El debate de los expertos que están elaborando el proyecto del nuevo Código Penal avanzó esta semana sobre la definición de las causales de legítima defensa y profundizó en la discusión sobre la responsabilidad de las personas jurídicas. También se abordó la justificación como el estado de necesidad justificante y el obrar en cumplimiento de un deber, indicaron fuentes judiciales.
En el cuarto encuentro que se desarrolló en el edificio de tribunales de Comodoro Py 2002, la comisión abordó diferentes cuestiones de la parte general del derecho penal. Luego de un intenso intercambio de ideas que duró hasta altas horas de la noche, sus integrantes aprobaron el texto de diversos preceptos que regulan la reparación del daño producido la comisión de un delito, la imputabilidad de las personas mayores de edad, errores de tipo y de prohibición, además de causas de justificación como el estado de necesidad justificante, el obrar en cumplimiento de un deber, ejercicio legítimo de un derecho, cargo o autoridad y la conocida legítima defensa.
En relación a la legítima defensa, se efectuaron diversas modificaciones en torno a las presunciones legales sobre la concurrencia de las circunstancias que fundan esta causa de justificación con particular tratamiento de la situación de los miembros de las fuerzas de seguridad pública o policiales en el desempeño de sus funciones reglamentarias. También fueron objeto de tratamiento otras cuestiones novedosas como la punibilidad en supuestos de imputabilidad disminuida y la responsabilidad penal en los casos de actuación en lugar de otro cuando no se reúnan las cualidades exigidas por el tipo penal.
Tales avances permiten dar base al anteproyecto de Código Penal que se procura elaborar en el menor tiempo posible, con el compromiso de modernizar y mejorar el marco legal vigente. Este es un nuevo paso fundamental hacia una reforma integral del Código Penal, respondiendo a las necesidades actuales de la sociedad y garantizando un sistema de justicia más eficiente y equitativo
Mariano Borinsky, camarista de la Casación Penal y vicepresidente de la Comisión encargada de elaborar el anteproyecto de Reforma del Código Penal, encabezó la reunión en la que se analizó el estudio del título VI de la Parte General de la nueva norma. El Pleno finalizó el análisis del título referido a la reparación de los perjuicios, perfeccionó la redacción del proyecto de 2019, para adecuarla al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, al sumar a las reparaciones al estado anterior de la cosa y dineraria, la reparación en especies. Toda modificación fue evaluada con el fin de dar como resultado un texto preciso que proporcione un marco de seguridad jurídica y no posibilite la revisión de sentencias anteriores basada en el principio de ley penal más benigna.
Los integrantes de la Comisión dedicaron gran parte del encuentro en la redacción de un texto jurídico que dé precisión y certeza a los límites de la punibilidad del personal de las fuerzas de seguridad públicas, policial y penitenciaria, en cumplimiento de su deber y en el uso de sus armas en forma reglamentaria. El anteproyecto no incluye referencias a la imputabilidad de los jóvenes, ya que los ministerios de Justicia y de Seguridad preparan un anteproyecto de ley referido al Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil. La Comisión de Reforma intenta mantener el articulado tradicional del código de fondo en los temas importantes, para facilitar la adopción del nuevo texto por los operadores del sistema.
El cuerpo está integrado por figuras del ámbito jurídico, de distintos orígenes y experiencias que buscan unificar en un cuerpo único el Código, las leyes especiales y todas las conductas delictivas sancionadas en la legislación penal argentina. En su ámbito integran el presidente de la Comisión, Jorge Buompadre, al juez y presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Hernán Borinsky; la jueza María Eugenia Capuchetti; los jueces Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez; los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena. La Comisión fue creada y ampliada por resoluciones 25/2024 del 28 de febrero de 2024 y 48/2024 del 13 de marzo de 2024, del Ministerio de Justicia de la Nación.
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