La causa AMIA, a 30 años: absoluciones y encubrimientos, prófugos sin aparecer y una apuesta por la ayuda de EEUU y Brasil

Por alguna razón, los números redondos siempre pesan más. Hace 30 años, a las 9.53 de ese lunes de frío y sol, una camioneta bomba con más de 300 kilos de explosivos se incrustó en el edificio de Pasteur 633, pleno corazón de Once. Voló la AMIA. Mató a 85 personas. Desde entonces, la sensación de Justicia parece desvanecerse en cada aniversario.

Casi 500 mil páginas se acumulan en los expedientes. A eso se le suma material de inteligencia guardado en cajas de papeles y casetes que podrían ocupar dos kilómetros en línea. Dos juicios orales por el atentado que terminaron en absoluciones, otro juicio por las irregularidades en la causa que condenó a los principales investigadores, una condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y un grupo prófugos iraníes y libaneses que se resisten a entregarse en los tribunales argentinos.

La cantidad de expedientes judiciales derivados del caso principal en el que se investiga el atentado expone el fracaso del Estado argentino en esclarecer lo ocurrido aquel 18 de julio. Las únicas condenas que se dictaron hasta ahora fueron contra los funcionarios que investigaron el caso señalados por encubrir o de cometer delitos durante la instrucción.

La investigación tiene varios frentes y una certeza: que hubo un coche bomba que se estrelló en la sede de la AMIA, ubicada en Pasteur 633, con más de 300 kilos de explosivos. Y también un conductor suicida. Desde la época del ex juez Juan José Galeano, más tarde profundizado por el fiscal Alberto Nisman -muerto en extrañas circunstancias en 2015-, el principal sospechoso fue Irán, a través del Hezbollah.

Hay indicios claves: un comunicado de prensa que se hizo a los pocos días de la explosión en donde una agrupación vinculada a Hezbollah se atribuyó el atentado; y el ascenso que recibió Salman Rauf Salman, conocido entonces como Salman El Reda, en la estructura de la organización. Salman estuvo activo en la Triple Frontera en los días previos al ataque y estuvo en Buenos Aires el día de la explosión. Se cree que fue la persona que activó las células dormidas que concretaron el atentado. Y que estuvo en directa connivencia con el agregado cultural iraní en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, quien había montado una inteligencia clandestina para Irán en Argentina. La secretaria privada de Rabbani era la esposa de Salman.

Según la investigación, 14 de agosto de 1993 se habría resuelto en una sesión del Comité de Asuntos Especiales (“Comité Omure Vijeh”), y a instancias de la Oficina de Seguridad e Inteligencia iraní, cometer un atentado en el edificio de Pasteur 633. Se individualizó como participantes del encuentro a un grupo de altos funcionarios de la República Islámica de Irán, con Mohsen Rabbani y Ahmad Reza Asgahri (diplomáticos del país persa en Buenos Aires), en la ciudad de Mashhad, con la consigna de ordenar, organizar y financiar ese atentado por intermedio de Hezbollah.

¿Por qué? La Argentina seguía siendo el lugar perfecto porque “la permeabilidad de sus fronteras (principalmente en la zona de la Triple Frontera), la conocida ineficacia de los sistemas de control migratorio y la verosímil expectativa de impunidad para los autores” con solo ver los pocos avances que había tenido dos años antes el atentado a la Embajada de Israel.

En diálogo con Infobae, el presidente de la AMIA, Amos Linetzky, lanzó una alerta: “Si hicieron un atentado en la Argentina es porque pudieron hacerlo. Y a ese pudieron hacerlo hay que sumarle la falta de justicia y la impunidad que encontraron. Entonces, si a eso le sumamos las falencias, nos preguntamos: ¿estamos mejor que en el 94? Y la respuesta es no. Uno no quiere ser fatalista ni generar pánico, pero claramente no estamos mejor. Las fronteras siguen siendo permeables, la situación en la Triple Frontera sigue siendo incierta”.

