La Cámara Federal ordenó liberar a uno de los acusados por los destrozos en el Congreso y mantuvo en prisión a cuatro

La Cámara Federal ordenó este jueves excarcelar a una de los cinco personas que estaban detenidas desde el 12 de junio pasado, a raíz de los incidentes y destrozos que se desataron en los alrededores del Congreso Nacional cuando se debatía en el Senado el proyecto de Ley Bases que buscaba aprobar el Gobierno Nacional. El liberado es Facundo Gómez. Al analizar la situación de los otros cuatro, los jueces por mayoría confirmaron las detenciones en base a riesgos procesales.

Además de los planteos de libertad, el tribunal a cargo de Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico también deberá evaluar en los próximos días los procesamientos de estos cinco imputados y las faltas de mérito dictadas en la causa por la jueza María Servini.

Precisamente, la fiscalía de Carlos Stornelli quiere también el procesamiento de siete implicados, indicaron a Infobae fuentes judiciales. Para cinco de ellos, el fiscal pidió la detención o una fianza. Mientras tanto, los investigadores siguen analizando las pruebas para intentar identificar a más sospechosos por los desmanes.

Los destrozos ocurrieron el miércoles 12 de junio, mientras se analizaba en el Senado la Ley Bases. Con el correr de las horas, todos los arrestados -33 en total- quedaron a disposición de la justicia federal. El fiscal Carlos Stornelli dictaminó investigar a los sospechosos por “lesiones, daño simples como agravados, incendio u estrago, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delito contra los poderes políticos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, resistencia a la autoridad y/o perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos, con el posible agravante del articulo 41 quinquies del Código Penal de la Nación”. Es decir, acciones terroristas.

En la noche del viernes 14, la jueza resolvió dejar en libertad a una primera tanda de detenidos. El fiscal Carlos Stornelli apeló esa decisión y reclamó que 14 de 17 de ellos volvieran tras las rejas. A última hora del martes 18, con miras a un nuevo fin de semana largo y el tiempo jugando en contra, la jueza resolvió las definiciones de las situaciones procesales de todos los implicados.

La jueza procesó con prisión preventiva a cinco de las personas: a Cristian Valiente por intimidación púbica en concurso ideal con atentado a la autoridad (tenía en su poder una granada); a Patricia Calarco Arredondo por incendio en concurso con daño agravado por haberse afectado un bien público (las bicicletas del gobierno de la Ciudad) en concurso con el delito de intimidación; a Facundo Ezequiel Gómez por intimidación pública en concurso ideal con atentado a la autoridad; a Daniel Sica por atentado a la autoridad, agravado por haberse cometido en reunión de más personas y por haber puesto en manos de la autoridad, en concurso ideal con intimidación pública; y a Roberto Maria de la Cruz Gómez por intimidación pública en concurso ideal con atentado a la autoridad.

La jueza dictó la falta de mérito del resto de los implicados, 28 en total. Advirtió que esta causa no se trata de criminalizar la protesta sino, precisamente, de garantizarla, para que no se vea afectada por quienes cometen actos de violencia.

Más allá de las versiones aportadas por cada uno de los involucrados en los desmanes se cuenta con elementos determinantes y esclarecedores que permiten reconstruir lo sucedido tales como las declaraciones de los efectivos de la policía federal y la policía de la ciudad y los vídeos de filmación que fueron obtenidos a través de las cámaras de seguridad apostadas en los alrededores del Congreso”, sostuvo la jueza tras repasar lo que dijeron los cinco implicados en sus indagatorias. Se trata de los que quedaron más complicados.

“Los considero elementos de un carácter probatorio determinante para enrostrar conductas y deslindar responsabilidades ello teniendo en cuenta que la magnitud del conflicto la cantidad de gente involucrada y los distintos focos de agresión registrados a lo largo de la extensa jornada de vida tomaron dificultosa la presente pesquisa y su consecuente cauce”. Ese fue el eje central para dictar las prisiones preventiva de las cinco personas que quedaron procesadas.

En el segundo fallo, la jueza repasó las declaraciones de las otras personas que habían sido detenidas inicialmente y sobre las cuales no habían pruebas tan claras. Cada uno fue contando las circunstancias en la que fue arrestado. Un dato: la jueza subrayó que en las horas posteriores a los destrozos la justicia porteña decidió enviarle su caso con 23 personas detenidas, sin que “se realizaron las medidas mínimas indispensables para una rápida y adecuada reconstrucción de los hechos”.

Lo cierto es que a la Cámara Federal llegaron por un lado los planteos de excarcelación y luego los cuestionamientos a los procesamientos. Como se trataba de un tema de libertades y para analizar el fondo de la cuestión aún no se había llevado adelante la audiencia, los jueces resolvieron sobre lo primero.

Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, la Sala II de la Cámara Federal, a cargo de los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico recibieron en las últimas horas las presentaciones de las defensas reclamando la excarcelación de Cristian Valiente, Patricia Calarco Arredondo, Facundo Gómez, David Sica y Roberto María De la Cruz Gómez, los únicos de la lista de 33 personas que habían sido arrestados inicialmente y permanecían tras las rejas.

