Eduardo Belliboni pidió volver a declarar en la causa por los planes sociales

El titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, pidió hoy volver a declarar en la causa judicial en la que está acusado -y en que ya fue indagado hace tres semanas- por presunta extorsión desde la organización a beneficiarios de planes sociales y una administración fraudulenta contra el Estado por el uso de facturas falsas para rendir los gastos por los fondos públicos que recibía para las unidades de gestión.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Belliboni, junto a sus abogadas Liliana Alaniz y Claudia Ferraro, le presentó un escrito al juez federal Sebastián Casanello en el que le solicitó ampliar su declaración indagatoria. Concretamente, Belliboni quiere exponer sobre la parte de rendiciones contables de la acusación que es el uso de facturas falsas para justificar gastos.

Una de las empresas apuntadas es Costex. El dirigente social buscará demostrar que cuando el Polo Obrero utilizó las facturas de Costex, la empresa estaba habilitada y que si después la AFIP la inhabilitó, no es algo que se le puede endilgar a la organización. También Belliboni aportará certificaciones de escribanía de cada una de las cosas que se compraron -computadoras y maquinas de imprenta, entre otras- para demostrar que los elementos se adquirieron.

Otro aspecto que la defensa quiere plantear en la indagatoria es el aporte de los convenios de construcción y de los cursos de capacitación que el Polo Obrero le daba a las personas que tenían planes sociales.

Belliboni es uno de acusados de la causa que todos ya fueron indagados y el juez Casanello trabajaba en resolver si los procesaba o no. Pero otros imputados del Polo Obrero podrían pedir en los próximos días también ampliar sus indagatorias, lo que podrían demorar la resolución del magistrado.

En su indagatoria, Belliboni negó las acusaciones, contó cómo funcionaba el Polo Obrero y presentó tres biblioratos con documentación para contrarrestar la imputación. Además, insistió que se trata de una causa armada por el Gobierno de Javier Milei. “Justo esta causa comienza con la campaña antipiquetera y de representación que inició el Gobierno el 20 de diciembre”, había dicho el dirigente ante la prensa tras la indagatoria.

Sobre la acusación de que desde el Polo Obrero se extorsionaba a los beneficiarios de planes sociales, Belliboni sostuvo que la organización tuvo más altas que bajas de beneficiarios, por lo que dijo que la gente prefería estar en la asociación y que con eso no era coaccionada. También señaló que los aportes son voluntarios y puso como ejemplo que durante el gobierno de Mauricio Macri quienes tenían planes sociales no hacían ninguna contraprestación y que fue el momento que el Polo Obrero más gente movilizó.

En la misma línea, los imputados que aceptaron declarar explicaron que no se le negaba la comida a nadie. Los dirigentes más políticos aseguraron que los aportes de dinero eran voluntarios y que existe una persecución por parte del Gobierno contra los movimientos sociales. Todos rechazaron los delitos por los que están imputados.

En el inicio de la investigación, Belliboni no estaba imputado. Su nombre surgió cuando se hicieron los primeros allanamientos en la causa. Allí se encontraron facturas con su firma que serían falsas con el objetivo de justificar gastos ante el ex Ministerio de Desarrollo Social -hoy Capital Humano- que nunca se realizaron.

El Estado le entregaba dinero al Polo Obrero y a la Cooperativa El Resplandor por convenios del Plan Potenciar Trabajo como unidades de gestión. Parte de ese dinero (unos 279 millones de pesos de un total de 360 millones) se rindieron en concepto de herramientas, ropa y cursos. Pero de ese dinero rendido, aparecieron nuevas sospechas.

Inicialmente, el juez detectó que se contrató a una firma llamada Costex SA y a la imprenta Rumbos, que pertenecería al propio partido. Costex, en cambio, fue el puntapié para abrir más hilos: la AFIP la declaró como una usina de facturas truchas. Fue fundada por por Luis Alexander Pichuaga y Mariana Vega. Ninguno de los dos tenían capacidad económica para ese emprendimiento. Cuando declararon, dijeron no saber de qué se les estaba hablando.