En 2006, la Justicia argentina ordenó la captura internacional de nueve sospechosos: el ex presidente iraní, Alí Akbar Hashemi Rafsanjani (hoy fallecido); el ex ministro de Información y Seguridad Alí Fallahijan; el ex ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Ali Akbar Velayati; el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezai; el ex consejero cultural de la Embajada iraní en la Argentina, Mohsen Rabbani; el ex embajador iraní en la Argentina, Hadi Soleimanpour; el tercer secretario de la Embajada iraní en la Argentina, Ahmed Reza Asghari; el comandante de las Fuerzas Quds, Ahmad Vahidi; y el jefe del Servicio de Seguridad Exterior del Hezbollah, Imad Moughnieh (hoy fallecido). Desde 2007, Interpol le dio máxima prioridad de búsqueda -”circular roja”- a solo cinco de ellos, que a lo largo de los años se han ido renovando. A esa lista se agregó en 2009, a pedido del fiscal, la captura internacional, con alerta roja de Salman Raouf Salman, alias Samuel Salman El Reda.

El último avance en la investigación apuntó a acusar a los que habían ayudado a Salman cuando vivió en la Triple Frontera. Son los cuatro prófugos que sumó la causa en 2022. Uno, Ali Hussein Abdallah, murió de COVID durante la pandemia, tal como reveló Infobae en abril pasado. El otro es el hermano de Salman, Abdallah Salman, que aquí se dio a conocer como José y también estuvo involucrado en el atentado a la Embajada. El tercero es Hussein Mounir Mouzannar, quien se fugó desde Paraguay vía Brasil hacia el Líbano el mismo día en que se conocieron las órdenes de captura. Busca que le permitan presentarse con un abogado en la causa sin tener que venir a la Argentina, pero no tuvo éxito. El cuarto de esa lista Omairi, que ya está localizado en Brasil.

Para el resto de los prófugos, solo resta esperar que salgan de Irán y algún país amigable quiera colaborar con la Argentina.

La luz de esperanza de los investigadores está puesta por un lado en Brasil y por otro en Estados Unidos. En Brasil porque uno de los últimos sospechosos de la causa es Farouk Abdul Hay Omairi, un hombre de casi 80 años, origen libanés y con residencia en la zona de la Triple Frontera que se hizo ciudadano brasileño. Se lo acusa de haber ayudado Salman Raouf Salman.

Las autoridades brasileñas avisaron que, por su constitución, no van a entregarlo a la Argentina pero ofrecieron juzgarlo en esas tierras. Vía Cancillería, ya se enviaron todas las pruebas de la acusación. Brasil deberá evaluar si avanzan. Esa etapa ya está en manos de la política en momentos en donde crece la tensión en la relación entre Javier Milei e Ignacio Lula Da Silva.

En Estados Unidos porque uno de los principales sospechosos del atentado, Raouf Salman, también es reclamado por ese país por actos terroristas. “Si EEUU, que tiene un poco más de poder de presión que Argentina, lograra o la captura o la extradición o que el Líbano por algún tipo de negociación o acuerdo lo entregue, ahí se abriría la posibilidad para que Argentina también lo pudiera juzgar”, dijo a Infobae el abogado de la AMIA Miguel Bronfman.

En Comodoro Py ya se hicieron dos juicios contra la llamada “conexión local” del atentado y los dos terminaron en absoluciones. En el primer juicio Carlos Telleldín, un reducidor de autos que ahora trabaja de abogado, fue absuelto junto a un grupo de policías a los que él había acusado luego de un pago de 400 mil dólares que negoció con el entonces juez Juan José Galeano en 1996. Apelaciones mediante de las querellas, la Corte Suprema dejó en pie los dos primeros años de investigación antes de aquel pago. Fue llevado a un nuevo juicio en donde tanto la fiscalía como las querellas pidieron que fuera condenado a penas de 20 años a perpetua. Pero el Tribunal Oral Federal 3 concluyó en diciembre de 2021 que durante el proceso no se probó que Telleldín supiera el uso que iba a tener la camioneta Traffic.

