre otros dirigentes. El fiscal sostiene que existió un fraude al Estado por al menos 36 millones de pesos.

“La prueba reunida permite afirmar que la conducta ilícita desplegada por los imputados no se trató de un engaño o una puesta en escena por parte de las autoridades del ‘Polo Obrero’ frente a los funcionarios del ex Ministerio de Desarrollo Social, como se sostuvo hasta el presente. Sino que, por el contrario, se ha podido acreditar la existencia de una matriz de corrupción en el por entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde —al menos— marzo de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2023, a través del cual funcionarios de la Secretaría de Economía Social — encabezada por Emilio Pérsico— que eran los responsables de la asignación y control de los fondos estatales destinados a la ayuda social”, dijo Pollicita en el dictamen al que accedió Infobae.

Allí se sostuvo que tanto funcionarios del gobierno de Alberto Fernández como las autoridades del Polo Obrero, dirigidas por Belliboni actuaron “con el propósito de perjudicar los intereses confiados, desviaron los fines de las políticas sociales en beneficio de las autoridades de la agrupación de izquierda y “se apropiaron de una porción de los fondos públicos destinados por el Estado Nacional”.

El pedido de indagatoria apunta a Pérsico y los ex funcionarios de su área Pablo Ariel País, Walter Gramajo, María Inés Castillo, Romina Selzer Soria, Ernesto Migone, Mariana Fernández y Ernesto Paillalef. También pidió que sean nuevamente citados a declarar Belliboni, Mariano Centanni, Elizabeth De Palma, Ivan Ortiz, Maria Isolda Dotti, Erika Lubenfel y Ezequiel Coego, quienes aparecen en la firma de esos convenios, para ampliar la acusación por estos hechos.

El planteo llega cuando el juez Casanello ya había finalizado la ronda de indagatorias y se disponía resolver las situaciones procesales: si los procesa, los sobresee o les dicta la falta de mérito. Las acusaciones de extorsión se ampliaron a las sospechas de irregularidades en el manejo de dinero con facturas truchas.

Los imputados que aceptaron declarar explicaron que no se le negaba la comida a nadie. Los dirigentes más políticos aseguraron que los aportes de dinero eran voluntarios y que existe una persecución política por parte del Gobierno contra los movimientos sociales. Todos rechazaron los delitos. Y en los últimos días previos a la feria, el propio Belliboni había pedido ampliar su declaración.

La causa se inició a raíz de las denuncias que recibió el Ministerio de Seguridad el 20 de diciembre, en una de las primeras movilizaciones contra el Gobierno. Anónimamente, beneficiarios de planes sociales denunciaron aprietes de las organizaciones sociales para participar de las protestas. Con esa información que incluyó reportes de todo el país se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.

La causa avanzó sobre distintos miembros de las organizaciones “Polo Obrero”, “Frente de Organizaciones en Lucha” (FOL) y “Barrios de Pie”, quienes se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a beneficiarios del Programa “Potenciar Trabajo” bajo diversos conceptos y forzarlos a participar de las “movilizaciones” y actividades políticas de las agrupaciones a las que pertenecen, todo ello bajo la expresa amenaza de dar de baja la prestación sociales, dice la acusación.

“Ha podido comprobarse preliminarmente que, al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social —personas en situación de alta vulnerabilidad social—, bajo diversos conceptos —“cápitas”, “cuotas”, “alquiler de comedor”, etc.—, cobrarles por la entrega de alimentos —pese a que los recibían gratuitamente del Gobierno Nacional—, obligarlos a vender por la zona la comida recibida del Estado Nacional —quedándose los acusados con la ganancia— y/o forzarlos a participar de “movilizaciones” de las agrupaciones políticas a las que pertenecen —e incluso en algún caso repartir volantes de candidatos a comicios electorales—; todo ello bajo la expresa amenaza de que, en caso de no cumplir con esas exigencias, se les daría de baja de la prestación social y/o se les negarían los alimentos y la mercadería”, sostuvo el fiscal Pollicita en su acusación.

