Jeremías Cantero, uno de los principales sospechosos en la causa que investiga si referentes de movimientos piqueteros extorsionaban y amenazaban a beneficiarios de planes sociales, se presentó en indagatoria ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita.
El motivo fue para rechazar las acusaciones y denunciar que se trata de una persecución del Gobierno a los movimientos sociales. Y justificó los pedidos de dinero para autofinanciarse. En su declaración se negó a contestar preguntas, indicaron a Infobae fuentes judiciales.
Al término de su exposición, el número 2 del Polo Obrero se dirigió a la puerta de los tribunales de Comodoro Py 2002 donde lo esperaban el lider de la agrupación, Eduardo Belliboni, citado a indagatoria para el próximo 25 de junio, y otros referentes de la izquierda, como el diputado Christian Castillo y el legislador porteño Gabriel Solano.
Fuentes de la defensa de Cantero agregaron a Infobae que explicó cómo es e trabajo del Polo Obrero, destacó que el gobierno de Alberto Fernández ya había quitado parte de la comida que se entregaba y que para repartir esos alimentos hay una serie de gastos como fletes, productos de limpieza, la compra de hornos o freezer.
Sobre la coacción, Cantero dijo que el aporte que se pide es voluntario para solventar todos esos gastos. También señaló que el Polo Obrero no puede dar de baja a planes sociales y que la política de la organización es defender que no haya bajas y que este año presentaron un amparo para personas que les retiraron el plan. Inclusive remarcó que muchas personas con planes se pasaron al Polo Obrero porque no tiene un manejo con los estilos de los punteros.
Sobre una mesa instalada en la calle, los referentes de esas agrupaciones dieron una conferencia no solo para repudiar esta causa sino también la represión que tuvo lugar el miércoles pasado durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado. Los acompañaba un estudiante que había sido detenido aquel día y ya fue excarcelado. “No solo es un proceso de persecución política sino que la represión continúa: hay un plan criminal antiobrero”, dijo Belliboni.
“No nos fugamos como los Pepín nuestros compañeros dan la cara y los vamos a defender”, dijo Belliboni al darle la palabra a Cantero. “Hoy me tocó declarar. No tenemos nada que ocultar. Venimos a explicar como nos organizamos. Porque los extorsionadores son los del Gobierno que le niegan la asistencia alimentaria”, afirmó. Habló de un control “colectivo” y que las asambleas discuten como se distribuye la asistencia, y subrayó que se tienen en cuenta a los más vulnerables y los jubilados.
“Se autofinancia por el aporte voluntario de sus integrantes. Si nos autofinanciamos, hay que bajar la persiana del comedor. Esto le fuimos a explicar a Casanello y al fiscal, que acá no hay delito”, subrayó. “Si fueramos extorsionadores, se hubieran ido de nuestra organización”.
La causa se inició a raíz de las denuncias que recibió el Ministerio de Seguridad el 20 de diciembre, en una de las primeras movilizaciiones contra el Gobierno Nacional para que, anónimamente, las personas pudieran denunciar aprietes de las organizaciones sociales para participar de las movilizaciones.
La hipótesis de la causa plantea que si a personas vulnerables se les exigía dinero en concepto de “cápitas”, “cuotas”, “alquiler de comedor”. El Gobierno entregaba comida a las organizaciones, pero la denuncia sostiene que había “cobros” por la entrega de alimento o la obligación de vender la comida por la zona, quedándose los acusados con la ganancia. Otra forma de recibir alimento estaba condicionada a la participación de movilizaciones de agrupaciones políticas y, en algún caso repartir, volantes de candidatos a comicios electorales del año pasado.
“Buenas noches compañeros. Estos son los que no van a retirar la mercadería de Nación porque tienen cero movilizaciones”, dice uno de los mensajes que emitió a un grupo de Whastapp Patricia Iramain, una de las delegadas imputadas en la causa.
En la causa no solo analizan la figura amenazas coactivas, extorsión y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La investigación apunta a determinar si pudo existir lavado de dinero. La preocupación quedó expuesta en un diálogo entre dos de los imputados, Elizabeth del Carmen Palma y Jeremías Cantero el 27 de marzo de 2024. Estaban hablando de las medidas anunciadas por el Gobierno nacional en relación a cooperativas constituidas durante los últimos cuatro años con funcionamiento irregular.
Cantero hizo su descargo y se negó a responder preguntas. La ronda de indagatorias que comenzó la semana pasada finalizará el próximo 25 de junio cuando le toque el turno a Belliboni, quien no estaba entre los imputados originales pero la investigación descubrió el uso de facturas truchas.
El juez Casanello inhibió los bienes de todos los involucrados. “Lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, afirmó Casanello y a eso le siguió la “exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquel programa de concurrir a movilizaciones político-partidarias (con banderas identificatorias), aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular -referenciado en el propio espacio político- en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal”.
“Todas las personas que fueron escuchadas en su calidad de beneficiarias del Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Local –”Potenciar Trabajo”- (Resolución 121/20 del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) indicaron haber accedido al beneficio a través de organizaciones sociales, que actuaron como unidades de gestión. El rol de esas unidades era garantizar y hacer posible, a través de propuestas productivas, la inclusión social de aquellas personas en situación de vulnerabilidad social y económica. El directo del ingreso económico debía ser completado por el beneficio indirecto que ofrecía la unidad de gestión”, remarcó el magistrado.
Belliboni apareció en el expediente tras los allanamientos. Allí se obtuvo documentación que daba cuenta que el dirigente era quien firmó con el entonces Ministerio de Desarrollo Social -hoy Capital Humano- los convenios para las unidades de gestión, a través de las cuales los beneficiarios de los planes cumplían tareas sociales, entre ellas en comedores de las agrupaciones.
Por esas unidades de gestión, las organizaciones recibían fondos públicos que tenían que rendir y, según la causa judicial, para eso el Polo Obrero utilizó facturas falsas que simulaban gastos que nunca se hicieron.
Casanello destacó que se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”. Y agregó que “se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado”.