Precisamente ese pago a Telleldín activó la causa por las irregularidades cometidas en la investigación del atentado. En febrero de 2019, después de casi cuatro años de audiencias, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a seis años de prisión al ex juez Galeano por delitos como peculado, privación ilegal de la libertad, prevaricato, encubrimiento por favorecimiento personal y violación de medios de prueba. Junto a él fueron fueron sentenciados el jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, los ex fiscales de la causa y Carlos Telleldín por ese pago ilegal, entre otros. En cambio, quedaron absueltos el ex presidente Carlos Menem y el ex comisario Jorge Palacios -ambos ya fallecidos- o el ex jefe de la DAIA Rubén Beraja.

Las dos decisiones fueron revisadas en abril pasado por la Cámara Federal de Casación Penal, a cargo de los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroeteveña y Angela Ledesma. Por un lado, se ratificó la absolución a Carlos Telleldín. Por el otro, confirmó la mayoría de las condenas por las graves irregularidades cometidas al inicio de la investigación, aunque modificó las penas en algunos casos y en otros el delito investigado. El ex juez Galeano quedó condenado a cuatro años, mientras que la sentencia para los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia quedó en dos años de prisión, pero por una supuesta participación secundaria en las privaciones ilegítimas de la libertad de los ex agentes policiales ordenadas por Galeano. Por mayoría, además, el tribunal también decidió ratificar las absoluciones por la llamada “pista siria”.

“La impunidad de la causa AMIA no es una fatalidad del destino o una consecuencia necesaria de la naturaleza de ese crimen atroz. Tampoco se debe exclusivamente a la inoperancia de nuestro sistema de justicia. La impunidad de la causa AMIA se debe fundamentalmente a las maniobras de encubrimiento y desvío de la investigación que se acreditaron y por las cuales fueron condenados el ex juez Galeano, los ex fiscales Mullen y Barbaccia, el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, entre otros. Esta es la triste singularidad que tiene este atentado terrorista que sufrimos en nuestro país”, dice a Infobae Rodrigo Borda, representante de Memoria Activa.

Según pudo saber Infobae, hay un ramillete de apelaciones por este segundo fallo de Casación. Pero tanto la fiscalía como los organismos AMIA y DAIA convalidaron la decisión. Los que sí apelaron fueron, por la querella, Memoria Activa, APEMIA y los ex policías detenidos y, más tarde, el Ministerio de Justicia. Del otro lado también apelaron las defensa de Galeano, Anzorreguy, Mullen y Barbaccia y Finnen.

Es probable que la mayoría de esos recursos no vayan todos a la Corte Suprema sino que los resuelva otra sala de Casación. Es por el criterio fijado en 2019 por la Corte Suprema por la llamada “casación horizontal”. Después de esa revisión el caso llegaría al máximo tribunal. Hasta que la Corte no defina no se podrá hablar de sentencia definitiva.

La apelación que sí llegará por recurso extraordinario a la Corte será la que se planteó contra la absolución de Telleldín. Ahí hay un recurso del Ministerio Público a través de fiscal Raúl Pleé y las querellas de la AMIA y la DAIA. Para los acusadores, “se omitió efectuar una valoración global de la prueba directa hallada en el atentado”, detallaron las fuentes.

La otra cuestión que deberá dirimir la Corte es sobre otra causa que salpica el caso AMIA: el Memorándum con Irán. Ahí la ex presidenta Cristina Kirchner y ex funcionarios, entre otros, fueron denunciados por el fiscal Alberto Nisman por encubrir a Irán a través de la firma de ese pacto. Los acusados fueron sobreseídos por un tribunal oral antes de que se hiciera el debate, pero la Cámara de Casación Federal revocó esa sentencia y ordenó avanzar con el juicio. Sorteó otro tribunal pero hay apelaciones a esa decisión. Y si se sigue el criterio tomado en un escenario idéntico que involucra a CFK como es Hotesur y Los Sauces, el juicio oral no avanzaría hasta que no de su aval la Corte Suprema.