La Fiscalía promovió entonces treinta allanamientos y pidió la indagatoria de 28 personas. Semanas después, el juez Casanello ordenó las indagatorias. Sin embargo, descartó a los beneficiarios con menos poder dentro de la organización e incluyó en la nómina de acusados a Belliboni, por las facturas que se habían encontrado en los allanamientos.

“Considero acreditado -con el grado requerido legalmente en esta etapa- que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa “Potenciar Trabajo””, afirmó el juez al llamar a indagarotorias.

El juez sostuvo que se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”. Y resaltó que “se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, agregó.

En su indagatoria, Belliboni negó las acusaciones, contó cómo funcionaba el Polo Obrero y presentó tres biblioratos con documentación para contrarrestar la imputación. Además, insistió que se trata de una causa armada por el Gobierno de Javier Milei. “Justo esta causa comienza con la campaña antipiquetera y de representación que inició el Gobierno el 20 de diciembre”, había dicho el dirigente ante la prensa. Y, tal como detalló Infobae, el 11 de julio, antes del inicio de la feria judicial, Belliboni pidió volver a a declarar: quiere exponer sobre la parte de rendiciones contables de la acusación que es el uso de facturas falsas para justificar gastos.

A los sospechosos que fueron indagados, Pollicita sumó ahora a los sospechosos que debían controlar los fondos asignados. Para el fiscal, hubo una “matriz de corrupción” entre el Estado y el Polo Obrero. Según afirma, el esquema se instrumentó del lado público “a partir de funcionarios que, encontrándose a cargo de la administración y cuidado de los intereses y fondos estatales deliberadamente incumplieron los deberes a su cargo tanto en la asignación, ejecución y control de los fondos públicos con el fin de beneficiar a la organización ‘Polo Obrero’ en perjuicio del Estado Nacional”.

Todo se centra en el Programa “Potenciar Trabajo” que buscaba que el Estado financiara —a través del otorgamiento de subsidios— la ejecución de proyectos productivos por parte de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y le daba dinero a personas vulnerables para promover su inclusión. Según el fiscal, los funcionarios dirigidos por Pérsico y los responsables del Polo Obrero “corrompieron su actuación: los primeros con el propósito de beneficiar ilegítimamente a los segundos, y estos últimos, valiéndose de las facultades delegadas y los fondos públicos, para alcanzar sus propios fines particulares, en principio, de índole político-partidario”.

Pérsico estaba al frente de la Secretaría. Gramajo era secretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local. La Unidad Ejecutora Especial Temporaria del Plan Potencial Trabajo fue ocupada por , Pablo Ariel PAÍS. La acusación apunta también a la ex directora nacional de Economía Popular María Inés Castillo, la encargada de la dirección de Desarrollo de Infraestructura Local Romina Selzer Soria y el director de Terminalidad Educativa para los Actores de la Economía Popular Ernesto Juan Migone, junto a . Paillalef, que estaba al frente del área de seguimiento para programas de integración; y Mariana Fernández a cargo de la Coordinación de Rendición de Cuentas. Para todos ellos el fiscal promueve la indagatoria.

Según el Ministerio Público, “los dirigentes del PO pusieron a disposición de la maniobra fraudulenta las personas jurídicas ASOCIACIÓN CIVIL POLO OBRERO y COOPERATIVA DE TRABAJO EL RESPLANDOR LIMITADA, por medio de las cuales se constituyeron como Unidad de Gestión del Programa ‘Potenciar Trabajo’” en cuyo marco “recibieron funciones y dinero público en carácter de subsidio y perjudicaron los intereses confiados aplicando esos fondos a fines particulares —actividad político-partidaria— mediante la presentación de facturación apócrifa o a través de la simulación de gastos no concretados”.

“Lejos de tratarse de un engaño o ardid por parte de las autoridades del ‘Polo Obrero’ hacia funcionarios que cumplían con sus deberes, se trató de un esquema de corrupción en el que, en forma coordinada, las acciones y omisiones de los funcionarios públicos se acoplaron a la actuación de los particulares con el objeto de desviar, por un lado los fines de la política social y, por otro, una parte de los fondos públicos que buscaban alcanzar esos fines”, se afirmó.