En vísperas de la segunda audiencia del juicio oral en donde se analiza la responsabilidad de los detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo en su intento de homicidio, Cristina Kirchner reclamó profundizar la investigación que aún quedó en instrucción y apunta al diputado del PRO Gerardo Milman. Las sospechas en su contra aparecieron tres semanas después del ataque, cuando un asesor legislativo del Frente de Todos se presentó en tribunales y dijo haberlo escuchado decir, dos días antes del atentado, “cuando la maten yo voy a estar en la Costa”.
En el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti hay un teléfono de Milman que el propio legislador entregó, pero que hasta ahora no dio la clave para abrirlo. Se trata de un teléfono que no tenía al momento del intento de homicidio, sino que compró unas semanas después. Afirmó que el equipo anterior lo perdió. La fiscalía a cargo de Carlos Rívolo insistió pidiéndole al Congreso que autorice el secuestro de todos los teléfonos que pueda tener Milman. Pero hasta ahora no hubo avances. Es algo que debe autorizar el parlamento por los fueros del legislador.
Las dos secretarias que estaban con Milman ese día en el bar Casablanca siempre sostuvieron que su jefe no había dicho la frase que le adjudica el asesor Jorge Abello, quien trabajaba con el ex diputado del Frente de Todos Marcos Cleri. Pero apenas declararon la querella pidió secuestrarle los celulares y eso abrió una grieta con la jueza Capuchetti, quien rechazó el pedido porque las mujeres eran testigos y no imputadas.
En medio de planteos de recusación contra la jueza, la querella fue a la Cámara Federal, quien -con las restricciones del caso pero amparados en la gravedad institucional- ordenó llevar adelante una serie de medidas, que incluían volver a oir a Abello como testigo, y analizar los teléfonos de Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco.
Horas después, las mujeres se presentaron en tribunales para ver a Rívolo. Bodhziewics entregó su celular aclarando que había borrado fotos íntimas para que no se filtraran. Gómez Mónaco explicó que había cambiado de equipo pero que el anterior había quedado en manos de su hermana. Insistieron en que no lo oyeron a Milman decir esa frase.
Poco después, en mayo del 2023, Ivana Bohdziewicz reapareció en tribunales: insistió en que había borrado su teléfono porque no quería que se filtraran sus fotos íntimas y que para ello se había asesorado. Pero en la declaración acusó a su ex amiga Gómez Mónaco de llevarla hasta una oficina de la entonces precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, en donde estaban Milman y un perito, para realizar el borrado del contenido del teléfono.
Todo esto reforzó los plantos de CFK para avanzar sobre esa pista. Y eso es lo que se debate ahora. La semana pasada el fiscal Rívolo rechazó una serie de medidas de prueba al sostener que, por ahora, de los teléfonos secuestrados a las mujeres no habría surgido información de interés relativa al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Indicó que esto se desprendía de los siete informes de DATIP (el área tecnológica del Ministerio Público) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) respecto a la información de los teléfonos de Bohdziewicz y Gómez Mónaco que pudo ser recuperada. El fiscal añadió que Bohdziewciz declaró que “se bajó toda la información de índole personal que en mi declaración anterior mencioné que había borrado”. Y subrayó que, antes de decidir, era necesario contar con los resultados de los peritajes de los celulares de Carolina Gómez Mónaco y Gerardo Milman que se encuentran pendientes de análisis.
La querella, sin embargo, apeló y busca que la Cámara Federal ordene avanzar con estas medidas. Fue hasta ahora la Sala I del tribunal la que hizo lugar a la mayoría de las medidas reclamadas por la ex vicepresidenta en este expediente, cuando recibieron negativas en primera instancia.
“Los argumentos del fiscal para no hacer lugar a las medidas son insostenibles -dijo la querella que encabezan José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal-. De hecho, las circunstancias que menciona son, nada más y nada menos, las que hacen necesario producir las medidas solicitadas. El acusador público rechaza la producción de medidas debido a que no se habría encontrado prueba relevante en los celulares secuestrados a Gómez Mónaco y a Bohdziewicz en esta causa y analizados por la DATIP y la PSA. Este argumento es del todo llamativo: justamente, las medidas que se solicitan tienen que ver con que el contenido de los celulares relevante para la investigación habría sido borrado, por lo que lo esperable era que no apareciese nada de interés”, afirmaron.
Para la querella, la querella recordó que tras la declaración de Bohdziewicz se le secuestró a Gómez Mónaco “un nuevo dispositivo, se trató de un iPhone 14 Pro Max, del que no entregó la contraseña y que es un dispositivo no analizable con la tecnología disponible en Argentina”. Para CFK, “todo esto hace más verosímil el posible asesoramiento del perito”. Los abogados también afirmaron que “todo esto se encuadra en un contexto en el que están el testimonio de Jorge Abello, los proyectos presentados por Milman en la Cámara de Diputados y la todavía poco clara situación de la hoja con la Regla Tueller (más allá de que se haya probado que la escribió Martín Uliarte, no se ahondó en los contactos de esta persona y su relato fue contradictorio)”.
Apenas se conoció el testimonio de Abello, Milman se presentó para denunciarlo por falso testimonio. Hay una causa abierta en otro juzgado.
“Nos vemos obligados a recordar, porque parece que muchas veces se olvida, que se gatilló una pistola en el rostro de una dos veces presidenta de la Nación. En este contexto, una testigo denuncia un encubrimiento que es del todo relevante para estas actuaciones y no se toma una sola medida para saber qué pasó”, insistió la querella.
Mientras tanto, el Tribunal Oral Federal 6 avanza con el juicio por el atentado a CFK. Allí no fueron aceptados como testigos ni las asesoras de Milman, ni la ministra de Seguridad, ni el testigo Abello. Tampoco incluyó a los miembros de la organización violenta Revolución Federal (RF).
El miércoles pasado, al inicio del debate, declaró el principal acusado Sabag Montiel: allí insistió en que actuó solo y que no conoce ni a Milman ni a Revolución Federal. “Yo la quería matar y ella (su ex novia Brenda Uliarte) la quería muerta”. Brenda tendrá la oportunidad de declarar mañana, al igual que Nicolás Carrizo, el llamado jefe de los copitos. Luego comenzará el desfile de testigos. CFK estará entre ellos en las próximas semanas.