“No quiero ir para Ecuador”: la Corte Suprema analizará la extradición de un ex funcionario de Lasso que reclamó asilo

“Yo quisiera quedarme aquí, seguir insistiendo con el asilo político. Soy víctima de una persecución”. Con estas palabras, Hernán Luque Lecaro, el ex funcionario ecuatoriano que está acusado de corrupción en su país durante la gestión de Guillermo Lasso y fue detenido en la Argentina en febrero pasado, busca evitar ser llevado a su país para ser juzgado. La jueza María Eugenia Capuchetti ordenó su extradición días atrás pero la defensa apeló. Será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la encargada de convalidar la decisión. La última palabra, no obstante, la tiene el Poder Ejecutivo.

Luque Lecaro fue delegado de la Presidencia de la República de Ecuador ante el Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), entre julio de 2021 y noviembre de 2022. Allí lo designó el presidente Lasso y desde ese puesto intervenía en las designaciones en las gerencias de las empresas públicas del Ejecutivo. Las acusaciones en su contra se generaron a raíz del llamado “caso Encuentro”, tras la filtración en un medio digital de varios audios de supuestas llamadas en donde se habla de pagos relacionados con nombramientos y contratos en las empresas estatales. “Preferiría que me des USD 150.000 mensuales”, dice una de las voces atribuida a Luque.

De acuerdo a la acusación que envió Ecuador a los tribunales argentinos, “el 12 de julio del 2021 el señor Hernán Modesto Luque Lecaro es delegado para presidir el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), quién a su vez designa a los gerentes de las empresas públicas CELEC y CNEL por intermedio e influencia de otras personas pertenecientes a una estructura criminal y así se instaura una red de corrupción sistemática en el directorio de las empresas públicas citadas (…) De la investigación se determina la participación de varios funcionarios públicos y personas particulares quienes concertadamente conformaban una estructura criminal dentro del sector público con el propósito de cometer varios delitos con penas que superan los 5 años de prisión, entre ellos, delitos contra la eficiencia de la administración pública; procesados que habrían planificado, exigido, aceptado y/o recibido dinero a cambio de conceder contrataciones con las empresas de los sectores estratégicos, para así obtener beneficios económicos en común”. “De los hechos descritos se desprende que nos encontramos ante presuntos hechos delictivos que se derivan de la corrupción de funcionarios públicos”, se añadió.

Desde enero de 2023 se desconocía su paradero. En noviembre del 2023, la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la República del Ecuador solicitó su detención. En febrero pasado, Interpol Ecuador emitió una alerta azul contra Luque. De inmediato, Interpol Argentina anunció su arresto: Luque se encontraba residiendo en el barrio porteño de Palermo.

De acuerdo a los documentos a los que accedió Infobae, la jueza Capuchetti, a cargo del caso, le hizo saber los cargos en su contra y le preguntó si aceptaba la extradición. Lucero afirmó que “no tenían una sola prueba firme de su supuesto involucramiento”, y sostuvo que “la causa era una persecución por un tema político, inicialmente utilizado para llevar al presidente Guillermo Lasso a un juicio político que terminó en una ‘muerte cruzada’”. Incluso aseveró que “uno de los coimputados que estaban citados en esa investigación, había sido torturado y asesinado”.

Según contó, en enero de 2023 había tenido que exiliarse en el país, ante las amenazas concretas de grupos de poder de atentar contra su vida. Habló del homicidio de Rubén Cherres, “consorte en la causa de origen, a mano de personas indeterminadas, junto a su pareja y a un amigo, de cuya autopsia había surgido la concreción de torturas”. También dijo que el impulsor político de los embates a Lasso, el asambleísta y candidato presidencial Fernando Villavicencio, había sido ultimado a balazos por sicarios. Y que estos sicarios, individualizados y detenidos, habían sido a su vez asesinados en su lugar de reclusión, encontrándose bajo la “protección y custodia del estado ecuatoriano”. Por eso, sostuvo que estaba en medio de “embates cruzados entre distintas facciones”.

Luque afirmó que había decidido venir a Argentina porque aquí estaba radicada su hija y su nieta argentina, y que inició “los trámites de asilo político porque la investigación en ciernes se trataba de una persecución” Incluso señaló que “a diez días de comenzar la investigación, el Presidente para lavarse las manos, en cadena nacional dijo de manera textual, refiriéndose a mi persona, ´lo voy a traer del cogote´”.