En todos los casos, Boico se pronunció por la excarcelación y en todos los casos Farah por mantener la detención. Irurzun acompañó a Farah en cuatro incidentes, salvo en uno en donde no encontró riesgos procesales.

La Cámara solo dispuso la excarcelación de Facundo Gómez, por decisión de los jueces Irurzun y Boico y la disidencia de Farah. La mayoría entendió que su libertad no entorpecía la investigación ni se podía pensar que se iba a fugar. Gómez fue procesado con prisión preventiva por la jueza por intimidación pública y atentado contra la autoridad. Ese procesamiento aún no se revisó. Según se desprende de la causa, se lo sindica como una de las personas que cuando se desataron los incidentes “arrojó objetos contundentes a la policía, a la par que alentaba al resto de los allí presentes a que procedieran de igual forma”.

Fue diferente la suerte para el resto de los cuatro detenidos. La Cámara Federal reseñó, en base a lo decidido por la jueza María Servini, que aún hay medidas probatorias en curso como el estudio del contenido de teléfonos celulares y de lo obtenido mediante imágenes de la zona y momentos de los hechos, mientras que se está profundizando la investigación para identificar y dar con el paradero de otras personas que ejecutaron acciones comunes y develar si –como se esgrimió a título de hipótesis acusadora- existió un determinado grado de planeamiento precedente entre los involucrados.

Calarco Arrendo es la mujer que aparece filmada incendiando bicicletas. Ya está procesada y se sigue profundizando en identificar a los responsables de más desmanes. “Y hay motivos fuertes para asumir que sus resultados y derivaciones podrían ser entorpecidos por Calarco Arredondo, de accederse a su soltura”, dijo el voto mayoritario.

Valiente “se encontraba arrojando piedras y objetos contundentes” y se secuestró en su poder una “granada de mano de tipo disuasivo químico marca FM (Fabricación Militar) NNE 13BO-29-627-1589 FMK:5 MOD 1 fecha de vencimiento Jul 2022 Lote Mun 07 2078″. “No fue el único artefacto de ese tenor que se encontró en la zona durante y luego de los incidentes, en que además se detectaron incendios de bienes de uso público y de otras cosas”, destacó la Cámara. Y reseñó que, según el Registro de Reincidencia, fue condenado el 4 de septiembre de 2017 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 24 a la pena de tres meses de prisión en suspenso por el delito de robo en tentativa.

De la Cruz Gómez se lo sindica sobre la base de imágenes y actas policiales como la persona que intervino activamente –junto a otros que estaban con él- en la producción de focos de fuego en tachos de basura, a la par que arrojaban objetos contundentes a la policía y alentaban al resto a que procedieran de igual forma. En el mismo marco se incautaron bombas de humo (portadas por otros implicados y en la calle) y fueron incendiados bienes de uso público y otras cosas. También se recordó que De La Cruz Gómez registra antecedentes de sentencias de condena dictadas por diferentes Tribunales y en orden a distintos delitos –como robo, hurto, daños, amenazas y lesiones, entre otros -, pesando declaraciones de reincidencia en su contra. También, se dispuso una rebeldía a su respecto en otro proceso.

Sica, en tanto, fue acusado de agredir físicamente –provocándole traumatismos- a la agente Romelia del Carmen Villafañe: “pateándola, golpeándole su casco, arrojándole agua y escupiéndola”, sostuvo la Cámara. Otro miembro de las fuerzas de seguridad lo redujo cuando esto sucedió. “Partiendo de lo anterior, existen circunstancias que avalan el criterio del fallo” para rechazarle la excarcelación, sostuvo el tribunal.

Además, cuando se realizó el procedimiento de constatación del domicilio que había informado el imputado, se descubrió que no existía. El tribunal también valoró que se decretó su rebeldía en una causa por daño y atentado contra la autoridad agravado por poner manos en la autoridad” que tramita en el Juzgado de Garantías n° 4 de Dolores, Provincia de Buenos Aires, donde fue enviado a juicio. “Tales factores –valorados en conjunto- terminan de conformar un cuadro actual, indicativo de riesgo de fuga. Por ello, al menos de momento, la denegatoria de la excarcelación aparece proporcional y ajustada a los términos que fija la ley, sin perjuicio que lo que pueda surgir de los informes de personalidad y socio ambientales a realizarse (lo cual se deja encomendado), lleven a una reevaluación del caso”, se añadió .

Los cinco detenidos son también los que fueron procesados con preventiva. Esa resolución también está bajo la lupa de la Cámara Federal. A ese tribunal también llegó la apelación de Stornelli para procesar a siete de los que recibieron falta de mérito.

Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, se trata de Juan Ignacio Espinetto, Camila Juárez Oliva, Nicolás Mayorga, Saya Lyardet y Gabriel Famulari, junto a Sofia Belén Ottogali y Brien Ezequiel Ortiz. Para los cinco primeros pidió su procesamiento con prisión preventiva o una caución real (fianza).