Sebastián Basso, fiscal del caso AMIA: “El paso del tiempo es la mayor complejidad que tiene la causa”

Sebastián Basso está al frente de una fiscalía federal de Morón. Acostumbrado a ver secuestros y perseguir bandas narcos, un día le avisaron que lo querían al frente de la investigación más compleja que tiene la justicia argentina: dar respuesta a lo que pasó con el mayor atentado terrorista ocurrido en Buenos Aires, la voladura de la AMIA que el 18 de julio de 1994 mató 85 personas. También a los delitos que se cometieron al compás de esa investigación.

Resistido inicialmente por un grupo de familiares por ser el sobrino de la ex camarista federal Luisa Riva Aramayo, Basso avanzó e imputó a cuatro nuevos sospechosos: miembros de Hezbollah que habrían prestado colaboración al principal armador del atentado Samuel Salman El Reda o Salman Raouf Salman, un miembro activo de esa agrupación que vivía en la Triple Frontera y estuvo en Buenos Aires en julio de 1994 cuando ocurrió la voladura. A él se le adjudica haber transmitido información indispensable para la concreción del ataque. Se cree que fue un nexo de los agentes internacionales que actuaron en territorio argentino.

— ¿Cómo llegó a la causa AMIA?

— Yo llego a fines del 2018 porque el Procurador me designó. Mi experiencia en terrorismo, entre comillas, es esta. Un secuestro como uno de los tantos que denuncian en la DDI de Morón. La denuncia se radicó el 13 de enero de 2017. Como fiscal federal de Morón que soy, tomé intervención. Una chica dijo secuestraron a mi mamá y piden un millón de dólares para que un empresario conocido lo pagara. La Bonaerense me dice está secuestrada en Siria. Acá mi jurisdicción es Matanza, Moreno, Merlo… Es muy grande. Que exista la calle Siria, Estambul, puede ser porque la jurisdicción es inmensa. Y la policía me dijo ‘no, es Siria… Siria, Siria. No puede ser, me dije. Y mandaron un video donde había una mujer con los terroristas con una bandera de ISIS. Ahí empezamos a investigar.

— ¿Y qué descubrieron?

— La mujer se había ido del país voluntariamente. Una mujer grande, de clase media, con dos hijos, profesora de historia, que había tenido problemas de salud mental. Había sido radicalizada en Argentina. Concurría a una mezquita. Para nosotros estaba en el exterior y era plausible el secuestro. Sale la Bonaerense y entra la Policía Federal y la AFI. A partir de ahí se comenzó a investigar un secuestro peculiar: todos los indicadores daban que estaba en Siria en medio de la guerra. Empiezo a tener diálogos vía redes sociales con los secuestradores. Pedían plata a un empresario, porque la mujer tenía un pariente en la empresa. Nunca avanzamos y los diálogos se cortaron. Nunca más supimos de ella. Temíamos que la hubieran matado. Meses después dos terroristas se acercan al consulado argentino en Estambul a pedir que el Gobierno argentino pague plata por esta mujer. Ya ahí tomó otro cariz. Efectivamente se confirmó que estaba viva y en Siria. Nunca se supo bien si ella era integrante de la organización o víctima, o las dos cosas. Después de idas y vueltas, la mujer ingresó a Turquía, fue alojada en un campo de refugiados, la empezamos a buscar, la trajimos y quedó internada en un neuropsiquiátrico. Nunca le pudimos tomar una declaración porque no estaba en condiciones. Eso me tocó vivir. Yo creo que por ese hecho el Procurador me eligió. A partir de ahí me hice cargo de AMIA.

— ¿Cómo fue hacerse cargo de la causa AMIA?

— Siempre la idea fue avanzar todo lo que se pudiera, teniendo en claro que llegué 25 años después, en donde el fiscal más protagónico que tuvo el caso, Alberto Nisman, murió en circunstancias peculiares que aún se investigan; mientras que tanto el primer juez Juan José Galeano, como los primeros fiscales que tuvieron la causa Eamon Mullen y José Barbaccia, los encargados de la inteligencia y los policías y la política (el ex presidente Carlos Menem) estaba en juicio oral por delitos cometidos en ocasión de la investigación.

— ¿Cuál es la mayor complejidad que tiene la causa AMIA hoy?

— El paso del tiempo. Y que es un hecho de terrorismo transnacional donde la mayor parte de la prueba que tiene que ver con la identificación de los autores está en el extranjero. Por lo tanto dependemos ciento por ciento de la cooperación internacional

— ¿Qué se pudo establecer hasta ahora?

— Siempre diferencio entre los niveles de certeza y de verdad. En tema de terrorismo siempre hay mucho trabajo de las análisis de inteligencia que se manejan con niveles de certeza distintos a los que necesitamos en tribunales. No significa que mientan, sino simplemente que tienen otro nivel de certeza. Ellos (los servicios) pueden considerar que tus dichos son fuente fiable pero eso yo no lo puedo usar como prueba. Y seguramente vos decías la verdad. Pero son niveles de certeza distintos. Entonces una de las complejidades que tenemos es este. Que el nivel de certeza que se adquirió sobre el hecho a nivel de los servicios de inteligencia no puede ser replicado 100 por ciento a nivel judicial. Otro tema importante es que la mayoría de las investigaciones se rozan con la inteligencia y por lo tanto no tienen capacidad de ser utilizada judicialmente. La otra es que la mayor cantidad de pruebas están fuera del país. Yo no puedo obligar a la telefónica de Brasil que me dé información. Yo necesito abrir una rogatoria internacional, que intervenga la burocracia argentina y después la burocracia brasileña y después producir la prueba. Todo eso es muy complejo. A eso hay que sumarle que muchos países no colaboran.

