Madres pobres y clínicas de fertilización: la megacausa que investiga si la subrogación de vientres fue trata de personas

Tiene 40 años y seis embarazos. Uno de sus bebes nació muerto y dos de sus criaturas son discapacitadas. Viuda de su primer marido y con su segunda pareja presa, la mujer aceptó la propuesta: llevar en su vientre otro embarazo a cambio de un dinero que le permitiera refaccionar su casa. Llegó a la fiscalía un mes después de dar a luz. Estaba con hipertensión, mastitis, incontinencia y sangrado. Ningún médico la volvió a revisar después del parto. El dinero se terminó. Quedó a su suerte. La misma suerte que tenía antes de aquel embarazo.

Esa mujer es una de las 14 víctimas por las que los fiscales de Córdoba, Enrique Senestrari y Carlos Gonella, y la Procuraduría de Trata de Personas, a cargo de Alejandra Mángano, acaban de pedir la indagatoria y detención de nueve personas acusadas de captar a mujeres en situación de vulnerabilidad para oficiar de vientres subrogantes en procesos de fertilización asistida para terceros.

Se trata de los directivos de dos clínicas de esa ciudad, médicos, psicólogos y abogados que participaron en el proceso. El juez federal Alejandro Sánchez Freytes, a cargo de la causa, ordenó las indagatorias, pero rechazó las prisiones preventivas. Esa decisión fue apelada por los acusadores.

Es la primera vez que se aplica la figura en un caso de subrogación de vientre. Y abre un gran debate: ¿qué podría pasar con aquellas personas que pagaron por esos embarazos y que tienen concedida la adopción de esos bebés?

Hay un sinnúmero de personas que no pueden tener hijos y quisieran ser padres. Muchas veces para ellos la adopción no es una opción. Y es por eso que se recurre a la gestación por sustitución, una técnica que ofrece la posibilidad de maternar y paternar con sus propias gametas a pacientes que de otra manera no podrían hacerlo: una mujer denominada “gestante” lleva adelante un embarazo a partir de la transferencia de un embrión conformado con material genético (óvulos y espermatozoides) provenientes del/la/los futuro/s progenitor/es que se llamarán “comitentes”. La modalidad está avalada en distintas partes del mundo. Y en Argentina se vio incrementada, especialmente después de la guerra en Ucrania.

El problema es que aquí en la Argentina hay un vacío legal. Ni la Ley N° 26.862 de acceso integral a los procedimientos y técnicas médico asistenciales de reproducción médicamente asistida, ni el Código Civil y Comercial de la Nación regulan la gestación subrogada. No está regulada pero al no estar prohibida la práctica se lleva adelante. Con un detalle clave: la mujer que acepta esa subrogación debe hacerlo de modo altruista.

En la Argentina es obligatoria la intervención de la justicia de familia para autorizar u homologar los procesos de maternidad subrogada. El escenario es diferente en la ciudad de Buenos Aires, en donde es válido un acuerdo ante escribanos públicos y la inscripción del bebé en el Registro Civil como hijo de la persona que se quedará con el bebé.

Un llamado anónimo a la línea 145, que se usa para denunciar casos de trata y explotación de personas, aseguró que en Córdoba se estaban pagando a personas vulnerables para llevar adelante embarazos a través de clínicas de fertilización. Los fiscales comenzaron a investigar y lo primero que hicieron fue consultar a la justicia de familia, la encargada de registrar adopciones. Allí se encontraron con jueces de familia que les confiaron que, a través de los expedientes, notaban que “algo raro pasaba” y sospechaban irregularidades pero no podían hacer nada.

“En todos los escritos se pintaba poéticamente una situación de lágrimas y abrazos cuando la chica iba a prestar su panza. Sin embargo, al escarbar, nos encontramos con otra historia: esas mujeres, la mayoría de pocos recursos, no conocían a las personas a las que les iban a entregar el bebé. Les decían que tenían que decir que los conocían. Y nos encontrábamos con historias como que se conocieron en una plaza cuando vivían a 30 kilómetros de distancia y no había ninguna otra prueba que demostrara que eran amigos de antes”, dice a Infobae el fiscal Senestrari. “Lo que había detrás era un negocio”.

