“El Estado asignaba recursos para garantizar la gratuidad de la transmisión de los partidos. Era una atribución del Poder Ejecutivo Nacional. Fue una decisión política no judiciable”. Con estas palabras, Jorge Capitanich, el ex jefe de Gabinete durante el kirchnerismo y uno de los imputados en la causa conocida como Fútbol para Todos, defendió el programa que llevó adelante el Gobierno de Cristina Kirchner y afirmó que el Estado y sus funcionarios no tienen ninguna responsabilidad penal. “La relación nuestra era con la AFA y no teníamos ninguna vinculación con los clubes”, resaltó.
“Para ser muy claro y este es un tema medular. Este contrato es asociativo. No implica de ningún modo subvención alguna ni subsidio. Lo que se adquirió fue un derecho, el derecho de trasmitir, para lo cual tenía que pagar. Y eso se hizo -afirmó Capitanich en medio del interrogatorio de la fiscalía ante el Tribunal Oral Federal 1-. Pretender asociar la responsabilidad de un funcionario con la transferencia hace imposible la administración del Estado”.
Según subrayó, “la relación nuestra era con la AFA; no teníamos ninguna vinculación con los clubes. Eso era una cuestión de AFA. Los clubes tienen que responder ante sus asociados y las IGJ respectivas”. Y en otro tramo de su exposición resaltó: “Ningún Jefe de Gabinete podía tener injerencia en la administración de la AFA” ni tampoco con los clubes.
El juicio comenzó el lunes pasado. Allí son investigadas 14 personas, entre ex funcionarios nacionales, dirigentes del futbol argentino y empresarios- por incumplimiento de los fines del contrato en el programa “Fútbol Para Todos”, dependiente de la entonces Jefatura de Gabinete, y por maniobras de desvíos de fondos del Estado Nacional a cuevas financieras, mediante maniobras que se habrían dado entre agosto de 2009 y diciembre de 2015.
En el caso se encuentran acusados los exjefes de gabinete Aníbal Fernández y Jorge Milton Capitanich; el excoordinador del programa, Gabriel Mariotto; los exdirectivos de la Asociación de Fútbol Argentino Luis Segura (expresidente), Miguel Ángel Silva (exsecretario general) y Rubén Manuel Raposo (exadministrador financiero); los exdirectivos de Futbolistas Argentinos Agremiados Carlos Alberto Pandolfi (extesosero), Raúl Pagano (exgerente financiero), Sergio Raúl Marchi (exsecretario general), Norberto Francisco Monteleone (exgerente general); el expresidente de la firma Iveco, Natale Antonio Rigano; y los directivos de las entidades crediticias Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Amigal Limitada y Grupo Climafin, Eduardo Fortunato Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Daniel Dávola. También se encontraban acusados los exdirectivos de la AFA Rafael Armando Savino y José Lemme, quienes fallecieron.
Los acusados llegaron a juicio por el delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública -Segura y Fernández en calidad de autores y el resto en calidad de partícipes necesarios-, a excepción de Capitanich, quien está imputado por el delito de violación de los deberes de funcionario público en calidad de autor.
Capitanich fue el primero en elegir declarar en indagatoria. El ex jefe de gabinete inició su declaración diciendo que es “es un honor poder participar en este debate público”. Luego hizo una introducción de sus funciones. “Es necesario explicar el funcionamiento del jefe de gabinete de ministros. Es muy importante establecer el sistema de control y lo que significa la participación del funcionamiento del Estado”, señaló.
Así, sostuvo que el cargo de jefe de gabinete “debe ser uno de los más complejos que existe en la administración pública” y que entre sus funciones tiene el presupuesto público nacional. “La administración del presupuesto público tiene cerca de 300 programas. En el caso de Fútbol para Todos he tenido la responsabilidad de continuar la ejecución de un programa ya iniciado. Se inicia por un contrato asociativo del 20 de agosto de 2009 y se establecieron las pautas correspondientes”, dijo Capitanich.
Respecto del programa, señaló que Fútbol para Todos tuvo una incidencia de “entre el 0.8 al 1,4 por ciento del total” del presupuesto. También señaló que los programas tienen controles. “El sistema público y la organización del Estado tiene precisas y claras instrucciones de las responsabilidades de cada funcionario y de los sistemas de control. Este programa ha tenido leyes de presupuesto que asignaron sus recursos, sistemas de auditorías internas de la SIGEN, de la AGN, de la cuenta general del ejercicio, de la intervención de la comisión revisora de cuentas”, expuso.
En ese marco Capitanich dijo que no hubo responsabilidades del Gobierno: “El estado contrata esos derechos y paga con lo cual su obligación se extingue con la transferencia correspondiente a la AFA”.
El fiscal Miguel Angel Osorio buscó detalles sobre el mecanismos de controles. Capitanich confirmó que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Jefatura de Gabinete intervino en todos los trámites. También se lo consultó sobre qué implicaba el termino saneamiento de los clubes. “Hay clubes que pueden tener mayor autonomía en los ingresos y otros que no. Existen fuentes de financiamientos dispares en función de cada club. No hay ningún vínculo que involucre este contrato con el saneamiento”, subrayó.
Otro de los puntos que remarcó Capitanich en el marco de su defensa, a partir del interrogatorio fiscal, apuntó al impacto del resultado de las auditorías externas, eje de la acusación. Capitanich subrayó que la Auditoría General de Nación intervino recién en 2014, cuando el Gobierno ya estaba terminando su gestión. “Los resultados del primer informe de la auditoria es extemporáneo, son recomendaciones... Cuando se presenta este reporte, era la última etapa de la gestión”, afirmó. Y cuando el fiscal le consultó que se había contestado, el ex funcionario reseñó: “alguna de estas observaciones eran una interpretación de carácter incorrecto del contrato asociativo”.
Según la acusación que llegó a juicio, el contrato asociativo entre la Jefatura de Gabinete de ministros de la Nación y la AFA tenía como objetivos asegurar el acceso libre y gratuito de los partidos por televisión abierta a la población y el fortalecimiento económico de los clubes. El requerimiento de elevación a juicio indicó que este último aspecto -tal como surgió de la investigación- no sólo no se verificó, sino que, por el contrario los respectivos pasivos de los clubes se incrementaron sustancialmente, sin que en ese marco siquiera se haya observado la cancelación de la deuda que mantenían con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La acusación remarcó que hubo incumplimiento relativo a cláusulas en las cuales la AFA se encontraba obligada a hacer auditorias en los clubes para fiscalizar el cumplimiento estatutario, por lo que las entidades deportivas debían, entre diversas acciones, llevar la contabilidad de cuentas patrimoniales de ingresos y egresos específicas para la actividad del fútbol profesional e invertir en obras de utilidad deportiva o cultural el remanente líquido que obtuvieran del fútbol, entre otros deberes.
La fiscalía señaló además maniobras fraudulentas de desvíos de fondos públicos mediante el cobro de cheques, a través de la AFA y mediante otras entidades. “Si bien la operatoria de descuento de cheques de pago diferido resulta legal, lo cierto es que se ha producido un desvío hacia las arcas de las mencionadas entidades de dinero, extremo que significó un daño al patrimonio público y, por otro lado, un escenario de fortalecimiento de las finanzas de sus empresas”, dice el Ministerio Público. Según la acusación, los pagos de la AFA a los clubes se hacían por montos cuyo total no ingresaba totalmente a las entidades deportivas, sino que había un descuento sobre ellos realizado por los acusados. La diferencia entre el monto emitido en la orden de pago y el recibido por los clubes fue destinada a entidades crediticias.