— ¿Qué está probado entonces para la Justicia?

— Que esto fue un atentado terrorista por un coche bomba aportado por Carlos Telleldín (el reducidor de autos que fue juzgado y absuelto dos veces). No hay duda alguna que fue un coche bomba. Descarta así cualquier otra línea de investigación. Digo esto porque por ejemplo la llamada pista siria se basó en que la bomba estaba en el volquete y no estaba ahí. Para nosotros hay una certeza absoluta sobre el coche bomba. Lo que resta juzgar ahora es la responsabilidad de los que lo hicieron. Tenemos las presunciones para pedir que se juzgue a los que creemos que fueron sospechosos de haberlo organizado. Y ahí decimos que fue Hezbollah el que preparó el coche bomba que voló el edificio, a través de Salman Raouf Salman, o Salman El Reda como se lo conoció inicialmente. Él es el engranaje fundamental en el caso judicial que me permite involucrar a Hezbollah. Y a Irán. ¿Por qué? Por el vínculo de Salman con Mohsen Rabbani.

— ¿Hubo un conductor suicida? ¿Está identificado?

— Sí, hubo un conductor suicida. No, no está identificado con la certeza judicial suficiente como para afirmar su nombre. En el ámbito de la inteligencia tiene un nombre: Ibrahim Hussein Berro.

— ¿Pese a que los análisis de ADN no lo confirmaron?

—Si, es verdad. Pero del suicida no quedaron restos. Literalmente. Implosionó con la bomba y se desintegró. No quedó absolutamente nada. Lo que se hizo cuando se levantaron todas las evidencias que se pudieron levantar en el atentado se encontraron restos humanos. En aquel momento no había posibilidad de identificar ADN. Después de la muerte de Nisman, los fiscales que lo sucedieron, mis antecesores (Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabidini) hicieron la pericia de esos restos que habían quedado: todos coincidían con las víctimas. Excepto una ínfima porción de material humano que estaba junto con los demás restos. Se puede presumir que pueda ser lo que quedó del suicida. La inteligencia identifica a Berro. Se peritaron esos restos con personas que dicen ser familiares de Berro, que viven en EE.UU. y no dio positivo. Nada más. No se puede ni afirmar ni negar la identidad. Para la justicia la identidad es una conjetura. Para la inteligencia es una certeza. Sería de mucho valor poder probar quién era, pero de todas formas no lo vamos a poder juzgar porque está muerto.

— ¿El informe del Mossad fue incorporado a la causa?

— No lo podemos valorar porque no tiene acreditación oficial. Nunca el Estado de Israel o algún organismo vinculado al Estado nos informó oficialmente que ese documento fue emitido por ellos. Por lo tanto para nosotros no puede ser utilizado mientras no tenga una acreditación, para nosotros no deja de ser una noticia periodística. Le hemos pedido al estado de Israel pero todavía no hemos recibido respuesta oficial. Esa información que conocemos a través del periodismo no dice nada distinto de lo que decimos nosotros. Aporta más nombres y circunstancias que nosotros no las tememos acreditada judicialmente

— ¿Hubo una conexión local en el atentado?

— La palabra conexión local es difícil de entender porque parecía que hubo un grupo de personas que viven en la Argentina que tuvieron una participación real, efectiva y con conocimiento del atentado. Eso nunca estuvo demostrado. Por lo tanto hablar de una conexión local no sería correcto. Pero sí hubo gente, que estaba vinculada al atentado, que vivía en Argentina. Por ejemplo Mohsen Rabbani o Salman.

— ¿Qué alternativas tiene la justicia en un escenario en donde los principales sospechosos no quieren prestarse a declarar? El gobierno de Cristina Kirchner impulsó el Memorándum que fracasó y que se interpretó como un encubrimiento para los iraníes prófugos. Este Gobierno impulsa un juicio en ausencia…

— Somos funcionarios de ley y nos tenemos que atener a los parámetros de la ley argentina. Para ley argentina hoy la única manera de hacer un juicio con las garantías que establece la Constitución Nacional es que esas personas tengan la posibilidad concreta de sentarse frente a un juez competente y que se les brinden las garantías. Esto hasta ahora no se pudo hacer con los imputados porque están prófugos y ninguno de ellos se ha sometido voluntariamente. De ahí que no podemos avanzar. Si se impulsa un juicio en ausencia, será una facultad del Congreso. Y una vez que salga la ley, se tendrá que estudiar ese texto y la fiscalía evaluará su trabajo según la legislación vigente.

— A 30 años de aquella voladura, ¿hay posibilidad de sentir que se hizo Justicia?

—No me corresponde a mí juzgar los sentimientos de las personas. Reconocemos que no hay un juicio oral donde se haya sentado una persona acusada del atentado y por lo tanto todas aquellas personas que reclaman eso tienen todo el derecho y toda la sensatez del reclamo. La fiscalía siempre va a estar trabajando en pos de lograr ese ideal de Justicia y para esclarecer lo máximo posible todo lo que rodeó el atentado.