“Los intermediarios arman una foto: una excelente relación en la que la gestante decidió voluntaria entregar nueve meses de su vida para dar a luz un bebé de manera altruista. Pero todo era habría sido una mentira, en donde intervinieron profesionales”, añadió.

En abril, la justicia avanzó con allanamientos en dos clínicas de fertilidad de Córdoba para secuestrar documentación, que permitiera cruzar la información de los casos bajo sospecha. Y después del análisis los fiscales Senestrari, Gonella y Mángano le pidieron la indagatoria y detención de los nueve personas. Se trata de directivos y médicos de las clínicas, abogados y psicólogos.

La acusación señala que las clínicas habrían ofrecido las mujeres víctimas a los padres intencionales que se habrían acercado a la clínica para consultar y, posteriormente realizar, la gestación por subrogación. Luego los abogados habrían hecho las gestiones para ocultar la situación de las víctimas, la relación con los comitentes y especialmente el aspecto económico del acuerdo. Los psicólogos, en tanto, habrían sido parte certificando la aptitud psicológica para el procedimiento.

No solo puede haber más imputados. También pueden aparecer más víctimas. Por eso los investigadores son cautelosos a la hora de dar más precisiones.

¿Por qué encuadrar el caso bajo la figura de trata? Para los investigadores no había una libre voluntad de esas mujeres a la hora de prestar su cuerpo. Se captó a personas con fines de explotación, con el agravante de la vulnerabilidad y cantidad de víctimas. ¿Cómo? Muchas veces a través de redes sociales ofreciendo dinero.

Un detalle: todas eran de condición humilde, tuvieron seguimientos médicos durante el embarazo, eran abandonadas después del parto sin ningún tipo de seguimiento médico. No cobraban hasta que no entregaran el bebé ni si tenían un aborto espontáneo. Y tampoco sabían cuánto era lo que, en realidad, pagaban las personas que se quedarían con el bebé. Tenían prohibido hablar de dinero con los comitentes, señalan los investigadores.

La figura de trata estaría agravada por mediar engaño, fraude, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento, que las víctimas estuvieran embarazadas y sean más de tres, y en por la participación de tres o más personas. La sospechas también incluyen denuncias de hostigamiento por parte de los acusados hacia mujeres que, tras presentar dudas, decidieron no ser parte de estas maniobras.

Según el dictamen, “aún cuando la actividad desplegada por las personas imputadas haya sido presentada ante las autoridades judiciales como casos no regulados por ley, habrían desplegado con habitualidad un negocio criminal dedicado a la captación de mujeres, muchas de ellas vulnerables y en condiciones de pobreza, con la finalidad de ser sometidas a una explotación equiparable a la reducción a la servidumbre mediante la práctica de gestación por sustitución, a cambio de una contraprestación económica y en algunos casos poniendo en riesgo su salud e incluso abandonando a las víctimas una vez nacido el niño/a, todo ello con el propósito de que las personas implicadas en el negocio -responsables de clínicas, abogados, entre otros- obtengan cuantiosas ganancias económicas”.

Los fiscales sumaron al escenario la comisión de delitos contra la fe pública por hacer insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas, lo que se materializa en los supuestos acuerdos entre la persona gestante y los comitentes presentados por los abogados para su homologación judicial.

“Gran calidad profesional y tecnología médica, la falta de regulación, una tremenda desigualdad social y una demanda no satisfecha de bebés recién nacidos para adopción armó un mercado. En muy pocas situaciones vimos que se haya tratado de una decisión libre”, afirman los fiscales. “Una cosa es que los comitentes paguen por los gastos médicos, pero lo que parece acá es que apareció una veta para maximizar ganancias”.

A eso apunta otra parte de la investigación: se trata de operaciones en negro y por eso aún no se sabe cuánto dinero se movió detrás. Por lo pronto, la fiscalía pidió que la inhibición de bienes de los nueve imputados para garantizar la reparación económica a las víctimas una vez que se dicte una sentencia definitiva.