El Gobierno nacional anunció que impulsa el proyecto del juicio en ausencia, como una manera de avanzar sobre los acusados. Lo hicieron público días atrás los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, respectivamente.

No es una idea nueva. A la hora de opinar sobre la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán que firmó el Gobierno de Cristina Kirchner con Irán -pacto por el que más tarde la ex presidenta fue denunciada por Nisman y enviada a juicio por encubrimiento al atentado-, el juez de la Cámara Federal Eduardo Farah afirmó que la causa se veía impedida de avanzar, pero tenía una responsabilidad con las víctimas de un caso declarado de lesa humanidad: “no es justo postergar indefinidamente la satisfacción del derecho de las víctimas a conocer la verdad, a la vez que entiendo que es jurídicamente posible, en el estado de rebeldía voluntaria en que se encuentran los imputados en la causa, su juzgamiento en ausencia, en las condiciones que más adelante se indican. Nuestras leyes de procedimiento no lo han regulado, pero nuestra Constitución Nacional no lo prohíbe”, escribió.

En abril pasado, a la hora de confirmar la absolución de Carlos Telleldín, el juez de Casación Carlos Mahiques no sólo reafirmó la responsabilidad de Irán y Hezbollah en el ataque sino que promovió el juicio en ausencia y habló de la posibilidad de demandar a Irán ante la Corte de Justicia de las Naciones Unidas. Hasta ahora, nadie hizo movimientos en ese sentido. Mahiques promovió “exhortar –mediante el juzgado instructor- a las máximas autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación a que, cada uno en su esfera de actuación, formulen, evalúen, impulsen, propongan y sancionen una reforma legislativa que permita a futuro la aplicación del juicio en ausencia para sucesos como el que motivó esta causa”.

La idea del juicio en ausencia no enamora a muchos constitucionalistas ni penalistas. Ni tampoco a varios de los actores de la causa. Pero como todo está en pañales, habrá que esperar a cómo queda confeccionada la ley y si sortea los eventuales planteos que se lleven a tribunales para cuestionarla, porque -vale aclarar- no sólo aplicaría para los acusados del atentado. “Hasta que no salga la letra de la ley es muy difícil hacer pronósticos porque son tantos los escenarios...”, dijo a Infobae uno de los investigadores en la causa.

“El auspicio del gobierno al nuevo proyecto de Juicio en Ausencia no cambiará la historia. Al contrario: vienen a sostener una Historia Oficial y un Pacto de Impunidad que llevan 30 años. Sin permitir el acceso a las pruebas, las futuras condenas de esos supuestos juicios no pasarán de ser una nueva burla a la sociedad y a las víctimas”, dice Laura Ginsberg, víctima del atentado y representante de APEMIA. “El futuro proyecto de ley no terminará con la impunidad de la masacre de AMIA. Es el Estado nacional el que continúa sin reconocer su responsabilidad criminal buscando responsables a miles de kilómetros”.

Mientras tanto, la Argentina se prepara para cumplir con la sentencia que dictó en su contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de esclarecimiento y la corrupción que rodeó la investigación del atentado contra la AMIA. En rigor no había conflicto: las víctimas de Memoria Activa y el CELS que impulsaron el reclamo y el Estado -durante el mandato de Alberto Fernández- coincidieron en las acusaciones. “A casi 30 años del atentado todavía no se tiene claridad sobre lo acontecido, sus responsables, ni las razones por las cuales el Estado utilizó su aparato judicial para encubrir y obstaculizar la investigación. De esta forma, la Corte considera que el Estado es responsable”, señaló la sentencia.