Extorsión y facturas truchas: se amplió la acusación contra el Polo Obrero, aparecen más sospechas y Belliboni cierra la lista de indagatorias

“Pateamos un hormiguero”, dice a Infobae uno de los hombres a cargo de la investigación que tiene en foco al Polo Obrero. Lo que arrancó como una denuncia por extorsión a beneficiarios de planes sociales por parte de la estructura piramidal derivó en una investigación sobre el mundo de las facturas truchas y el presunto lavado de dinero. Las nuevas pruebas llevaron al juez Sebastián Casanello a ampliar la acusación que se le leerá el martes a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero y apuntado por el Gobierno, cuando se siente en indagatoria, revelaron a Infobae fuentes del caso. Ese día, el magistrado cerrará la lista de declaraciones de imputados que vienen desfilando desde hace tres semanas por el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py 2002.

Hasta ahora, los imputados que aceptaron declarar explicaron que no se le negaba la comida a nadie. Los dirigentes más políticos aseguraron que los aportes de dinero eran voluntarios y que existe una persecución política por parte del Gobierno contra los movimientos sociales. Todos rechazaron los delitos por los que están imputados. La ronda de declaraciones finaliza el martes. A partir de ese momento, el juez tendrá que resolver si los procesa, los sobresee o les dicta la falta de mérito. El fiscal Gerardo Pollicita, en tanto, evalúa con más prueba los pasos a seguir, indicaron a Infobae las fuentes consultadas.

El foco de las nuevas pruebas está puesto en el desvío de dinero. Lo que está claro, en esta etapa, para los investigadores es que el ex Ministerio de Desarrollo Social le entregaba dinero al Polo Obrero y a la Cooperativa El Resplandor por convenios del Plan Potenciar Trabajo como unidades de gestión. Parte de ese dinero (unos 279 millones de pesos de un total de 360 millones) se rindieron en concepto de herramientas, ropa y cursos. Pero de ese dinero rendido, aparecieron nuevas sospechas.

Inicialmente, el juez detectó que se contrató a una firma llamada Costex SA y a la imprenta Rumbos, que pertenecería al propio partido. Costex, en cambio, fue el puntapié para abrir más hilos: la AFIP la declaró como una usina de facturas truchas. Fue fundada por por Luis Alexander Pichuaga y Mariana Vega. Ninguno de los dos tenían capacidad económica para ese emprendimiento. Cuando declararon, dijeron no saber de qué se les estaba hablando.

Sin embargo, los investigadores detectaron en las últimas horas conversaciones que revelarían que a las dos personas las mandaban autos para que fueran al banco a retirar chequeras o abrir cuentas y recibían un pago período por esos servicios. La pregunta sigue siendo quiénes estaban atrás de esas órdenes.

Aparecieron ademas facturas a Urban Graphics SA, Rizo Print SRL, Miniso Trade SRL y Carlos Osvaldo Monfrini, que prestado servicios alquilando handies. En estos movimientos, el Polo Obrero emitió cheques, pero esos cheques habrían terminado siendo acreditados en cuentas de Rumbos, con lo que se refuerza la sospecha de dibujar gastos para fondear actividades del partido.

Los profesionales que intervinieron en la inscripción de Costex y de otras tres sociedades también quedaron bajo la lupa: Recinsur SA, VSP Consulting SA y Ciriaco Shoes SRL. ¿Por qué? Todas fueron armadas por las mismas personas: el escribano Juan Bautista Derrasaga, que también apareció en una de las causas contra Lázaro Báez (M&P) y otra ligada a Ricardo Jaime; la gestora Gabriela Anahí Rivero y la abogada Lucia Agúndez, junto a Virgilio Vivarelli -quien tendría un rol más aliviado que el resto-.

La causa se inició a raíz de las denuncias que recibió el Ministerio de Seguridad el 20 de diciembre, en una de las primeras movilizaciones contra el Gobierno Nacional para que, anónimamente, las personas pudieran denunciar aprietes de las organizaciones sociales para participar de las movilizaciones.

Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar. La sospecha es que a personas vulnerables se les exigía dinero en concepto de “cápitas”, “cuotas”, “alquiler de comedor”, se las obligaba ir a marchas e incluso a votar por un candidato político en las útimas elecciones.

“Buenas noches compañeros. Estos son los que no van a retirar la mercadería de Nación porque tienen cero movilizaciones”, decía uno de los mensajes que emitió a un grupo de Whastapp Patricia Iramain, una de las delegadas imputadas en la causa, que forman parte de la acusación.

“Al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social”, dijo Pollicita.

Tras los primeros allanamientos, el juez ordenó una serie de medidas que incluyó la inhibición de bienes de los implicados. La causa entró en secreto de sumario para concretar más diligencias. Y una decena de personas se acercó para pedir protección. El 27 de mayo pasado, el juez resolvió llamar a los involucrados a indagatoria. Y reveló que, en los allanamientos, se detectó una manejo turbio de dinero con facturas truchas.

Según dijo el juez, al momento de llamar a indagatorias, “todas las personas que fueron escuchadas en su calidad de beneficiarias del Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Local –”Potenciar Trabajo”- (Resolución 121/20 del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) indicaron haber accedido al beneficio a través de organizaciones sociales, que actuaron como unidades de gestión. El rol de esas unidades era garantizar y hacer posible, a través de propuestas productivas, la inclusión social de aquellas personas en situación de vulnerabilidad social y económica. El directo del ingreso económico debía ser completado por el beneficio indirecto que ofrecía la unidad de gestión”.

Según destacó, “por esta tarea, la organización recibía fondos del Estado y asumía una serie de obligaciones de administración de aquellos intereses universales que le habían sido confiados. Los elementos probatorios reunidos por la fiscalía y el juzgado llevan a sospechar que, en los casos que aquí se investigan, el interés público fue desviado”. “Considero acreditado -con el grado requerido legalmente en esta etapa- que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa “Potenciar Trabajo””, afirmó