“No voy a Ecuador porque no creo que tengo las garantías de seguridad, no las tenía en ese entonces y hoy peor todavía por todo lo que está ocurriendo en Ecuador. Yo quisiera quedarme aquí, seguir insistiendo con el asilo político y de seguridad. No tengo nada que esconder, yo lo que quiero es seguir luchando por el asilo, soy un hombre de bien, no tengo afiliación política (...). El tema es que el Presidente Laso cometió muchos errores por los que se la tienen jurada, entonces no van a descansar hasta que lo involucren a él. Entonces la manera de perjudicarlo a él es hacerme esto a mí, a su cuñado. Es todo armado para desprestigiarlo a él. Yo soy un chivo expiatorio. Nunca he tenido ni siquiera una multa de tránsito, antecedentes penales, nunca he tenido problemas con la ley. Mi récord es intachable y ahora me hacen esto”.

Aunque el trámite es reservado, la secretaria de Derechos Humanos habría rechazado su condición de asilado político y falta la respuesta del Ministerio del Interior. El 16 de mayo pasado, Luque enfrentó la audiencia de juicio frente a la jueza, la fiscal Alejandra Mangano -en representación del Estado de Ecuador- y sus abogados defensores. Y allí insistió en que “existía mucha gente interesada en su desaparición, por lo que rogaba que, en caso de ser extraditado, no fuera alojado en una cárcel de Ecuador, por su estado crítico, afirmando que todas son manejadas por grupos criminales, y no están dadas las garantías para sobrevivir”. Dijo que su encarcelamiento allí era una sentencia de muerte.

Como en cualquier proceso de extradición, en Argentina no se juzgan los delitos por lo que fue acusado el buscado. “No implica un juicio acerca del mérito de la investigación del país requirente, ni la responsabilidad o culpabilidad del requerido, sino que es un juicio que se lleva adelante para verificar las formalidades externas que los países se comprometieron a respetar al momento de realizar los compromisos para trámites de extradición”. Los delitos por lo que fue acusado en Ecuador podrían implicar 10 años de prisión.

La fiscal Mangano respaldó la extradición y la defensa reclamó que “hacer primar las garantías constitucionales, y los compromisos asumidos por la Argentina, en torno a los derechos de Luque Lecaro.” y abordó las irregularidades de la causa en el país de origen. Habló de “lawfare” y la persecución política a través de los tribunales.

“Habré de hacer lugar a la extradición de Hernán Modesto Luque Lecaro a descripción de la plataforma fáctica, da cuenta de que Luque Lecaro habría abusado de su posición de poder, para manipular ternas vinculadas a la designación de directivos de empresas estatales, con el fin de obtener un control abusivo de las firmas, y contar con la maniobrabilidad irrestricta que le permitiera direccionar contratos, en beneficio económico de la organización criminal cuya existencia se afirma, y en perjuicio del estado ecuatoriano”, dijo la jueza en la sentencia a la que accedió Infobae.

Capuchetti explicó que “la naturaleza del delito por el cual se requiere la extradición de Luque Lecaro no es, en rigor, ni político ni militar, circunstancia que de configurarse excluiría la posibilidad de la extradición”, subrayó los los compromisos asumidos por la Argentina en materia de corrupción y delincuencia organizada transnacional, y aseguró que “las afirmaciones sobre la supuesta condición de perseguido político de Luque Lecaro en Ecuador se basan únicamente en conjeturas y opiniones subjetivas del requerido”.

Tras destacar que en “el proceso seguido al requerido a transcurrido por múltiples instancias”, incluida la Corte ecuatoriana, la jueza destacó que “la transversalidad de la acusación no alcanza solo distintos poderes institucionales del poder constituido ecuatoriano, sino también distintos gobiernos” y “si bien la investigación comenzó durante una administración –cuyo gobierno integró el aquí requerido-, luego de finalizado su mandato, el interés del estado ecuatoriano por juzgarlo, se ha mantenido incólume”.

“Es decir: lo que la defensa ha bautizado de ‘pivot’ se erige en realidad como la afirmación de que existiría una verdadera confabulación, o conspiración coordinada, entre poderes públicos, privados (y criminales), de distintas instancias y jerarquías, de diversas áreas de gobierno, y con variados colores políticos, todos orientados a acusar infundadamente a Luque Lecaro. Tal afirmación cae por su propio peso y por las constancias remitidas por el estado extranjero”, afirmó.

Sobre esa base, declaró procedente la extradición, aunque a la espera de que adquiera firmeza la decisión de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) dependiente del Ministerio del Interior. La defensa ya apeló la decisión para que sea revisada por la Corte Suprema de Justicia. Si el máximo tribunal respaldara su extradición, aun así la última palabra la tiene el Ejecutivo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pareció adelantar un criterio el día que anunció su detención en sus redes sociales. “Lo buscaba la Justicia por corrupción... Argentina no es más refugio de delincuentes”.